La Contraloría Regional de La Araucanía decidió investigar las prácticas de donaciones de órganos luego del caso de Joaquín Bustos, ocurrido en julio de 2019, en el que sus órganos donados no pudieron trasformarse en trasplantes por irregularidades del sistema.

El organismo determinó que algunos recintos de salud de la zona no aplicaron los protocolos correspondientes en un total de 79 casos de posibles donantes. El informe además delató falta de coordinación entre los hospitales y las respectivas unidades de procuramiento local.

Una parte del protocolo para saber si una persona está en condición de hacer donación de sus órganos, es la aplicación del test Glasgow 3, que mide el nivel de conciencia.

Según el informe emitido por Contraloría, en 11 casos registrados, no se acreditó que los médicos o los centros de salud realizaron el examen para descartar o aceptar un donante. A esto se agregó que el organismo fiscalizador, comprobó que tres pacientes, fallecidos por criterio neurológico, no contaron con la evaluación antes mencionada.

?A propósito de caso de Joaquín Bustos, realizamos investigaciones en Serv. de Salud de La Araucanía, detectando falencias en procesos y protocolos de donación de órganos en 79 casos.
?Instruimos sumarios por los casos?

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— Contraloría (@Contraloriacl) January 14, 2020

En el Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), de los 41 casos ya mencionados, dos pacientes fallecidos no fueron sometidos al protocolo de certificación de muerte encefálica. Los otros 39 se trató de pacientes que fallecieron en seis establecimientos dependientes, donde se acreditó la falta de coordinación con hospitales generadores como la violación al protocolo, según señala el sitio web de Contraloría.

El marco en que se desarrollaron estos errores fue resaltado por el órgano fiscalizador, pues aseguraron que si se hubieran seguido los protocolos, la brecha de las 1973 personas que esperaban un trasplante, la cifra de los 176 que se realizaron con éxito podría haber aumentado.

Finalmente, los centros de salud que no hayan respetado los protocolos deberán abrir sumarios por responsabilidades administrativas hasta el 29 de enero, por mandato de la Contraloría.