Mientras en las calles las manifestaciones sociales continúan, con el punto de encuentro en la Plaza Italia, hoy denominada “Plaza de la Dignidad”, el gobierno insiste en su posición de acelerar el paquete de medidas de seguridad y de intensificar las negociaciones en el Congreso para sacar adelante su agenda. Esta incluye los proyectos de ley antiencapuchados, antisaqueos y antibarricadas; el fortalecimiento al sistema de inteligencia y, entre otras, el polémico proyecto que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar “infraestructura crítica”, en respaldo a Carabineros, sin la necesidad de declarar Estado de Excepción.

Esta última iniciativa fue ingresada por Piñera este martes al Senado y ha generado amplias controversias porque varios, incluso, salieron a decir de inmediato que era abiertamente inconstitucional. De hecho, en la Constitución se establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas únicamente por Carabineros e Investigaciones, agregando que dentro de sus misiones precisas está el garantizar “la seguridad pública interior”.

El Desconcierto consultó a tres juristas que analizaron la constitucionalidad del proyecto y coincidieron en que las normas existentes ya establecen el resguardo a infraestructura que se califica como “crítica” (instalaciones eléctricas, edificios públicos, redes de telecomunicaciones, hospitales, servicios sanitarios, puertos, aeropuertos), sin que exista necesariamente un estado de emergencia constitucional.

En opinión de la abogada y asesora legislativa Constanza Valdés, este es un proyecto que establece ciertas normas sobre exención de responsabilidad penal (relativo a la legitima defensa, ejercicio de una función, entre otras) que se cumplirán en la medida de que exista un estricto apego a la normativa y, en particular al uso de la fuerza, que será regulado por un Decreto Supremo. Sobre esto, enfatiza que, en la práctica, se traduciría en una “suerte de amnistía” que afecta la reserva legal que existe en materia penal y está establecida en la Constitución.

Valdés pone el acento en que el gobierno confunde los términos de seguridad nacional con el orden público. “La infraestructura crítica, tal como está definida en el proyecto, pareciera que se refiere a asuntos de orden público y no de seguridad nacional que le corresponde exclusivamente a las FF.AA. Cualquier modificación a este sistema no puede ser a través de una ley orgánica constitucional y solo puede serlo en la medida que exista una reforma constitucional al artículo 101 sobre Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública”, detalla.

Para aprobar un cambio a la ley orgánica de las FF. AA, como la que presentó Piñera, se requiere un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio (88 diputados-24 senadores). Pero, según los abogados, esto requeriría una reforma constitucional, que se aprueba con un quorum más alto de 2/3 (103 diputados- 28 senadores). Es por eso, que el penalista Mauricio Daza cree que está la “calculadora de Cristian Larroulet (jefe de los asesores presidenciales) o de alguien más en La Moneda” para agilizar el visto bueno del Congreso y avanzar en la tramitación. “Resulta francamente increíble que se busque abrir una suerte de ´maletín de gasfíter´ para ampliar artificialmente las competencias de las Fuerzas Armadas en democracia”, expresa el profesional.

Por otro lado, luego que Piñera señalara en una de las cadenas nacionales que tuvo la posibilidad de decretar por segunda vez Estado de Emergencia, pero optó por la “razón” y no por “la fuerza” -aludiendo a la frase inscrita en el escudo nacional-, se habló sobre las garantías que habrían requerido las Fuerzas Armadas para salir a las calles nuevamente. De ser así, dice Valdés, tendría congruencia pensar que este proyecto le estaría brindando una “suerte de impunidad” a las FF. AA en la defensa de infraestructura critica. “Ya vimos que anteriormente las FF. AA vulneraron los Derechos Humanos de las personas y estuvieron en tela de juicio, lo que al parecer es lo que no quieren que vuelva a pasar y por eso, el presidente les entrega este marco de impunidad por decreto supremo, algo propio de los gobiernos dictatoriales”.

Esta es una visión que también comparte el abogado de derechos humanos del estudio jurídico de Nelson Caucoto, Francisco Bustos, aunque enfatiza que aún no hay exactitud sobre dichos hechos.

La comisión de Defensa del Senado revisó, la tarde de este miércoles, este proyecto; la primera instancia donde se vieron los detalles de constitucionalidad y también de exención penal de los militares.

[caption id="attachment_326508" align="alignnone" width="640"] Fotografía de Agencia Uno[/caption]

“No hay terrorismo”

Por otro lado, el abogado y magíster en Gobierno y Sociedad, Pablo Contreras, enfatiza en que Chile no enfrenta el contexto de otros países —como Estados Unidos, Reino Unido o España—, que han sufrido embates de terrorismo trasnacional, donde los militares resguardan infraestructura crítica, pero apegándose a una planificación previa y enfocados en sectores que han sido determinados como “vulnerables para la seguridad nacional”.

“Nosotros llegamos a esto ahorrándonos todo lo anterior”, apunta Contreras. “Aquí no hay un fenómeno de terrorismo que amenace nuestra seguridad (…) Hay improvisación y descripciones vagas sobre lo que constituye infraestructura crítica y cómo se determina”, advierte.

Valdés también toca este punto, asegurando que se intentan igualar contextos erradamente para darle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas. Todo esto, considerando, además, que uno de los anuncios de Piñera fue que recibirían asesoría de las policías de Inglaterra, España y Francia sobre métodos para mantener el orden público, fue descartado por este último país. Con esto, el gobierno demostró el nivel de improvisación de la medida que anunció el domingo pasado en cadena nacional.

Mientras que la abogada de ABOFEM, Danitza Pérez, dijo que "si queremos avanzar hacia un acuerdo de paz, el gobierno debe dejar de hacer oídos sordos a las demandas de la gente, comenzar por condenar las graves vulneraciones de derechos humanos que estamos viviendo y remover los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Fuerzas Armadas. Eso sí lo puede hacer a través de su potestad reglamentaria". 

[caption id="attachment_327227" align="alignnone" width="5472"] AGENCIAUNO[/caption]

Reacciones políticas

Desde antes de conocer el detalle del proyecto, algunos parlamentarios salieron a decir que este era un proyecto inconstitucional. Más aún, esto lo enfatizaron cuando este martes se conoció el contenido mismo, sobre todo, uno de los párrafos que causó más polémica que abriría la puerta para eximir penalmente a los militares que resguarden la “infraestructura crítica”. Esto último fue calificado por parlamentarios de la oposición como una posible “carta en blanco” para las Fuerzas Armadas que “otorgaría impunidad” ante delitos que se pudieses cometer una vez aprobada la normativa.

De esta última opinión fue el presidente del Partido Socialista (PS), el senador Álvaro Elizalde, quien dijo no compartir la decisión de involucrar a las FF. AA en materias de orden interno. El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, también se mostró en la misma línea y planteó, en entrevista con El Desconcierto, que Piñera buscaría compartir los eventuales costos de aprobar esta iniciativa con el Congreso, en vez de asumir una decisión que sería propia del Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente de la DC, Fuad Chaín, les ha dado un poco más margen a las decisiones y aclaró que “no están por pegarle un portazo a ninguna iniciativa que tenga que ver con el orden público”. Su posición es que, si el gobierno pretende que esta iniciativa sea aprobada, debería hacerlo a través de una reforma constitucional y que se debería establecer constitucionalmente un “Estado de Alerta”, de menor intensidad que el Estado de Sitio y que el Estado de Emergencia. “Con esto se podría permitir la presencia militar para el resguardo de la infraestructura crítica sin que tengan que tomar el control de otras zonas, como se decreta en Estado de Emergencia”.

La diputada comunista Carmen Hertz, en tanto, se mostró crítica del contenido del proyecto.

https://twitter.com/carmen_hertz/status/1199525561271541766

También desde el Frente Amplio criticaron la eventual exención penal, según lo declaró la diputada de Comunes, Claudia Mix, y el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, quien enfatizó en que el uso de la fuerza tiene que estar normado por ley y no vía decreto.