Las y los parlamentarios humanistas, Pamela Jiles y Rául Florcita Alarcón, presentes en la votación de ayer en el Congreso -Tomas Hirsch se encuentra acompañando el parto de su hija y se pareó previamente- votaron en contra en la discusión en general de este proyecto de ley por evaluar que, aun pidiéndose votación separada de artículos, el problema de aprobar en general un proyecto como el de ayer (porque estamos de acuerdo en que no está bien saquear un hospital) y luego rechazar solamente los artículos en los que estamos en desacuerdo (como la penalización de una toma), es que de antemano sabemos que esos artículos a los que nos oponemos se van a aprobar igual, porque el gobierno realiza "minería de votos", es decir, van uno a uno por las bancadas consiguiendo apoyos. Luego con los votos de los vendidos de siempre se consigue aprobar el proyecto tal y como el gobierno lo quería.

Esta iniciativa tuvo apoyo "en general" de prácticamente todos los sectores, incluyendo a parlamentarios/as del Frente Amplio -de RD y Convergencia Social- y otras abstenciones de diputados/as del PC y del FA: Camila Rojas y Claudia Mix, que igualmente dan legitimidad a un proyecto que desde el primer momento debiera ser rechazado. Votaron en contra Emilia Nuyado (PS), Florcita Alarcón (PH), Hugo Gutiérrez (PC), Amaro Labra (PC), Esteban Velásquez (FRVS), Félix González (PEV) y Pamela Jiles (PH).

Como era de esperar, en su discusión en particular, fue aprobado el proyecto de ley tal como venía sin ninguna modificación.

El proyecto que fue presentado por parlamentarios de derecha (Chile Vamos) y de la DC establece como "delito" las paralizaciones o interrupciones en ciertos servicios estratégicos y claves -como transporte, electricidad, comunicaciones o salud-, abriendo la la puerta a sancionar con penas métodos de lucha de sectores de trabajadores, o situaciones como ocupaciones de fábricas y empresas. Con ello, los paros por ejemplo de la salud podrán ser considerados como "delitos" y los trabajadores arriesgan penas de cárcel.

Se criminaliza y califica como desorden público la legítima manifestación de las personas que trabajan en sectores como, transportes, establecimientos hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, que para manifestarse paralizan o interrumpen su servicio de cara a demandas que pueden ser legítimas.

Esto lo camuflan con apartados que hablan de quema de edificios o destrucción de inmuebles, pero lo de fondo y central son los puntos que contienen medidas represivas que buscan debilitar la movilización social. ¿Se considerara delito las formas de presión tras justas demandas que utilicen los/as trabajadores/as, como la huelga, la movilización y la protesta?

Cuando estamos en plena movilización social, exigiendo diversos sectores de trabajadores reformas estructurales que cuestionan los fundamentos del sistema capitalista de mercado y, particularmente, el modelo neoliberal aplicado en nuestro país en su expresión mas totalitaria, este gobierno -que cuenta con la aprobación mas baja que presidente alguno ha tenido históricamente- envía al Congreso un proyecto de ley con estas características. En vez de responder a las legítimas demandas de profundos cambios que expresa la ciudadanía en la calle, busca aumentar la represión y la limitación de las libertades, en el intento de defender y mantener un estado de cosas que rechaza hoy manifiestamente la mayoría de la población.

Si bien son valorables las declaraciones de Revolución Democrática y de Gabriel Boric (entendemos que a nombre de Convergencia Social), reconociendo su error político al haber aprobado en general el proyecto en la esperanza de poder modificar ciertos artículos particulares, lo que no fue posible en ninguno de los casos, es de hacer notar que ya es reiterado que ciertos partidos del Frente Amplio no consideren la necesidad de trabajar por posturas de consenso dentro de la coalición y opten por actuar unilateralmente, provocando daños que afectan al conjunto de los que participamos en su interior.