En el mes de junio de 2019, antes del estallido social, el último vestigio del conjunto de viviendas sociales Villa San Luis perdió su condición de monumento histórico, en una polémica decisión por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. La Villa San Luis fue intento emblemático por acercar a las clases populares al barrio alto de la ciudad a favor de que empleados y empleadores fueran vecinos, mejorando la convivencia y apuntando a disolver la distinción entre barrios de ricos y barrios para pobres. Lamentablemente y como muchas veces en la historia de Chile, se impuso la hegemonía de las clases sociales dominantes por sobre el bienestar general de la población. El proyecto de viviendas, ubicado en el corazón de Las Condes, fue una de los tantos barrios populares saqueados en dictadura por el Estado para reubicar a sus habitantes en nuevas periferias urbanas, lejos de la centralidad y cerca de la no-ciudad. Desde aquel entonces, ha costado avanzar en proyectos que verdaderamente logren generar integración socio-espacial e incluso regenerar el tejido ya fracturado.

Sin ir más lejos, el déficit de vivienda en Chile para 2019, era prácticamente el mismo que para 1998, alcanzando la escandalosa cifra de 497.615[1] familias sin hogar. El estallido social por la dignidad y contra la desigualdad exige que la prioridad de la sociedad sea revertir la injusticia que ha generado un sistema social impuesto a la fuerza y perpetuado por una democracia tutelada, donde la clase política se hizo dependiente de la clase empresarial y viceversa, abriendo la puerta a la perversión de lo público. Uno de los principales factores expuestos a dicha perversión es el suelo urbano, acaso principal elemento para la configuración de una ciudad segregada como Santiago.

En el Chile 2020, la segregación no es tolerable en el discurso, pero tampoco en las acciones. Se necesitan de ideas concretas para romper con la reproducción de una ciudad contrastada entre ricos y pobres, para al fin avanzar hacia la integración. El urbanismo represivo heredado de Pinochet ha sido eficaz en mantener a los hogares de altos ingresos confinados en el cono oriente de la capital (Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura), mientras que los hogares de menores ingresos se distribuyen en el resto de la ciudad. Para reducir la segregación, un 60,7%[2] de la población de Santiago debiera redistribuirse para avanzar hacia una ciudad más igualitaria y dada la calidad urbana del cono oriente, localizar esa población en ese sector sería mucho más efectivo para estos fines. Es decir, retomar las ideas planteadas en la utopía de la villa San Luis sería uno de los tantos caminos posibles hacia paliar la segregación. Si bien los paños originales de la Villa San Luis hoy están ocupados por empresas en lo que se conoce como Nueva Las Condes, aún existe amplia disponibilidad de suelo libre en espacios que son exclusivamente usados por la elite: los campos de golf.

Proponemos reubicar los campos de golf cercanos al peri-centro oriente de la ciudad, urbanizar sus terrenos y generar vivienda pública bien localizada con programas de integración social, nuevos colegios públicos y centros de salud. Solo considerando los terrenos del Club de Golf Los Leones (Kennedy con Vespucio) y del Prince of Wales Country Club (Bilbao con Vespucio), se tendrían 124,46 hectáreas de suelo muy bien localizado, que hoy no paga contribuciones, donde podrían construirse cerca de 43.868 viviendas de 52 m2, para cerca de 140.000 habitantes, los cuales representan casi el 16% del déficit habitacional de la Región Metropolitana. Esto se podría integrar a un plan maestro de intervención intercomunal que cuente con un circuito de parques coronado por el Parque Bicentenario en Vitacura y el Intercomunal en Las Condes, conectados ambos conjuntos por el eje estructurante de Av. Américo Vespucio. Por otro lado, este proceso reactivaría la economía de la ciudad de Santiago, reduciría el desempleo y avanzaría directamente hacia generar espacios de integración social. Además, generaría espacios habitacionales asequibles cerca de fuentes de trabajo, reduciendo los traslados y ampliando el acceso a mayor calidad de vida de sectores sociales postergados. 

En un modelo de asociación público-privada, incluso, la propiedad sobre el suelo podría quedar en poder de los actuales clubes, aplicando una concesión de uso de superficie, donde el Estado le paga un arriendo por el suelo a los privados, pero la vivienda que construya sobre estos suelos queda en poder del Estado por un cierto período de tiempo (100 años, por ejemplo). Se podría utilizar la modalidad de vivienda pública, es decir, no se entrega en propiedad a los habitantes sino se arrienda para su uso por parte de hogares de menores ingresos, a un precio justo, que serviría para pagar el arriendo del suelo. Así mismo, resulta una solución más flexible ante la variación del tamaño de los hogares. Considerando que estas viviendas no serían destinadas únicamente a hogares de bajos ingresos, buscando universalidad en la política pública, con el pasar del tiempo los excedentes obtenidos por el proyecto podrían servir para generar nuevos proyectos de este tipo en otros lugares de buena localización en la misma ciudad de Santiago u otras. 

Esta propuesta busca abrir un debate sobre integración social urbana. Si bien existen otros mecanismos que también se deben desarrollar para reducir la segregación (como sub-centros urbanos y corazones de barrios), no tiene mucho sentido que una ciudad segregada como Santiago se dé el lujo de destinar más de 120 hectáreas en un deporte de elite que podría localizarse en otro lugar de la ciudad. Es hora de romper con el urbanismo represivo de Pinochet y avanzar, de una vez por todas, hacia un urbanismo democrático. 

[1] Estimaciones del Déficit habitacional cuantitativo a partir de los resultados de la Encuesta CASEN 2017

[2] Según Índice de Duncan, a partir de datos del CENSO 2017 para la población urbana de la provincia de Santiago, segmentando por niveles de concentración de jefes de hogares con postgrados.