¿Es posible algo peor que el alza de los 30 pesos del metro y los “levántese más temprano”, “compre flores”, y “socialice en los consultorios”? De alguna manera, lo ocurrido en las últimas dos semanas puede ser visto así. Revisemos algunos puntos clave:

Violaciones a los DD.HH.

Al 6/12/2019, el INDH había reportado 352 personas con daños oculares, 3.449 heridos, 544 acciones judiciales por torturas y 108 por violencia sexual, y 25 fallecidos. Por su parte, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que no iba a dar de baja a ningún efectivo, y el presidente Sebastián Piñera insiste en poner más de ellos en las calles. Las violaciones a los DDHH han sido confirmadas por la Defensoría de la Niñez, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y ahora por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. El broche de oro fue en el mismo Día Internacional de los Derechos Humanos (10/12/2019). Mientras el Presidente hablaba de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, ambos ciegos por la acción de FF.EE., tratando de empatarlos con dos Carabineros con heridas leves (que en ningún caso implican una discapacidad para el futuro), hubo varios heridos por recibir bombas lacrimógenas en la cara, entre ellos dos en riesgo vital, y una de ellas, una menor de 15 años.

Saqueos desvinculados de la movilización

Pese a que el gobierno insiste en meter a saqueadores y manifestantes en el mismo saco, ningún miembro de alguna organización social ha sido detenido por saqueos. Sin embargo, Carabineros y Militares han autorizado varios saqueos: “Día a Día” en Pedro Aguirre Cerda, “aCuenta” en San Pedro de La Paz y “aCuenta” en Reñaca Alto, entre otros. En la mayoría de los casos, Carabineros ha dejado actuar libremente a los saqueadores: por ejemplo, el 14/11 en Concepción habían unos 33 efectivos de FF.EE. mirando cómo saqueaban. Y además, han sido detenidos y castigados por organizar y participar en saqueos: 1 Carabinero (Carlos Vidal, Región del Biobío), 1 Gendarme (Felipe Díaz, Región del Biobío), 2 funcionaros de la armada (identidades aún no reveladas, en Hualpén y Caldera, Región de Atacama), 1 gerente de la empresa de seguridad Verisure (Marcelo Maldonado, Región Metropolitana), 1 hijo de un concejal DC (Lester Osorio, Región de Valparaíso), 1 militante de la UDI (Víctor Sandoval, Región Metropolitana) y 1 militante de RN (el concejal Karim Chahuán, Región de Valparaíso).

Ley Anti-Saqueos y agenda criminalizadora

El gobierno ha insistido en criminalizar la protesta social, sin condenar el actuar de Carabineros desde el poder político. Para ello, está imponiendo una agenda que apunta a restringir las libertades personales y a entregar más poder para reprimir. Entre las iniciativas legislativas existen ideas como: prohibir que la gente se ponga un pañuelo cuando hay gases lacrimógenos (serán sospechosos de delito), 60 días de cárcel por rayar un paradero o pegar un sticker en un paradero o en infraestructura del transporte público, permiso para sacar a militares sin estado de excepción, y una disposición de que abusos o violaciones a los DD.HH. de militares no pasen a la justicia civil, entre otros. En este marco, la iniciativa que más ha avanzado fue la llamada Ley Anti Saqueos. Recuérdese que los saqueos ya son un delito, pero esta ley además plantea 5 años de cárcel por tirar una piedra, 5 años de cárcel por obstaculizar el tránsito, y prisión por ocupar un lugar. Todo esto en el contexto de que Carabineros acostumbra a acusar manifestantes pacíficos (sin pruebas) de hacer alguna de estas cosas, y los mantiene en prisión preventiva.

La Ley Anti Saqueos fue aprobada de manera extremadamente rápida en la Cámara de Diputados la semana pasada, con la venia de la oposición. De hecho, el sábado 7/11 el gobierno afirmó que había sido “la mejor” semana legislativa desde el inicio de la crisis (ver El Mercurio). Horas después, algunos miembros de la oposición anunciaron estar “arrepentidos” y que se habían “equivocado”. Pero, ¿cómo saber si no se van a “equivocar” después?, ¿cómo saber si realmente están “arrepentidos”? El hecho de que un gobierno que ha sido prácticamente sordo respecto de las demandas sociales, y que cuenta con 4,5% de aprobación, logre sacar leyes represivas en una semana (gracias a la oposición) nos pone en un nivel de AUTORITARISMO DEMOCRÁTICO. Es decir, en una situación en que, además de la represión, pareciera que no existiera oposición desde el congreso. Y para finalizar, el 11 de diciembre acusan constitucionalmente al ex Ministro Chadwick, en una acción de consecuencias mucho más simbólicas que prácticas, y al día siguiente salvan a Piñera de ser destituido, lo que podría haber puesto un freno a las violaciones a los DD.HH.

Agendas sociales del gobierno y abusos

Ninguna de las demandas del movimiento ha sido tomada en cuenta de manera seria por el gobierno: salud, educación, pensiones, vivienda, femicidios, sueldo mínimo, costo de la vida, etc. El 22 de octubre, el gobierno planteó una primera agenda social que fue bastante criticada. En términos de pensiones, el aumento está lejos de alcanzar el salario mínimo. Respecto de impuestos, se le ponen más impuestos a los gerentes pero no a los dueños de las grandes empresas. Y además, tiene posibles incentivos a la evasión y la elusión. En términos de ingreso mínimo garantizado, no es un alza en el sueldo mínimo legal, sino un subsidio del Estado para llegar a un ingreso mínimo, con un alcance muy acotado, que no alcanza para que el hogar promedio salga de la línea de la pobreza.

Luego, el 2 de diciembre el ejecutivo lanzó una agenda Pro-Empleo por U$5.500 millones, que incluye actividades de reconstrucción, espacio público y apoyo a mipymes. Dicha agenda podría ser un aporte si no fuera porque, primero; culpa a la violencia de la baja actividad económica, por sobre la crisis de confianza y legitimidad, segundo; pone todos los esfuerzos en la economía y no avanza en nada en materia social, tercero; financia sus propuestas a través del endeudamiento del fisco (siendo que hasta los mismos empresarios habían señalado estar dispuestos a meterse la mano al bolsillo y aportar en una eventual reforma tributaria), y cuarto; no cuenta con un plan de mediano plazo.

Y el 10 de diciembre, el gobierno anuncia una agenda contra delitos “de cuello y corbata” que plantea un endurecimiento de penas a las colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada. Y aquí también le han caído críticas. Primero, no hay facultades para que la Fiscalía investigue delitos tributarios o de colusión cuando el único denunciante es el SII y la FNE, lo que vendría de una desconfianza (o miedo incluso) desde la clase política hacia la Fiscalía. Y segundo, no hay responsabilidad penal para personas jurídicas (empresas). Además, todo esto se da en un contexto en que el mismo Piñera ha sido acusado de comprar y usar "empresas zombies", es decir de bajo desempeño o a punto de morir, para pagar menos impuestos (descubierto por el SII en 2017); de no pagar las contribuciones de su casa del Lago Caburga (mayo 2019); y de sacar U$542 millones de su patrimonio hacia los "paraísos fiscales" de Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo en 2015, incluyendo no pago de impuestos y condonación de multas (revelado el 6/11/2019).

Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución

Además de haber sido firmado sin preguntarle a las organizaciones sociales, el punto 4 del acuerdo suscrito el 15 de noviembre plantea que la elección de representantes de la llamada Convención Constituyente (o Asamblea Constituyente) se haga mediante el sistema electoral vigente. Recordemos que este sistema pone muchas barreras a los independientes, da muchas facilidades a los partidos políticos por el sistema de “arrastre” de candidatos con bajo porcentaje (pese a que ya no hay binominal), no ha sido efectivo en incluir a mujeres, y no incluye ninguna cuota para pueblos originarios. Algunos datos: (1) en las últimas elecciones (2017), de los 155 diputados solo hubo uno electo fuera de los pactos de partidos políticos, (2) con la ley de cuotas de género actual solo se subió de 16% a 23% la participación de las mujeres en el Congreso, (3) según la encuesta Pulso Ciudadano 2019, el 63,5% de chilenos no quiere que los políticos redacten la constitución, y (4) según la encuesta Desoc-Uchile (2019), los partidos políticos son la institución peor evaluada de la sociedad, por debajo de FF.EE. de Carabineros. Además, el punto 9 del “acuerdo” establece una inhabilidad de 1 año a los representantes de la Asamblea Constituyente, para postularse a cargos de elección popular. Pero esto considera un tiempo demasiado corto para prevenir conflictos de interés futuros, sobre todo considerando la experiencia internacional de otras AC (5-10 años). Ante esto, los representantes de la oposición trataron ingenuamente de cambiar estas disposiciones en la llamada Comisión Técnica, pero la derecha les contestó algo obvio: que el acuerdo ya estaba firmado en las condiciones del 15 de noviembre. Entonces, caben dos posibles explicaciones del actuar de la oposición: (a) que no fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que nadie firma un acuerdo de esa magnitud para cambiarlo al día siguiente, mucho menos la derecha chilena, o (b) que las disposiciones sobre el sistema electoral los favorece para aumentar su poder.

En consecuencia, la elección de representantes de la AC tiene el riesgo de terminar en la misma dinámica electoral de siempre, con partidos forzando a los independientes a caer en sus tentáculos, y con una baja participación electoral, ya que el voto no será obligatorio. Entonces, la composición de la AC podría ser muy parecida al actual congreso, por lo cual pierde todo el sentido de haberla demandado con tanto ímpetu en las calles. Cabe señalar que sería un lujo que en la AC participaran abogados como el ex fiscal Carlos Gajardo o la defensora de la niñez Patricia Muñoz, o académicos como la periodista María Olivia Monckeberg o el astrónomo José Maza, o dirigentas y dirigentes poblacionales, estudiantiles, feministas o sindicales de la Mesa de Unidad Social. Pero, ¿estarán dispuestos ellos y ellas a sepultar su credibilidad para meterse a un partido político? ¿No es mucho más legítimo un(a) candidato(a) que emane de los cabildos territoriales, en vez de alguien que es nombrado a dedo por un grupo político que sale a buscar firmas cada cierto tiempo para sobrevivir y mantener su poder?

En este contexto entonces, ¿cuáles podrían ser los temas que conciten mayor consenso (los famosos 2/3) en la nueva constitución? Si tanto la “Ley Anti Saqueos” como el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” fueron aprobados de manera tan rápida y consensuada, es previsible que la nueva carta magna incluya primordialmente dos temas: (1) protección a la propiedad privada y criminalización de la protesta social, y (2) protección a la clase política, ya sea mediante fueros, dietas y/o sistemas para resguardar el poder de los partidos y su impunidad ante el pueblo. En otras palabras, una demostración del conocido Gatopardismo: cambiar todo para que no cambie nada.

Ante todo este escenario cabe preguntarse, ¿cuánto tardará el pueblo en estallar por todo esto?
¿30 AÑOS MÁS?