No hace más de 6 días el gobierno sacaba adelante su campaña “Cuidemos el agua” a propósito de la tremenda crisis hídrica que se vive en nuestro territorio y de los efectos que ha tenido (y que seguirá teniendo) el avance de la mega-sequía en nuestro país. Mediante su campaña, el gobierno de Sebastián Piñera intenta poner énfasis en el uso doméstico de nuestras aguas y en la necesidad de generar un cambio en nuestros propios hábitos de consumo.

Pero además de estar mal enfocada, esta campaña no dice nada nuevo. Desde hace ya bastante tiempo sabíamos que Chile sería uno de los 10 países más afectados por el cambio climático y tan solo algunos días antes de la Cop 25, un informe de la Universidad de Chile nos advertía acerca de los avances e impactos que iba a tener la mega-sequía en nuestro territorio y de los “serios problemas derivados de la extracción, algunas veces ilegal, de volúmenes de agua que afectan el nivel de los acuíferos” y, pese a que sabíamos -producto del mismo informe- que el agua que en Chile se destina al consumo humano no es superior al 8%, ya éramos miles las chilenas y chilenos que intentábamos ocupar de la manera más eficiente y sustentable posible nuestras aguas para contribuir en la lucha contra la emergencia climática.

Pero no podemos esperar que el uso eficiente de ese 8% de agua resuelva los problemas de la sequía en nuestro territorio, ni mucho menos aún, incentivar a cambiar los hábitos de las más de 400.000 personas que hoy dependen de camiones aljibes para ser abastecidas porque el agua que a ellos les correspondía hoy las utiliza un palto que se riega para la exportación. Todo esto pareciera ser una deliberada campaña para desviar el foco de atención del verdadero problema: nuestra agua tiene dueños.

Hoy Chile es el único país del mundo que tiene privatizado un bien tan esencial para el desarrollo de la vida como lo es el agua. En la práctica esto no solo ha significado la devastación de suelos completos para la siembra de árboles frutales en zonas que no son aptas para cultivo, sino también la violación sistemática del derecho humano al agua en comunas como Petorca, no tanto por falta de la misma, sino más bien por la mala distribución de ella, priorizando al consumo industrial y del agro-negocio por sobre el consumo humano.

Es por esto que durante la jornada de este martes se discutió en el Senado la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que permitiera consagrar al agua como un recurso de dominio y uso público; estableciendo que las concesiones a los particulares sean siempre temporales y por fines específicos (abriendo la posibilidad de que estén sujetas al pago de patentes o tasas) además de priorizar los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales, mantener un caudal ecológico y contemplar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

Sin embargo, el texto que claramente iba a ser un avance en la recuperación democrática del agua para nuestros territorios, no pudo seguir avanzando. Este martes, 12 senadores de UDI y RN lograron frenar el proyecto que otros 24 senadores y senadoras apoyaban. Y es que pareciera ser que, para nuestra actual Constitución, 24 son más que 12. Según nuestra carta fundamental, todo intento por modificar un artículo de este estilo requiere de un quórum de ⅔, casi imposible de alcanzar y basta con la mitad de una mayoría (como lo fue en este caso) para frenar cualquier cambio que atente contra el interés empresarial e intente supeditarlo al interés ciudadano.

Es una vergüenza que los Senadores no hayan sabido estar a la altura de la emergencia climática y en cambio hayan decidido seguir manteniendo las cosas como están, esto es, con una crisis hídrica sin igual.

Hoy, tras tres meses de movilizaciones y en medio de una tremenda crisis climática y ecológica, es increíble ver cómo el gobierno de Sebastián Piñera y los miembros del oficialismo se las siguen arreglando para hacer parecer como que están tomando acciones concretas, cuando en los hechos, no están haciendo nada.

La falta de conciencia ambiental, de la que tanto habla este gobierno, no se haya en la ciudadanía misma sino más bien en el propio gobierno y en los políticos que repiten ese discurso. La ciudadanía, los chilenos y chilenas, hoy hemos despertado ante la emergencia climática y en consecuencia hemos salido a las calles para manifestarnos frente a nuestras autoridades porque entendemos las consecuencias que podría generar la inacción política en el corto plazo, pero pese a ello los mismos de siempre siguen sin escucharnos.

Los políticos que hoy día nos representan y toman las decisiones por nosotros, parecen seguir dormidos. Ellos continúan con sus negocios, con sus especulaciones en torno al mercado del agua, aferrados a su irresponsable, absurda e insensata idea de que es posible sostener un crecimiento económico infinito, cuando sabemos que nuestro planeta tiene recursos finitos.

¿Cómo se puede entender que las decisiones cruciales para nuestro país y nuestra permanencia en el planeta tierra sigan estando en manos de esos mismos que parecieran no entender que la urgencia de un cambio radical ahora a favor del clima es imprescindible? ¿Hasta cuándo permitiremos que los intereses de unos pocos estén por sobre el bienestar, la dignidad y la salud de muchos?

Chile cambió y la gente ya no es la misma de antes. Hoy somos millones los que abrimos los ojos y despertamos ante esta emergencia, ante este modelo que profundiza la desigualdad, negocia con nuestra dignidad y vende nuestro futuro. El cambio viene, les guste o no, y tendrán que adecuarse a ello. Es momento de alzar la voz y de exigir nuestros derechos, derogar el código de aguas para que un palto no tenga más derecho al agua que tú y cambiar nuestra Constitución para que nunca más, 24 sea menos que 12.