El escándalo y debate que abre el supuesto informe de inteligencia, de big data, utilizando “sofisticada tecnología de análisis” de fuentes abiertas, en relación a la investigación sobre el origen de la ola de violencia asociada a la contigencia que se vive en Chile desde este 18 de octubre, abre una serie de análisis y cuestionamientos que se vuelve crítico en relación a cómo se siguen construyendo e instalando  los relatos y el discurso informativo sobre lo que pasa en la contingencia y seguirá pasando en estos espacios digitales de “conversaciones sociales públicas”.

Al papelón de este informe, que ya ha sido ridiculizado incluso en la prensa internacional y que ha generado cantidades de memes especialmente al identificar que los y las influenciadores de estas etiquetas son fans del k-pop, hay que sumar ahora las explicaciones que entrega un comunicado de la Subsecretaría del Interior enviado ayer lunes 23 de diciembre indicando que “no fue encargado ni realizado por el Gobierno” (y hay que indicar lo desprolijo del tweet de la subsecretaría con un tuit en que se adjunta el “pantallazo” del comunicado).

Como ya lo han dicho y explicado varios y varias especialistas en ciencia de datos, de #BigData y de sofisticada tecnología de análisis, este informe tiene puro humo, porque  se trata de un mero informe de análisis de redes sociales. Aunque no lo sabemos con certeza, su metodología y formato, es similar al que entrega  cualquiera de los software o aplicaciones que hay disponible hoy en el mercado de análisis y métricas de redes sociales digitales, que son de uso habitual en el negocio y consultoría sobre  análisis de tendencias de consumo y sí también para tendencias de opinión social si se quiere iniciar una campaña política.

Es importante recordar que las plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram se han convertido en una nueva esfera pública, y que efectivamente cualquier posteo, foto o video que dejamos en estos sistemas, también lo que marcamos como “me gusta” se transforma en algo público, que circulará como una huella digital de nuestra interacción con el sistema. Y esto es monitoreable o rastreable, como cualquier otro espacio en el que se busca tomar el pulso sobre lo que la ciudadanía, o consumidores potenciales, piensan, opinan o proponen sobre marcas o también sobre la política.

El año 2011, en  el primer gobierno de Piñera, una polémica similar se desató cuando se supo de la licitación de un sistema de monitoreo de “comentarios” redes sociales, por parte de la empresa BrandMetric , como un método innovador para evaluar las opiniones ciudadanas. Ante la polémica y rechazo que generó esta noticia, el gerente general de la empresa acusó de que era una “paranoia” y que estos sistemas sólo marcaban tendencias sociales  (revisar referencias de noticias de la época en este link, este  link y este link).  El monitoreo quedó en nada, hasta ahora en que para peor, ya no sabemos quién es la fuente anónima, sin saber quién, para qué, cuándo y cómo se hizo – algo que debería ser accesible por transparencia.

En relación al quiénes identifica el informe serían las cuentas de usuarixs más influenciadoras en el alcance de que en estas plataformas las etiquetas como #Evade, #RenunciaPiñera, #ChileDespertó, #EstopasaenChile o #ChileViolatesHumanRights , y el porcentaje de tweets tienen una geolocalización fuera del país, para ser  presentados como parte de la supuesta “prueba” de una injerencia desde el extranjero en las convocatorias y en el ánimo de la protesta social: el K- pop como una tendencia o marca generacional de una cantidad de jóvenes, que antes del estallido no pensaba en política, sino que en sus ídolos y coreografías y que desde el 18 de octubre no se han detenido en compartir la información y contenidos que hablan de la cantidad de personas que ha perdido su visión en las protestas o de cómo son reprimidos hasta hoy cualquier intento de marcha o manifestación.

De hecho,  esto es lo que explica en parte también el dato que presenta el Informe preliminar sobre Libertad de Expresión en el estado de emergencia elaborado entre el Observatorio del Derecho a la Comunicación y Fundación Datos Protegidos, sobre casos de censura en redes sociales,  incluyendo a Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, en relación a material o contenido que fue considerado como “delicado” o que no se ajustaba a las normas y políticas de publicación de estas plataformas y que fue o bajado o invisibilizado, por parte de los sistemas de moderación, ya sea  automáticos o humanos  (Para más información leer la nota en este link). También esto es clave de comprender en relación a nuevos alcances que se están discutiendo sobre las cortapisas a la libertad de expresión que imponen las empresas dueñas de las plataformas de redes sociales.

El informe y episodio de este informe, debería dejar varias lecciones para el mundo político y también para los medios, más en una contingencia social y política que está pasando a raudales y de manera dinámica y activa en estas plataformas. El monitoreo de redes sociales da cuenta de una ciudadanía conectada a sus móviles y redes, que está opinando y participando activamente en la creación de los relatos y contenidos, que las vocerías oficiales no informan y que los medios no consideran en sus pautas. Claramente lo que el informe le debería enseñar a cualquier institución pública, además de esta diferencia sobre lo que es o no big data, y más aún en relación a análisis de inteligencia, es que si hay un interés e intención en tomar el pulso a la ciudadanía,  si se  puede “escuchar” y analizar las demandas ciudadanas que ya circulan en estas redes, para no inventar de nuevo la rueda en plataformas tecnológicas para potenciar el “diálogo social”.  Pero sobretodo,  que cualquier intento de este tipo de monitoreo de la ciudadanía, tiene que transparentar alcances y métodos, objetivos y propósitos, y donde es imperativo poner al centro cuestiones básicas de ética y derechos humanos. Un análisis serio de BigData debe garantizar no sólo la calidad de la recolección sino que  la anomización de esa data.

Para la ciudadanía que estamos construyendo en esta era hiperconectada también hay otras: el móvil que llevamos en el bolso o el bolsillo y lo que estamos diciendo diariamente en nuestros muros de redes sociales, se pueden monitorear o geolocalizar,  para hacer recorridos o trazas por ejemplo, de cómo transitamos de un lado de la ciudad para el otro, si participamos y/o tomamos fotos  en una marcha. Por ello es también es  clave saber cómo se están implementando estas tecnologías o metodologías de monitoreo y vigilancia,  para qué, por quiénes o con qué objetivos, lo que también es un desafío para comprender el alcance de los nuevos derechos ciudadanos  que necesitamos potenciar en una nueva constitución que funcionará en esta era digital y de la inteligencia artificial.-