Hace algunos días, publiqué en redes sociales un mensaje dirigido al Presidente Piñera, con una propuesta para responder a las precariedades de los pensionados en Chile, de todos los pensionados, independiente de edad y sistema de pensionamiento.

La propuesta consiste en que el Estado garantice una pensión universal de $550.000 pesos mensuales a cada jubilado, que sería una pensión digna para todos. El medio para hacer efectiva esta pensión sería un complemento permanente a su actual pensión, financiado con transferencias tributarias.

El costo anual aproximado de financiamiento de este complemento es de unos USD$ 14 mil millones. Y digo aproximado, porque corresponde a la diferencia entre lo que percibe, en promedio, cada pensionado y los $550.000.

¿Por qué escoger las pensiones y no alguna otra de las demandas sociales que emergieron con la crisis social, todas legítimas e importantes?

Principalmente, en razón de su urgencia: los pensionados tienen menos tiempo de vida que el resto de la población.

Conceptualmente, este aporte inicial del Estado de USD$ 14 mil millones, es un traspaso de riqueza por ese monto hacia los dos millones y medio de pensionados que tenemos hoy en Chile. Pero un requisito de la propuesta es que este traspaso tenga sentido progresivo, es decir, que redistribuya riqueza desde los más ricos hacia los más pobres en el país, y reduzca la profunda inequidad que prevalece en nuestra sociedad.

¿Cómo se logra esta redistribución de riqueza?

Las pensiones son gastos permanentes y requieren ingresos permanentes, como lo recordó prudentemente el ex -ministro Velasco hace un par de días en una entrevista. En la misma entrevista, también mencionó que la tarea de Hacienda es saber decir que no, cuando recibe requerimientos desmedidos.

Cierto, sin duda. Pero vale la pena recordar que la tarea más importante del Ministerio es saber cómo responder que sí, cuando el Ejecutivo y el Legislativo le encargan trabajo técnico para asegurar que se cumplan objetivos de política.

El estallido social ha puesto en evidencia la necesidad de reordenar las prioridades en el presupuesto nacional, a fin de atender, finalmente, las necesidades más urgentes de la población, postergadas por mucho tiempo. Y este es exactamente el desafío que enfrentaría Hacienda ante la implementación de la pensión digna: idear un mecanismo que permita recaudar los recursos requeridos para financiar el complemento a las pensiones.

No se trata de endeudar irresponsablemente al Fisco para pagar las pensiones todos los años, sino de diseñar un sistema de recaudación tributaria que permita y asegure su financiamiento permanente, además de recuperar el endeudamiento fiscal inicial.

Hay directrices claras: las pensiones dignas no serán financiadas con recursos del Estado, sino con transferencias desde los sectores más pudientes hacia los dos millones y medio de ancianos marginados en la sociedad.

Para que el Ministerio de Hacienda logre este objetivo se requiere ingeniería tributaria; es un problema técnico que tiene múltiples complejidades, pero no es una tarea imposible. Para dar una idea de las magnitudes, a nivel macro, este monto representa aproximadamente 4 puntos porcentuales del PIB nacional. También a nivel macro, implica más que duplicar el Presupuesto anual del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El desafío profesional específico consiste en cómo estructurar eficientemente un sistema tributario que sea capaz de recaudar anualmente un 4% extra del PIB destinado al complemento de la pensión digna y mantener seguidamente equilibrios estructurales con criterios adecuados para priorizar los programas y flujos de gastos.

En esta propuesta, el Estado juega un rol principal y dos roles subsidiarios: su rol principal es de ser garante del derecho de todo ciudadano de percibir una pensión digna al término de su vida laboral. Para cumplir dicho rol, deberá actuar como financista temporal y administrador permanente de estos fondos.

¿Por qué financista temporal?, porque para ser implementada ahora, el complemento para llegar a la pensión digna debe ser financiada por el Estado y el único modo de hacerlo es con mayor deuda fiscal. Es decir, el Estado asume este pago solo de manera temporal y exclusivamente para asegurar diligencia en su implementación.

Es importante aclarar también porqué el administrador permanente de estos fondos debe ser el Estado y no alguna otra entidad, como las AFP, ya que al fin de cuentas se trata de pensiones.

El motivo es simple: el Estado se constituye en garante de la pensión digna y la totalidad de los recursos que se requieren para enterar el complemento a las pensiones son platas públicas, recaudadas a través de tributos direccionados, a fin de transferirlos a los pensionados. Ese es motivo más que suficiente para justificar que el administrador permanente sea el propio Estado.

Pero además, la responsabilidad legal de administrar recursos fiscales corresponde al Ministerio de Hacienda. Y precisamente por ello, el Ministerio cuenta con un equipo técnico de primera línea. Con la responsabilidad en manos del Estado, nos aseguramos que estas transferencias de recursos desde los más ricos hacia los más pobres se hagan como corresponde.

Los recursos empozados en los fondos de pensiones son totalmente diferentes. Son depósitos en cuentas individuales privadas, producto del ahorro forzoso que debe hacer cada cotizante. Los fondos de pensiones son sujeto de inversiones y operaciones financieras, administrados por entidades cuyo objetivo social es el lucro, las AFP.

Finalmente, es preciso considerar que la coyuntura económica actual inducida por la propia crisis no puede ser más propicia para un proyecto como el de la pensión digna: el grupo objetivo tiene un déficit crónico y agudo de ingreso disponible y la masiva inyección de liquidez sobre la actividad económica tendrá un efecto reactivador importante, fortalecerá el empleo y estimulará nuevas inversiones y emprendimientos. Esta cadena de efectos ayudará a tranquilizar al mercado financiero, al mercado cambiario y a los inversionistas.

Pero todo lo descrito es  la parte fácil, la forma técnica de resolver el tema jubilados. La parte verdaderamente difícil es la otra, que se generen los  acuerdos políticos para hacerlo. ¿Serán capaces de responder al desafío?

Ojalá no perdamos la oportunidad que nos proporciona la crisis social: el cambio de escenario que ha forzado en el mundo político y en la conciencia de todos, nos permite ofrecer al menos una solución real y permanente para dos millones y medio de conciudadanos, uno de los grupos más numerosos y postergados en Chile y con un efecto redistributivo importante en la dirección correcta: una sociedad más justa para todos.