Mientras se discutía la ley para lograr la paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas en el Congreso, el diputado radical Cosme Mellado ingresó una indicación para que al menos el 10% de los candidatos y candidatas en las listas que se presenten a una eventual convención constituyente, sean personas en situación de discapacidad. La indicación fue aprobada y sigue su tramitación.

El tema no es menor: casi un 20% de la población del país se encuentra con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a cerca de 3 millones de personas. Esto incluye a quienes tienen impedimentos tanto físicos como sensoriales o cognitivos, los que tienen que vivir día a día en espacios públicos y edificios que no fueron diseñados pensando en ellos, sin las garantías de que podrán acceder a todos los lugares.

En medio de un proceso constituyente como el que está viviendo el país, son muchas las voces que han salido a reclamar que exista una protección al menos garantizada en la nueva carta fundamental. Pablo Marshall, académico de la Facultad de Derecho de Universidad Austral de Chile, ha hecho de la regulación jurídica de las personas con discapacidad su línea de investigación.

“No se le ha dado la importancia que uno esperaría en consideración del gran número de personas que están en condición de discapacidad. Y la gran relevancia que estas temáticas han sostenido últimamente en el mundo”, explica.

María José Escudero, vocera y confundadora de la Fundación Ronda,  está de acuerdo con este diagnóstico. Cree que los espacios de discusión “han sido pocos e insuficientes y los que han existido dejan gente fuera por la falta de accesibilidad universal —explicó a El Desconcierto—. Nosotros hemos logrado realizar cabildos para personas con discapacidad, cuidadores y sus redes de apoyo, ya que creemos que debemos entender cuáles son las reales demandas y necesidades de esta comunidad”.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad (Asoffon) dio a conocer un petitorio elaborado en conjunto de distintas agrupaciones, colectivos y fundaciones dedicadas al tema. Dentro de puntos centrales del escrito está el reconocimiento constitucional de estas personas, la creación de un nuevo ministerio, transporte gratuito y accesible en todo el país, y una ley que asegure los derechos laborales de los cuidadores.

Otra de las demandas es que se respete la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que establece normas para la igualdad de oportunidades que en la práctica no se cumplen, según acusan desde Ronda. El tratado internacional fue ratificado por Chile hace más de diez años y establece, entre otras cosas, un derecho a consulta de las personas con discapacidad en los asuntos que los afectan.

Una forma de asegurar que esta normativa internacional sea respetada en el futuro, según Marshall, es la de "una cláusula robusta (en la nueva Constitución) de reenvío al derecho internacional que haga la convención directamente aplicable en Chile". Esto es algo que otras constituciones han hecho y evitaría, en opinión del académico, la ambigüedad del estatus jurídico de los tratados internacionales en el país.

Escaños reservados

La existencia de cuotas en las listas que se presenten en las próxima elección para el órgano constituyente posibilita la visibilización de las personas con discapacidad, sin embargo, para Marshall hay que “mirar esa regla con suspicacia; primero, porque se queda corta en el número; y segundo, porque no garantiza que ni uno solo vaya a llegar a la convención constituyente”.

Es decir, la cuota del 10% de participación electoral solo asegura que se presenten personas con discapacidad en las listas, pero podría pasar que ninguno salga elegido. Ema Molina, Roberto Mora y Jorge Vidal, de la Asoffon, aseguran a El Desconcierto que es necesario que haya escaños reservados: “De acuerdo con los espacios de conversación propio de las agrupaciones de discapacidad, se propone una representación cercana al 20% según los datos entregados por el Estudio Nacional de la Discapacidad.  Y que de esta forma, la asamblea constituyente sea un real reflejo de la composición de nuestra sociedad”.

En esta misma línea, Escudero, de Fundación Ronda, cree que “es necesario que existan escaños reservados para ellos y ellas, tanto como debe ser también para otras comunidades con barreras de acceso, como pueblos originarios, personas mayores y, por supuesto, que esté creada desde la paridad de género”.

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Sin embargo, no todos opinan que esta es la mejor fórmula para lograr una buena representación. “No logro ver cuáles serían las consecuencias de asegurar escaños reservados, porque lo más probable sería que esas cuotas serían ocupadas por personas muy vinculadas a los partidos”, explica Marshall. Y agrega que los candidatos tendrían “discapacidades no demasiado inhabilitantes y cuya sintonía no está con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sino con la defensa de los intereses propios de los partidos”.

"Creo que no hay un discurso político de reivindicación de derechos, de inclusión, de accesibilidad en Chile del todo articulado, no estoy tan seguro de la eficacia que tendrían los escaños reservados. Son más dudas que negativas", concluye el abogado.

Desde la Asoffon no estarían de acuerdo con este análisis: "Las agrupaciones de las personas con discapacidad se han organizado de muy buena forma y han generado espacios autogestionados como cabildos y asambleas", contraponen. Además, señalan que "han logrado posicionar sus demandas y construir un petitorio común".

La situación actual

Si bien la opinión generalizada es que en los últimos años sí se ha avanzado en materia de derechos para las personas con discapacidad, Marshall cree que “quedan cosas por hacer. En general, la sociedad chilena no ha estado demasiado permeada por el discurso de la discapacidad y no ha tomado medidas para hacer la ciudad o los edificios públicos más accesibles”.

La aplicación de la Ley de Inclusión Laboral ha sido valorada positivamente por la comunidad: La ley obliga a las empresas y servicios públicos que tengan más de 100 trabajadores a que el 1% de ellos sea una personas en situación de discapacidad. Aunque Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, alerta que "solo el 31% de las empresas con una población de colaboradores mayor a 100 ha contratado personas con discapacidad".

Las demás organizaciones han dado cumplimiento a través de otros mecanismos que permite la misma ley, como la contratación de servicios con proveedores inclusivos, o la donación a proyectos sociales que sean ejecutados a organizaciones que trabajen temas de discapacidad. La situación crea un escenario en el que no se cumple necesariamente la inclusión directa al mundo laboral.

Según la Red de Empresas Inclusivas (ReI), perteneciente a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en su cuenta anual señalaron que cerca de un tercio de las empresas asociadas no cumplen con esta nueva normativa. Además, indicaron que una gran mayoría de los empleadores cree que la principal barrera es la falta de trabajadores calificados para los cargos disponibles.

Sobre esto, Rubia cree que esto no tiene como causa directa y única la situación de discapacidad de las personas, sino que apunta a las barreras existentes en el sistema educativo: "Se debe brindar un entorno que favorezca el aprendizaje en condiciones de igualdad; el Estado debe garantizar el acceso, permanencia y egreso en un sistema educativo inclusivo. No existe una oferta programática para sus intereses profesionales en institutos técnicos o en las universidades".

La opinión de los expertos y las agrupación es escuchar la voz de las personas con discapacidad en este debate constitucional, sobre todo porque el número de estas podría aumentar en la medida que la población envejece, como está ocurriendo actualmente, ya que hay inhabilidades cuyo origen es, precisamente, el paso del tiempo.