Este martes por la mañana, representantes del Frente Amplio presentaron una querella criminal por delitos de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick; el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el Intendente metropolitano, Felipe Guevara y el general director de Carabineros, Mario Rozas.

Al respecto, la ex candidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez, condenó duramente las vulneraciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019. "Seguimos los caminos institucionales en el Congreso, pero parece que hay que seguir escalando en el camino, porque responsables no hay. Vamos a seguir persiguiendo las responsabilidades políticas y penales, ya sea en corte nacionales o internacionales", señaló la periodista.

"Es por eso que venimos a presentar como FA esta querella por violaciones a los Derechos Humanos en Chile, porque no puede ser que si estamos en una democracia, no haya garantias para las personas que quieran manifestarse", agregó la vocera del bloque.

Por su parte, la presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro, señaló que "en estos últimos meses hemos visto el resultado de una herencia muy triste que tenemos en Chile: las violaciones a los DD.HH que vivimos en la dictadura lamentablemente no tuvieron total justicia y total verdad, y eso hoy redunda en que cuando la sociedad se moviliza muy rápidamente vuelven estas prácticas represivas como formas de acallar al pueblo".

Desde Revolución Democrática, la presidenta del partido, Catalina Pérez, hizo hincapié en que ahora serán "los tribunales de justicia los que tienen la función de determinar las responsbilidades" en estas vulneraciones. "Hoy tenemos el deber de asegurar que estas situaciones no vuelvan a producirse en el país", acotó la diputada.

En tanto, el abogado de RD, Matías Silva, comentó que "el Estado de derecho implica responsabilidades y quien tiene a su cargo el ministerio del Interior y Carabineros, es el Presidente de la República".

"(El mandatario) puede tener un grado de cómplice o encubridor en la comisión de estos delitos, incluso más. En el sentido de que el inmovilismo del presidente, su insenbilidad, frente a estos graves delitos implica un grado de responsabilidad", añadió el jurista.