Desde 2006, en la denominada "Revolución Pingüina", los secundarios asumieron como bandera de lucha terminar con la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Pese a eso, hasta ahora los cambios han pasado por modificaciones que al día de hoy no tienen fecha de implementación. Esa falta de prioridad en las agendas políticas de acabar con el instrumento que ha determinado el paso de la educación secundaria a la superior, terminó por evidenciar sus grietas esta semana.

Los primeros llamados a boicotear la PSU se hicieron hace dos semanas atrás y finalmente se concretaron este lunes. Luego de tomas de los establecimientos y protestas a la misma hora del inicio del examen que hicieron imposible rendirlo, el DEMRE terminó por suspenderlo, total o parcialmente, en 64 sedes de un total de 729 en el país. Para la jornada de este martes −en la que están fijadas las pruebas de Matemáticas e Historia−, se espera un escenario similar, con varias convocatorias a manifestarse que se han difundido a través de redes sociales.

Con esto, el gobierno tuvo que hacerse cargo del primer conflicto en materia educacional del año, tras fijar una reunión de último momento convocada por el Presidente en La Moneda para analizar los pasos a seguir luego de las protestas. De esta cita participó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de Educación, Marcela Cubillos, la vocera Karla Rubilar, además de los subsecretarios del Interior, Juan Francisco Galli, y de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Fueron estas dos últimas autoridades quienes salieron a dar declaraciones, mientras Cubillos guardó completo silencio. Una actitud de la ministra que, sin embargo, no sorprendió a los actores sociales. 

La manifestación de los secundarios remeció el proceso a cargo del DEMRE y del Consejo de Rectores (CRUCh), además de interpelar nuevamente a las autoridades por dejar de lado la sustitución de este proceso de admisión, que se aplicó por primera vez en 2003. Las segregación del proceso ha quedado registrado en cifras: de acuerdo a los resultados del proceso de rendición de 2018, sólo el 30% de los estudiantes de colegios municipales quedaron seleccionados en las carreras universitarias a las que postularon; mientras que el 79% de los alumnos que egresaron de establecimientos privados fueron admitidos.

Sin embargo, la agenda educativa de este gobierno, que lideró al comienzo el ex ministro Gerardo Varela y luego la ministra Cubillos, no ha dado señales de que sea un tema prioritario. De hecho, la línea que ha reforzado la actual secretaria de Estado ha sido mantener este tipo de sistemas de selección, a través de su proyecto de Admisión Justa basado en el esfuerzo y el mérito de los estudiantes, intentando retrotraer los efectos del Sistema de Admisión Escolar (SAE), que venía de la administración de Michelle Bachelet. 

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"La cruzada ideológica de Cubillos"

Los actores sociales advierten que el silencio de la ministra Cubillos sobre la situación que se observó este lunes en el país, se ha repetido en varios episodios anteriores y demostraría la falta de voluntad de inmiscuirse en los debates educacionales de fondo. 

Así lo identificó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Emilia Schneider: "Este año, la ministra estuvo centrada en una cruzada ideológica en contra de las reformas anteriores al sistema, como el SAE. También lideró distintas medidas para criminalizar, como Aula Segura". Cree, además, que Cubillos tendió a distorsionar el debate público, más que sentarse a debatir. Un ejemplo de esto, precisa la dirigenta, se vio cuando le cerró la puerta en la cara a los profesores movilizados y también cuando criminalizó a los secundarios durante 2019.

La misma posición mantienen en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), una de las organizaciones que ha protagonizado las protestas estos dos días. Su vocera, Valentina Miranda, asegura que al Mineduc no se ha hecho cargo de las decisiones que está tomando de manera "arbitraria" el Demre, y que a la agenda del gobierno los ha puesto en segundo plano.

A esto, agrega el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, se suma la falta de claridad sobre un nuevo sistema de admisión que se podría aplicar. Para ellos, la única certeza es que seguirán movilizados a fin de terminar definitivamente con la prueba.

"El conjunto del sistema educacional está hecho para que solo los más privilegiados puedan continuar sus estudios y ser profesionales. La PSU es una muestra más de la crítica general que se le hace al sistema de educación, que es un derecho y tiene que ser construido por todos", sostiene Chanfreau.

Para graficar la desigualdad que genera esta prueba, desde el Colegio de Profesores, su presidente, Mario Aguilar, recordó el Informe Pearson, que en 2013 criticó tanto la elaboración de la prueba como los resultados que se desprenden de su aplicación: "Tras la presentación de este estudio, no hemos visto ninguna proactividad de parte del Mineduc respecto del tema. Nosotros planteamos hace bastante tiempo nuestros reparos a los distintos gobierno. De parte del ministerio ha habido cero respuesta y cero interés por mejorar el sistema", señaló el docente.

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Una salida a la crisis

Para Schneider, los responsables de la crisis que este lunes afectó a decenas de establecimientos no son precisamente los manifestantes que se tomaron los recintos, sino aquellos que "han defendido y construido este modelo educacional injusto". Por lo mismo, la dirigenta instó a la ministra Cubillos "a escuchar a todos los actores que han dicho que hay que hacer un viraje en el sistema de admisión".

La propuesta de la líder universitaria es que "se debe tener un diálogo amplio, que permita cuestionar el fondo de este asunto. No es que solamente tengamos una prueba segregadora, sino que también tenemos un sistema que ha perdido sentido. Son muy pocos los cupos en educación de calidad que administra la PSU y por eso esta prueba genera tanta competitividad y ansiedad".

Por su parte, el líder de los profesores emplaza al gobierno a que esta sea la última versión de esta prueba de selección. A su parecer, la salida a esta crisis debe establecer prontamente "un itinerario de desarrollo para un nuevo sistema de admisión con amplia participación de los actores del mundo educacional, que permita que durante este año se establezca un nuevo mecanismo, que contemple una diversidad de factores y que su objetivo principal sea eliminar todos los elementos de injusticia y segregación que tiene hoy en día la PSU".

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Rojas (Comunes), llamó al Cruch a que "acoja las recomendaciones que ha hecho el Demre una y otra vez", respecto del mejoramiento del examen de admisión.

"La PSU lleva 16 años aplicándose y discriminando: el puntaje PSU promedio en Vitacura el 2017 fue de 623 puntos, mientras que en San Antonio fue de 470 puntos. Es impresentable defender un sistema así. Por eso en el mediano plazo hay que responder a esta legítima necesidad de cambio, hay que posibilitar el debate sobre el acceso. Porque el cuestionamiento central no es la PSU y sus ajustes, es el acceso mismo. Y también es, sin duda, la educación pública", indicó la parlamentaria.

Para este martes ya se han hecho convocatorias en Santiago, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y otras ciudades, para manifestarse en los locales de rendición desde las 7:00 de la mañana. Una protesta que se inscribe en medio del denominado "estallido social" y que ha puesto sobre la mesa una serie de cambios estructurales, como la gratuidad en la educación superior o la eliminación del sexismo en los currículos.