Las últimas décadas de Chile han sido protagonistas de las mayores manifestaciones que se recuerden en la historia de nuestro país. El sentimiento de la gente representado en la calle ha evidenciado el profundo rechazo a un modelo político, económico y social que privilegiaba a la élite en desmedro de la gran mayoría de los chilenos. La petición constante y potente a generar un cambio estructural se hace sentir con cada llamado a recuperar la dignidad perdida con una Constitución gestada en dictadura, la cual no sufrió mayores cambios en treinta años de democracia.

Desde 2006 los jóvenes se comienzan a movilizar por un cambio profundo en el sistema educacional chileno que hasta esa fecha tenía diferentes falencias a nivel de segregación. Posteriormente, la sociedad chilena comenzó a comprender los diferentes problemas que se van concentrando en otras áreas sensibles para la población como AFP, sistema de salud, derechos LGTBI+, fin del patriarcado, reconocimiento de las primeras naciones, entre otras.

Todo esto fue lentamente sembrando un sentimiento de insatisfacción, indignación y rabia en la sociedad, el cual explotó con el alza del pasaje derivando en una demanda concreta de transformación del modelo imperante. Elevando esta demanda como la única alternativa para superar el descontento social, dejando en evidencia la necesidad de cambiar el estilo de sistema hasta ahora viviente en nuestro país.

Con esto, la madrugada del 15 de noviembre y arrogándose la representatividad del movimiento social chileno, los partidos políticos con presencia en el Congreso deciden promover el denominado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Documento que busca establecer un procedimiento de creación de una nueva Constitución en el marco de la institucionalidad vigente, es decir, adaptar la actual constitución a través de reformas que permitan establecer el proceso constituyente.

En las bases de este acuerdo está la intención de entregar un espacio que posibilite a los constituyentes la oportunidad de estipular una serie de normas y principios desde una hoja en blanco, es decir, sin la necesidad de imitar las que actualmente rigen.

Sin embargo, ¿cómo imaginar una hoja en blanco? ¿Podríamos expresar nuestros principios más enraizados en distintas construcciones normativas desconocidas en nuestra cotidianeidad? ¿Lograríamos pensar una estructura distinta para proyectar la democracia representativa? ¿Es posible cambiar nuestra tradición institucional por una nueva?

Existe entonces la posibilidad de girar desde un sistema presidencialista a otro completamente diferente, como el parlamentarismo o el asambleísmo democrático. Asimismo, establecer nuevas figuras no reconocidas en la historia institucional de nuestro país, como el primer ministro. O, por otra parte, eliminar una cámara, estableciendo un sistema unicameral.

Empero, si queremos tener la posibilidad de imaginar nuevas estructuras que conocemos como vivencia, debemos tener en consideración ciertos riesgos que vician estos intereses en favor de mantener el sistema actual.

Dentro de los anteriores, visualizamos la sobrerrepresentación de los partidos políticos tradicionales en la configuración de la Convención Constituyente. Situación que establecería una posición dominante en la misma asamblea, aun cuando su aprobación alcanza índices cercanos al 12%, de acuerdo a CADEM de octubre de 2019.

Además, podríamos encontrarnos en situaciones donde la exclusión de ciertos sectores marginados de la sociedad -como mujeres, primeras naciones, jóvenes e independientes- conllevaría una elitización de la Convención, dado que los sectores que ocuparían dichos espacios serían aquellos que comúnmente participan de la élite política y gozan de sus privilegios.

También, es el propio mecanismo propuesto el que establece un riesgo al mantener funcionando las instituciones a la espera de la dictación de una nueva constitución. Esta problemática se plantea toda vez que dichas instituciones mantendrán sus atribuciones, pudiendo realizar incluso modificaciones profundas al texto constitucional actual al mismo tiempo que la Convención redacta el cuerpo de la nueva Carta Magna, influenciando de manera directa o indirecta en la forma que los constituyentes conviven con las estructuras político-sociales y afectando, con esto, la soberanía que debiera radicarse en el propio cuerpo constituyente.

Frente a estos riesgos surge la necesidad de repensar la estructura en la que desarrollaremos esa hoja en blanco, por lo mismo debemos cuidar que estos vicios no se potencien dentro del proceso constituyente, buscando la fórmula para evitarlos.

De no ser así, los constituyentes podrían efectuar -en la práctica- un texto que contenga los mismos resultados, principios y valores que hubiese tenido una reforma cosmética de la constitución actual.

Por lo anterior, se hace menester establecer un mecanismo que mengüe la sobrerrepresentación de los partidos políticos tradicionales, brindando espacio para el acceso a los escaños por parte de los políticamente excluidos. Para ello, el ejercicio de generar cuotas para mujeres, primeras naciones, jóvenes e independientes nace no como una opción dentro de un conjunto de medidas a adoptar, sino como una herramienta de justicia y participación de aquellos grupos en la creación de la nueva constitución.

Además, es absolutamente necesario que los constituyentes sean capaces de abrir su mente a todas las posibilidades de diseño institucional de país, eligiendo la que mejor resuelva las problemáticas que la sociedad chilena actual posee en materia de pensiones, salud, educación, paridad y tantas otras que exigen los movimientos sociales.

Es en ese sentido que, si consideramos que los constituyentes estarán actuando desde una hoja en blanco y los resultados de su trabajo podrían modificar profundamente el sistema institucional de nuestro país, es de toda lógica que luego de este proceso constituyente sea la propia Convención la que, en virtud de su mandato y atribuciones soberanas, convoquen a elecciones generales para definir los cargos de representación popular que nacerán junto con la nueva institucionalidad.

Aquello, con la finalidad de enraizar los nuevos principios y preceptos -que la Nueva Constitución establezca- tanto en el propio ordenamiento jurídico como en las diferentes instituciones democráticas de nuestro país. Haciendo de Chile no solo un retrato del onírico imaginario, sino una realidad del soñador que está despertando.

Aun cuando hemos determinado los riesgos que plantea este proceso constituyente, creemos que para generar los cambios que importan a nuestro sistema político-social, debemos sostener el llamado a continuar con las exigencias a través de una Convención Constituyente electa en el 100% por ciudadanos que, si bien no es la solución que resuelva todos los problemas, es la mejor alternativa para superar la crisis de desigualdad que tenemos como país.