El 20 de diciembre del año pasado la Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible un recurso de protección presentado contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en relación a supuestos incumplimientos de la Ley del Sida (19.779) en la campaña preventiva que fue lanzada el 2 de diciembre del 2019.

Dichos incumplimientos se refieren particularmente a la no inclusión de organizaciones sociales en la elaboración de dicha campaña, y a que la campaña "no incluye ni se enfoca en la prevención en poblaciones que ONUSIDA señala como prioritarias, no recogiendo entonces, la realidad epidemiológica nacional e internacional”, según estableció el recurso presentado en aquella ocasión.

Ante esto, el Minsal respondió a la corte "solicitando desde ya el íntegro y total rechazo" (del recurso de protección) que, "no se encuentra obligado a convocar a las organizaciones sociales para esos últimos fines, como equivocadamente lo sostiene el actor".

Una postura que desde la Corporación Chilena de Prevención del SIDA (ACCIONGAY), denunciaron como "realmente grave" y un "retroceso en materia de participación".

Fue el propio director de la institución surgida en 1987, Marco Becerra, quien criticó que "lo que está diciendo el ministerio es realmente grave, es no entender el contexto político actual en el cual la ciudadanía está solicitando y está exigiendo otras formas de participación, otro trato, otro acuerdo social respecto de cómo se instalan las políticas públicas".

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En esa línea, Becerra lamentó que durante este gobierno "en VIH/SIDA lo único que hay es retroceso en materia de participación, este gobierno como el gobierno número uno de Piñera siguen ninguneando a las organizaciones, negando el aporte que hacemos, (por lo que) no nos extraña esta reacción".

Asimismo, Becerra destacó que esta "es una exigencia histórica de Naciones Unidas, de ONUSIDA, de todas las convenciones internacionales, y resulta que hoy no importa y el gobierno no está obligado, cuando esto fue una materia que fue arduamente discutida durante 24 años".

"Nos parece impresentable, esta cuestión ya no resiste", sentenció Becerra.

En tanto, el activista Víctor Hugo Robles, conocido como “el Che de los gays”, sostuvo que como recurrente en la causa, le parece bastante grave que "ellos defiendan que no exista participación incidente y comunitaria en las políticas públicas de salud y en las campañas de VIH".

Al igual que el director de Acciongay, Robles compartió el diagnóstico y criticó que "en tiempos de participación ciudadana, de estallido social, donde el mundo social exige mayor participación, las autoridades de salud, las autoridades de gobierno, no estén a la altura de los acontecimientos y sigan defendiendo lo indefendible". Añade, que el gobierno con esta respuesta desconoce la campaña mundial de ONU/SIDA en donde el mensaje clave fue que" las comunidades marcan la diferencia". Aquí en Chile, queda claro que para el gobierno no marcamos la diferencia".

Valeria Stuardo, Académica y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, reafirma que "las campañas preventivas deben tener participación comunitaria como estrategia preventiva y las organizaciones sociales deben ser parte de la formulación e implementación de la política pública, pero no solamente porque lo diga la ley, sino porque esta absolutamente estudiado que las comunidades son las que tienen el acceso directo a las poblaciones claves que es donde deberían llegar este tipo de campañas".