Un grupo de organizaciones que congregan a distintos residentes de la Plaza Baquedano, renombrada "Plaza de la Dignidad" e identificada como la "Zona Cero" del estallido social, hicieron pública este miércoles una carta en la que rechazan y deslegitiman las declaraciones hechas por Giselle Dussaubat y José Monsalve -ambos identificados como vecinos del sector de San Borja, de Santiago Centro-, en el contexto de la preparación para la acusación constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

La misiva sentencia de buenas a primeras que "en ningún caso son representativos de nuestra postura ni de la experiencia acumulada durante los últimos meses". Refuerzan, como también lo hicieron los propios residentes de San Borja, que ni Dussaubat ni Monsalve "no forman parte de ninguna de las instancias vecinales de nuestra unidad territorial ni efectuaron consulta alguna con el fin de legitimar el discurso presentado".

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Luego de explicado el vínculo, los firmantes señalan que la estrategia de "copamiento policial" ha derivado en "una escalada violencia, cuyos mecanismos disuasivos han ejercido un impacto negativo sobre la salud física, bienestar mental, vida cotidiana y entramado social de nuestros barrios". Prosigue, en esa línea, que "las acciones y decisiones deliberadas del intendente han atentado contra derechos fundamentales, como la salud y la reunión, que están amparados por la Constitución aún vigente, y en los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile".

Reforzando la idea anterior, identifican que "el mayor daño hecho a nuestras comunidades ha sido causado por el uso indiscriminado, desprotocolizado y frecuente de gases lacrimógenos, balines y agua con compuestos químicos destinados a aquietar la manifestación ciudadana".

Finalmente, cuenta que de toda la situación, les "preocupa que personas autodenominadas representantes tengan cabida en un debate cuyas consecuencias son de alcance nacional y revisten suma y directa relevancia para nuestras comunidades. En este sentido, y ejerciendo el espíritu democrático que, queremos creer, persiste en las decisiones de nuestros representantes políticos, hacemos un llamado a integrar en la discusión parlamentaria a quienes efectivamente trabajan por el bienestar y organización de los territorios, independientemente de su militancia y afiliación políticas".