Este domingo la discusión continúa en la Cumbre del Clima de Madrid denominada como COP 25, donde los países participantes de esta reunión se encuentran zanjando puntos particulares del acuerdo que alcanzaron ayer, luego de que las negociaciones que conduce la delegación chilena se extendieran y demoraran debido a problemas para lograr posturas comunes entre las naciones firmantes.

Así se llegó al documento "Chile-Madrid Tiempo de Actuar", el que propone una mayor ambición frente a la emergencia climática y abre un nuevo ciclo de reuniones para los países miembros de la ONU. De esta manera, los más de 200 países reunidos acordaron aumentar las metas climáticas a partir de 2020 y cumplir con el Acuerdo de París, que busca evitar que la temperatura media de la Tierra suba este siglo por encima de 1,5 grados.

El acuerdo además establece que las políticas climáticas deberán ser permanentemente actualizadas en base a los avances científicos en la materia, la transversalidad de la lucha contra el calentamiento global y la importancia de los océanos en el sistema climático, razón por la cual la Convención de Clima celebrará un diálogo de océanos y otro sobre usos del suelo una nueva reunión que tendrá lugar en junio de 2020.

Este último punto fue uno de los más polémicos, ya que la delegación brasileña se opuso fervientemente a incluir el mencionado artículo dentro del acuerdo, esto aún cuando la ministra Carolina Schmidt ya había dado por aprobado el texto.

Finalmente, Indonesia, Costa Rica, Tuvalu, Belice, Australia, Nueva Zelanda, Islas Marshall, la UE, Egipto, Canadá, Argentina, Bután, Suiza y Rusia le pidieron a Brasil que no obstaculizara la concreción del acuerdo, peticiones con las que el representante de la nación gobernada por Jair Bolsonaro terminó desistiendo de su postura y dándole el visto bueno al documento general.

El texto también habla de impulsar la participación de mujeres en las negociaciones por el clima; generar directrices para que el "Fondo Verde del Clima" destine recursos a países vulnerables que sufran daños o pérdidas medioambientales; inclusión de las ONG en la discusión ambiental; y una transición "justa" hacia un mundo sin emisiones contaminantes.

Por último, el tema de la regulación de los mercados de emisión de CO2 se dejó de lado para ser discutido como un punto aparte al acuerdo.