Y matar, además y especialmente el ojo, puntualmente cada ojo, pues uno solo es sarcástico, folclórico, agorero, matar, pues, sin asco los dos ojos y todo el ojo, porque el ojo es el hombre, es la parte del ser que contiene más cantidad del hombre.

Carlos Droguett. Los asesinados del seguro obrero (1940)

Nada parece ser suficiente si se trata de aplacar, doblegar, disciplinar al Chile que emergió luego del estallido.

Ni las cerca de 400 heridas oculares según cifras del Indh, corroboradas luego en las 30 páginas del documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Onu, que acusaba graves violaciones de derechos humanos en Chile, agregando a los 26 muertos en el contexto de la protesta, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, ejecuciones extrajudiciales y la detención de más de 28 mil personas, entre otras cifras destinadas a consignar la brutalidad.

Tampoco parece ser suficiente el horror sufrido por 192 personas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Horror expresado en las 544 querellas por torturas y tratos crueles presentadas sólo por el Indh.

Porque al uso de balines con componente de acero utilizados indiscriminadamente en contra de los manifestantes se sumó luego la denuncia del contenido de soda cáustica en el chorro de los carros lanza-aguas de la policía, ambos hechos negados por los altos mandos uniformados y por el gobierno hasta que los análisis químicos demostraron lo contrario.

Y pese a que todos los informes de organismos de derechos humanos sobre Chile luego del estallido son similares (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y coinciden en la gravedad de tales violaciones, existe una diferencia que apunta a la palabra sistemática, que alude a responsabilidades políticas del gobierno, cuyo discurso ha sido traspasar dichas responsabilidades a Carabineros y Ejército, este último durante el Estado de Emergencia decretado por Piñera a horas del estallido social.

En este marco, diversos sectores y organizaciones de DD.HH. de la sociedad civil encabezadas por la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile han llamado a “un gran acuerdo por los derechos humanos”. En él se plantea el cese de la represión, de los discursos de confrontación y empate, y el establecimiento, mediante la justicia, de responsabilidades penales y administrativas, así como políticas. También se recomienda la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación no sólo para establecer un relato compartido y confiable sobre esta grave crisis de DD.HH., escuchando a las víctimas y proponiendo medidas de reparación, sino también para contribuir en la búsqueda de antecedentes de primera fuente que documenten el horror.

Porque sin duda el debate en torno al término sistemático —que no es sólo semántico— lo tendrá que dilucidar la justicia luego de investigar caso a caso donde están las responsabilidades políticas y penales de quienes, ejerciendo las más altas funciones del Estado, por acción u omisión permitieron estos atropellos, al igual que la de aquellos que torturaron, abusaron, violaron o les arrancaron los ojos no sólo a casi 400 personas, en su mayoría jóvenes, sino simbólicamente a toda una generación. Una generación que creció sin miedo y que, a diferencia de sus padres o abuelos, no está disponible para habitar un futuro basado en la impunidad.

Una impunidad expresada también en el hecho de que las Fuerzas Armadas y de Orden no están obligadas, como sí lo está el resto de los organismos públicos, a entregar al Archivo Nacional una copia de sus documentos. Esto, gracias a la Ley 18.771, vigente desde el mes de enero de 1989, promulgada por Pinochet, que les permite a las instituciones armadas destruir archivos o documentación sensible sin violar la ley.

Al respecto, no resulta sorprendente el robo de computadores que contenían archivos de testimonios y denuncias de violación de DD.HH. desde las dependencias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dado a conocer por el presidente de esta entidad a mediados de diciembre, como tampoco las amenazas de muerte a líderes sociales y de DD.HH. ocurridas en las últimas semanas.

La crisis de derechos humanos que atraviesa hoy el país tiene su base en la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El estallido social iniciado el 18 de octubre último demostró no sólo el cuestionamiento de una sociedad ante un sistema socioeconómico que estaba acabando con la dignidad de todo un país sino que, junto a ello, hizo evidente que las agrupaciones de DD.HH. tenían razón cuando declaraban que la promesa del Nunca Más no era tal y que el Chile de las últimas décadas se había construido sobre la base de la impunidad y del fortalecimiento de discursos negacionistas ante los crímenes de lesa humanidad.

Por ello la urgencia de un acuerdo transversal sobre derechos humanos en Chile que realmente garantice que estos hechos que hoy conmueven a la opinión pública nacional e internacional no volverán a repetirse nunca más.

Esta es la base de cualquier proyecto de futuro. Sin este pacto, los cuervos seguirán arrancándonos los ojos ante cada crisis social y política que enfrente el país.