El fallido rol que jugó la ministra del Medioambiente, Carolina Schmidt, en las negociaciones de la COP25 en diciembre pasado, fue el hecho que detonó las críticas contra su gestión y que la oposición encauzó en la interpelación que se llevará a cabo este martes, en la Cámara de Diputados.

En el interrogatorio, que estará a cargo del diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, Schmidt tendrá que rendir cuentas por alrededor de diez materias de la cartera. Sin embargo, el foco estará puesto fundamentalmente en su cuestionado liderazgo en la cumbre antes mencionada y en la aplicación de políticas públicas que, a juicio de los parlamentarios de oposición y de organizaciones medioambientalistas, han sido ineficientes.

Respecto del primer punto, el objetivo primordial de la cumbre internacional era llegar a acuerdos para que las grandes potencias del mundo comenzaran a bajar sus emisiones de gases invernaderos. Sin embargo, las potencias responsables de más del 50% de las emisiones a nivel global se restaron de la alianza. Esto llevó a que las delegaciones de otros países aseguraran que los esfuerzos fueron insuficientes por parte de la presidencia del evento, a cargo de Schmidt.

“Era necesario que ahí se pudiera consolidar el acuerdo de París y vamos a perder un año en materia de cambio climático. Eso es un desastre”, subraya González. A esto agrega que existió irresponsabilidad en conducir las negociaciones, sobre todo por temas logísticos, que no permitieron viabilizar los acuerdos: "Que el encuentro se haya demorado dos días más; que hayan hecho conferencias en español cuando el idioma oficial es el inglés; que se hayan venido antes algunos miembros de la organización", apunta.

La abogada de la Defensoría Ambiental, Cristina Lux, quien participó del encuentro en Madrid, destaca que hubo una incapacidad en negociar por faltas de competencias, lo que quedó demostrado desde el primer día. "Todo el mundo sabía que había grandes dificultades, como negociar con Arabia Saudita, Brasil, Estados Unidos. Entonces, no es una novedad de llegar a una instancia de negociación internacional y encontrarte con que la negociación era difícil. Eso no es una excusa aceptable por ningún motivo (…) Por otro lado, se podía observar en la gestión de la COP que quienes tenían mayor representación y visibilidad eran las industrias de los combustibles fósiles, no solo a nivel internacional, lo que escapa un poco del alcance que podía gestionar Chile", indica Lux.

El segundo tema que abordará la interpelación tendrá relación con políticas públicas, en particular, sobre la descarbonización, la crisis del agua y al tratado de Escazú.

“Quisiéramos que el gobierno entienda que no puede dejar en manos de privados la descarbonización (…) El cierre de las termoeléctricas a carbón tiene que ser una política de Estado. También, el agua es un bien público, hay un derecho al agua y somos el único país del mundo que está enfrentando la crisis climática con el agua privatizada”, señala el diputado interpelador González.

Sobre los temas que complicarán en mayor medida a Schmidt durante esta jornada, el abogado y director Ejecutivo de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Ezio Costa, hace hincapié en las materias de la alta sensibilidad social a las que cree que el gobierno no ha dado respuesta adecuada: la regulación y escasez del agua, las zonas de sacrificio, la no firma del Acuerdo de Escazú, entre otros. “Será muy interesante ver cuál es la respuesta que ella tiene para la percepción internacional de que Chile lo hizo muy mal como presidencia", observa el jurista.

Asimismo, las organizaciones destacan que la tramitación de la Ley de Glaciares ha sido débil por los intereses empresariales que estarían incidiendo, como el Consejo Minero, algo que causó gran polémica durante el año pasado.

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Desamparo en las zonas de sacrificio

Otro punto relevante y que ha mostrado los episodios más críticos durante este gobierno, ha sido la contaminación en las denominadas “zonas de sacrificio”, como Quintero-Puchuncaví, Coronel, Huasco y Mejillones.

“Esta regulación es iniciativa exclusiva del Presidente de la República”, advierte el diputado e integrante de la comisión de Medioambiente de la Cámara, Diego Ibáñez. Y añade: “Se ha demostrado la falta de un presupuesto destinado a crear normas de calidad al estándar de la Organización Mundial de la Salud”.

Un antecedente que confirmó la gravedad de la situación fue el fallo de la Corte Suprema, en junio pasado, que obligó al gobierno a tomar una serie de medidas urgentes para terminar con la excesiva contaminación en la bahía de las comunas de Quintero-Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Pese a esto, la integrante de la organización Mujeres en la Zona de Sacrificio, Katta Alonso, asegura que, en concreto, lo único que se ha visto es la instalación de purificadores de aires en las escuelas y la alerta de gestión de episodios críticos (GEC).

“Esto es una vergüenza. El GEC obliga a las empresas a bajar sus emisiones. Pero en 2019, de 365 días tuvimos 360 con GEC. O sea, sin GEC no podríamos vivir. Estaríamos envenenados. A pesar de eso, el aire está realmente malo y eso significa que los suelos siguen contaminándose. Lo más grave es el varamiento de carbón. Es terrible porque la gente se baña (en las playas) cuando debería estar clausurado por la cantidad de metales pesados. Entonces, es una irresponsabilidad mayor la violencia que el Estado ejerce día a día contra nosotros hace tantos años”, expresa a El Desconcierto.

Esta desregulación ha provocado la vulneración del derecho fundamental de las personas de vivir en un ambiente libre de contaminación, además de impactar a cientos de niños y niñas que fueron hospitalizados por las intoxicaciones masivas durante los últimos años.