Mientras las acusaciones de ultrajes, abusos, desnudamientos y golpes sumaban y seguían en todo el país, el video de una joven veinteañera apareció en las redes sociales.

Eran las diez de la noche del 15 de noviembre en Rancagua cuando la mujer fue alcanzada por cuatro funcionarios de Carabineros en la intersección de las calle Alcázar y Cuevas.

En el registro se ve cómo forcejean con ella y también cuando se suma un quinto policía. La agreden y queda semidesnuda. Lo que sigue después es una verdadera historia de terror.

"Mira cómo la tienen"; "¡No la veís!", dice una joven que graba sosteniendo el celular aparentemente desde la ventana de un edificio. Ella también está afectada como testigo de la situación. Llora. Se ven pasar autos y hasta una joven en bicicleta. Nadie hace nada, mientras los uniformados no dejan de violentarla.

En una de las denuncias que recoge su relato, la víctima reconoce que en distintas manifestaciones vio que Carabineros la grababa cuando participaba de algunas actividades culturales relacionadas con la música, tocando su trompeta, pero en esos momentos no le dio importancia. Lo que no se ve en el registro es que, antes de ser abordada, ella caminaba tranquilamente hacia Plaza Los Héroes cuando se dio cuenta que la gente comenzaba a correr. Ella hizo lo mismo.

Desde que fue alcanzada por los carabineros y tirada al suelo, comenzó una verdadera pesadilla: le esposaron la mano izquierda; le doblaron uno de sus brazos para provocarle dolor (en el video se ve que ella grita rogando que no la suban al carro). Uno de los funcionarios habría sido particularmente violento y le escuchó decir: "Hasta que al fin te agarramos, maraca". El insulto fue usado persistentemente por él, todas las veces que la golpeó y siguió hostigándola después, estando en el calabozo. 

Cuando comenzó a pedir auxilio, fue acallada por el mismo carabinero: le apretó el cuello con una mano, cortándole la respiración, y luego comenzó a hacer tenaza con sus dedos directamente sobre la tráquea de la joven.

En el testimonio que recoge su denuncia, relata que estaba aterrorizada por la violencia que estaba sufriendo, por eso se resistió a que la subieran al carro policial, poniendo las piernas estiradas y rígidas para impedirlo. En medio del  forcejeo, ya se encontraba con la parte superior de sus ropas recogidas, quedó con el torso semidesnudo e intentó cubrirse. En ese momento el mismo Carabinero que la había estado asfixiando metió la mano entre sus piernas y le apretó directamente sobre sus genitales. Quedó en estado de shock. Fue empujada al interior del vehículo y el policía volvió a agarrarle uno de sus glúteos. El vehículo de Carabineros se quedó en el lugar varios minutos hasta que detuvieron a una segunda persona.

La joven fue llevada al CESFAM del sector para constatar lesiones. En el centro asistencial la atendieron dos enfermeras. Mostró sus hematomas y le dieron tranquilizantes inyectables. Minutos después, al mismo centro de salud entraron dos carabineros. Uno era una mujer, de quien recuerda que el uniforme llevaba la identificación de su apellido, "Pino"; el segundo era el carabinero que la había violentado física y sexualmente. Comenzó a sentir pánico y  pidió que la alejaran de él. La cambiaron de lugar. En ese instante escuchó que el uniformado le decía al personal del CESFAM que la atendía “que la pusieran a dormir”.

Ella exigió que no la volvieran a inyectar mientras estuvieran cerca los funcionarios de Carabineros.

—¡Sí seguís dando Jugo, te vamos a dar más jugo! ¡Te la ganaste que te pegáramos! —le dijo el mismo agente que la había violentado.

Finalmente fue trasladada hasta la Primera Comisaría de Carabineros. Allí no le habrían leído sus derechos, ni le habrían permitido hacer ninguna llamada. La carabinera de apellido Pino la llevó al baño, pero dejó la puerta abierta, mientras dos carabineros más la observaban. La obligaron a desnudarse: primero, la parte superior del cuerpo, luego la inferior. Le ordenaron ponerse en cuclillas. Después de la revisión la pasaron a un calabozo, donde había otra detenida, quien trató de calmarla para protegerla del carabinero que continuaba acosándola.

A las cinco de la mañana llegó a la Comisaría una abogada, quien informó al Fiscal Nicolás Núñez Valenzuela de la denuncia y, con apoyo de la PDI, dispuso el traslado de la joven a instalaciones de la Policía de Investigaciones de Rancagua.

Desde el cuartel la llevaron al Hospital regional para una segunda constatación de lesiones. Luego fue llevada a la unidad de la PDI y varias horas después pudo volver su casa. Ella aún desconoce los motivos de su detención.

El relato quedó estampado en las dos denuncias que llegaron hasta el INDH con ayuda de un abogado de la región.

La violencia sexual como mensaje

Tocaciones, desnudamientos, insultos de carácter sexual y golpizas es lo que denunciaron la mayoría de las víctimas entrevistadas por abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde los primeros días de las manifestaciones. Según el último reporte del organismo, correspondiente al 22 de noviembre, hay 74 querellas presentadas contra uniformados por violencia sexual, de las cuales cuatro corresponden al delito de violación (denuncia que alcanza a hombres y menores de edad).

Beatriz Conteras, directora regional del INDH, es clara a la hora de relatar cómo esta violencia político-sexual se dirige hacia las mujeres de manera específica, como un intento de sacarlas de las manifestaciones o de los espacios públicos. Es decir, es una herramienta más para reprimir.

"En la situación específica de la violencia sexual en contexto de la protesta social, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, concluyó que los agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo anti motín, constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado", explica.

La abogada comenta que en el caso de Santiago detectaron que en la 12 Comisaría de San Miguel fue donde más se generaron denuncias por desnudamientos a mujeres, adultas y adolescentes. En su paso por las comisarías —desde el primer día de manifestaciones— le ha tocado registrar casos da amenazas de violación con el arma de servicio, desnudamientos forzoso y obligación de practicar "sentadillas" (incluso niñas de 15 años) en presencia de otros funcionarios; tocaciones con amenazas de violación frente a otros detenidos o funcionarios policiales; además de violencia verbal y sicológica.

"La violencia sexual es inaceptable y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público, sobre todo considerando las obligaciones internacionales del Estado en cuanto a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres", concluye.

Este tipo de denuncias aumentan en medio de las críticas al ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que encabeza Isabel Plá. Distintas organizaciones feministas han pedido su renuncia por la omisión de la información entregada por medios de comunicación alternativos. Se le acusa de no cumplir con sus deberes y una conducta de pasividad frente a las acusaciones que relatan cómo las mujeres han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes del Estado.