Los violadores de derechos humanos que gobiernan, o tratan de gobernar este país, los acusados por la ONU, los investigados por la Corte Interamericana, los que tienen el miserable seis por ciento de apoyo, sin contar el margen de error, saben que no tienen piso social para gobernar a su antojo, para imponer agendas, pero aún así actúan como si fuéramos los súbditos silenciosos de su reino dorado, presentando políticas represivas, avanzando peligrosamente hacia el autoritarismo, afirmando su poder en puras ideas agresivas y botas en las calles.

Pero ¿por qué lo hacen?, ¿quién les entrega ese poder? Por el bien del país, dicen los opositores subyugados al seis por ciento, que entregan sus votos para seguir dando vida, aire y vigor a un gobierno que camina entre sus propias ruinas vergonzantes, un gobierno que no tiene validación en el pueblo para llegar al final de su período. Es el sino de la democracia chilena: el acuerdo tácito, a veces expreso, de una casta que se cree dueña del poder que corresponde al pueblo, y que está dispuesta a salvar del naufragio a sus adversarios gobernantes, a cualquier precio, para así mantenerse ellos también sobre la plataforma de poder a la que llegaron juntos. El poder que los mantiene privilegiados y que no quieren soltar, aunque los volteen en las plazas; aunque el mayor estallido social que recuerde Chile les exija que se vayan.

Los opositores, los votos DC, PPD, radicales, y otros tantos locos sueltos, son los votos que permiten que hoy tengamos ley antiencapuchados, ley antibarricadas, anti el que baila pasa; son los votos que permiten que avance el proyecto que dará chipe libre a la salida de militares a la calle para proteger la infraestructura crítica, son los votos que permiten que el gobierno se ilusione y ya hable de una nueva ley que restrinja el derecho a reunión. Todo eso el gobierno del seis por ciento, el gobierno sin el apoyo de su propio sector más duro, el gobierno inválido, lo ha logrado gracias al oxígeno que le entregan sus superhéroes de la oposición, sus socios de casta, sus compañeros de poder que prefieren salvar a un gobierno violador sistemático de derechos humanos, en su búsqueda de endurecer la mano, en lugar de ponerse en el lado de un país casi absoluto que rechaza la administración del fracaso, de la pesadilla, como dijo el New York Times.

Hoy la continuidad de Piñera en el gobierno, con un seis por ciento de aprobación que seguirá bajando, es un peligro público. Porque su única forma de aspirar a un poder validado, como ha mostrado, es ampararse en un aumento de autoritarismo, en rupturas de lógicas democráticas de manifestación y protesta. Por todo ello es que resulta tan descabellada, grosera y agresiva, pero no incompresible, el respaldo de una parte de la oposición que lo mantiene de pie, mientras la justicia está lejos de calmar a quienes han perdido ojos y han sufrido la masacre de sus cráneos. Cómo puede ser posible que quienes fueron elegidos por estar en el bando contrario de Piñera hoy sean quienes banquen su ruta ilegítima a aferrarse a un poder que ya no le pertenece.