El TRF-4 (Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil) decidió este miércoles ratificar la condena del expresidente Lula da Silva por supuestos arreglos en una finca en la ciudad de Atibaia, la que el Ministerio Público asegura ser de su propiedad, pese a que otra persona afirmó ser el verdadero dueño.

Los jueces consideraron procedente la tesis de la acusación de que Lula es el propietario oculto del inmueble, y que este habría recibido favores de OAS y Odebrecht para mejorar su estructura, en trabajos que costaron cerca de 235 mil dólares, a cambio de contratos con la empresa pública petrolera Petrobras.

No se trata de la misma causa por la que fue detenido por primera vez, que se trataba de un departamento en el litoral de Brasil, en la ciudad de Guarujá, en la que Lula jamás habría frecuentado. En ese caso, el exmandatario reconoció haber pasado vacaciones allí, invitado por el dueño, el empresario Fernando Bittar, que reconoció haber invitado al político

Otro dato curioso es que, al igual que en el caso del departamento, el Ministerio Público no especificó qué contratos con Petrobras fueron adjudicados a las empresas a cambio de los arreglos en el inmueble. Además, los trabajos realizados por las dos constructoras se realizaron entre los años de 2011 y 2013, cuando Lula da Silva ya no era presidente – aunque gobernaba una aliada suya, Dilma Rousseff.

Pero la novedad de esa sentencia fue que ella pasó por encima de una decisión del Tribunal Supremo Federal (STF), máxima instancia del Poder Judicial brasileño, que anuló algunos procedimientos al considerar que el juicio en la primera instancia no respetó el derecho a defensa, y además grandes partes del texto eran totalmente copiados de la sentencia del caso del departamento en Guarujá – tal consideración del STF ya había sido usada para determinar el sobreseimiento de dos exdirectores de Petrobras, pero faltaba que fuera aplicada o no a Lula, lo que no sucedió.

La sentencia también determinó que la condena por ese caso sería de 17 años de prisión. Sin embargo, gracias a la decisión del STF en principio de este mes, Lula no podría ir a la cárcel antes de que el caso sea evaluado en la última instancia judicial, es decir, el mismísimo STF.

Tras la sentencia del TRF-4, el exmandatario brasileño hizo una declaración en la que reafirmó ser inocente. “Al final, ganaré cada proceso contra mí desenmascarando sus mentiras. Mi inocencia está probada en el expediente del caso. No tienen pruebas, sino que solo tesis: la de que Lula no puede ser liberado”, afirmó en su cuenta de Twitter.

El abogado Cristiano Zanin, quien lidera el equipo defensor del expresidente brasileño, comentó que “al justificar su decisión, los jueces volvieron a ignorar la total falta de pruebas en el expediente, nadie es capaz de decir qué contratos entregó Lula a las empresas, y tampoco pudieron comprobar que es dueño de la propiedad, ya que el mismo dueño fue uno de los testigos”.

Zanin también alegó que “al desconocer las irregularidades apuntadas por una corte superior, dejaron aún más evidente de que las razones de la condena están más allá de los hechos, son razones políticas”.