Las negociaciones entre la derecha y la oposición para dirimir el camino para llegar a una nueva Constitución nuevamente terminaron con el Partido Comunista (PC) excluido. La colectividad tomó conocimiento de la reunión a última hora del jueves, cuando la mayor parte de las definiciones estaban cortadas entre los mismos actores políticos de siempre: Chile Vamos y los partidos de la ex Concertación, junto a Revolución Democrática, Comunes y Gabriel Boric, un bloque del Frente Amplio (FA).

El acuerdo alcanzado la madrugada de este viernes entre esos partidos establece un plebiscito para dirimir entre una Convención Constituyente y una Convención Ciudadana (esta última similar a una Asamblea Constituyente). Y luego un segundo plebiscito para aprobar la nueva Constitución que defina una de esas dos instancias. El proceso comienza con una hoja en blanco y requiere de 2/3 de los constituyentes para aprobar sus articulados.

Para el PC y parte del Frente Amplio, precisamente, el gran escollo está en el guarismo de aprobación de los constituyentes (los 2/3), pues suponen que dada la actual correlación de fuerzas políticas del país la derecha y sectores conservadores podrían llegar hasta el 40% de representación, es decir, más de 1/3 de la convención que se elija. Aquello le daría un poder de veto en todas las materias a discutir, similar a lo que sucede con la actual Constitución.

Marcos Barraza, director de la escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, ex ministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet y miembro de la Comisión Política del PC, pese a las dificultades del quórum de 2/3, ve con buenos ojos la participación de su colectividad en el futuro debate que se dará en el Congreso para dar viabilidad al acuerdo.

—¿Cómo evalúas la ausencia del Partido Comunista en la negociación por una nueva Constitución?

“Nosotros no fuimos invitados ni convocados a este acuerdo con el oficialismo. No fuimos convocados porque nosotros hubiésemos explicitado nuestro punto de vista, entendiendo las repercusiones que ha tenido la movilización de millones de chileno y chilenas que hoy mueven un cambio constitucional. Pero también eran importantes otros aspectos que claramente no se ajustan al criterio plenamente democrático: el mantener el quórum de 2/3 es conservar un rasgo de la actual Constitución. Ese ha sido un candado con el que se han impedido reformas constitucionales a la fecha. Es decir, se conserva el mismo rasgo de la Constitución pinochetista. El que exista una hoja en blanco no significa que al no quedar cristalizado en la Constitución no siga operando la misma institucionalidad, porque las leyes van a mantenerse y también el mismo supra-quórum”.

—El Frente Amplio se sentó y peleó los 3/5 de quórum. Considerando eso, ¿es un fundamento suficiente el rol del PC?

“A nosotros se nos excluyó, no se nos invitó. Y esto porque era predecible que hubiésemos exigido la participación activa del movimiento social organizado. La ausencia de los sindicatos como la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, es no reconocer que el pueblo exige con mucha justeza deliberar no solo ser observadores”.

—Pero ahora, sobre los hechos, ¿se restaron de un hecho histórico?

“El movimiento social requería participar y no fueron consultados. Una modificación así exige representación de pueblos originarios y paridad de género. Esos rasgos deberían haber quedado consolidados al inicio. No se nos invitó porque probablemente se sabía que nosotros íbamos por los 3/5, no los 2/3. Desde los 90 todas las reformas estructurales se bloquearon por este supra-quórum. No se pueden establecer limitantes en la deliberación popular y, en los hechos, los 2/3 es una limitante para los acuerdos. La existencia de un mecanismo que plebiscite una Asamblea Constituyente, en este caso con otro nombre, es un avance para el movimiento social, quienes lo han planteado desde el principio de las movilizaciones son ellos. Hubiese sido interesante que se hubiese escuchado el planteamiento de Unidad Social, porque es representativo; también hubiese sido muy importante que no se conservaran un enclave tan autoritario y obstruccionista de la democracia como son los 2/3”.

—¿Cuál debiese ser el rol del PC de ahora en adelante?

“Reemplazar la Constitución pinochetista por una nueva es un desafío que debe convocar a todas las fuerzas políticas y sociales. EL PC debe seguir participando en esa discusión, con fundamento en el movimiento social. Por lo mismo, cuando se comience a deliberar en el Congreso, evidentemente el partido tiene que contribuir a mejorar las características de esta asamblea, especialmente legislando: por ejemplo, eliminando el supra-quórum. El rol activo de movimiento social en términos de apoyarlo es clave”.

—¿Desde la psicología puedes identificar y vincular ciertas actitudes del gobierno a determinadas definiciones o conceptos propios de esa área?

"El gobierno del Presidente Piñera tiene marcados rasgos autócratas: definición por sí y para sí, no en función del interés social ni ciudadano. Opera sobre la base de un principio de la negación de la realidad: el Presidente parte criminalizando la evasión del transporte público; continúa militarizando el país, decretando un Estado de Emergencia; decreta toque de queda; luego declara estado de guerra entre chilenos; después pide perdón, pero antes, anuncia medidas sociales de menor cuantía que la problemática y la discusión nacional exige; luego va a visitar a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a partir del Estado de Emergencia que él decreta; a continuación, anuncia una agenda en materia de seguridad ciudadana y criminalización que profundiza el modelo persecutorio y le da forma legislativa y judicial; y luego, se abre a ajustes en materia constitucionales con Chile Vamos; y a continuación señala que es posible una nueva Constitución sobre la base de una deliberación restrictiva asociada al Congreso. El Gobierno niega la realidad, pero después de negarla, la distorsiona. En definitiva, veo dos problemas en la interna la actual administración".

—¿Cuáles?

"Las fuerzas militarizadas, si se quiere, que están adentro: los halcones, la UDI y la impronta de Kast se deja sentir con mucha fuerza. Hay otra derecha al interior del gobierno que logra leer, desde su perspectiva y su interés de clase, que para mantener lo esencial del modelo neoliberal hay que partir reconociendo que hay una crisis estructural y de funcionamiento del Estado. En el fondo, hay dos situaciones que se consolidaron: por un lado, al gobierno se le detona la crisis en el contexto de la agenda neoliberal más aguda que se ha implementado desde la dictadura a la fecha, con un debilitamiento de la institucionalidad de protección de derechos, lo que es una señal sistémica; y en segundo lugar, en ese contexto, es evidente que se consolidó una brecha y una coalición de cómo el mundo social, el pueblo de chile, percibe el modelo desde el punto de vista de su vida".

—Es el reconocimiento de los alcances del modelo neoliberal en el cotidiano, como un estilo de vida.

"Es una crisis política, a propósito de que el programa del presidente Piñera se desmoronó, pero es una crisis sistémica a propósito del entendimiento mayoritario que se ha establecido, que con este modelo de desarrollo neoliberal no es posible el bienestar compartido".

—¿Qué análisis hace de la oposición desde el estallido de la crisis?

"A una parte le ha faltado claridad democrática. Lo que hoy está en cuestión es lo establecido. Creo que no se ha leído la demanda social por parte de esos partidos".

—No han sido pocas las oportunidades que la oposición ha tenido para mostrar fortaleza o unidad.

"Hubo partidos de la ex Concertación que, tras la derrota de la ex Nueva Mayoría, creyeron que era una derrota estratégica y cultural: que las reformas del país y las aspiraciones de transformación se habían sofocado y el país había retomado un cause neoliberal en términos de soluciones de mercado, Estado subsidiario, democracia restrictiva y reformas incrementales y no sustantivas. El gobierno de la NM impulsó reformas sustantivas, no incrementales; los de la Concertación impulsaron reformas incrementales y muy graduales. Lo que ha quedado en evidencia es que fue una derrota política, pero que el ímpetu transformador del orden político y económico del país tiene más fuerza que antes".

—Si las movilizaciones siguen con la fatalidad y la algidez actual, ¿se hace viable una renuncia del Presidente?

"El Presidente hace rato dejó de tener legitimidad democrática. Tampoco tiene gobernabilidad. Lo digo a propósito que el presidente fue electo con una holgada votación. Sin embargo, él no fue electo para sacar a los militares a la calle ni para generar un estado de violaciones a los derechos humanos con terrorismo de Estado. Por eso digo que no tiene legitimidad democrática. Él no fue electo para este autoritarismo ni para esta lógica de dictadura velada. Que en Chile hayan más de dos mil personas que hayan estado detenida, que hayan 160 jóvenes que perdieron sus ojos, eso es violencia sistemática por parte de la policía y del gobierno. En cualquier parte del mundo el general director de Carabineros ya habría renunciado. En cualquier país democrático el ministro del Interior habría tenido que asumir responsabilidades y probablemente habría tenido que renunciar. Cuando el Presidente decide decretar estado de emergencia y toque de queda consecutivamente, decide vulnerar el estado de derecho. Perdió legitimidad democrática y entró en un estado de perturbación en términos de sus decisiones, contradictorias y ambivalentes, que no permiten tener gobernabilidad en el país".

—¿Eso hace plausible la opción de la renuncia, o al menos considerarlo una alternativa legítima y válida?

"Yo creo que él no está en condiciones de seguir gobernando. Sin embargo, si él deja de gobernar o no, tiene que ver con la capacidad del movimiento social. Por lo pronto, la acusación constitucional, que es un elemento sustantivo de su responsabilidad política, es un camino que también hay que profundizar".

—Haciendo un ejercicio comparativo, es bastante el tiempo de protesta social actual en el país considerando, por ejemplo, el de el Líbano.

"Lo que estamos viviendo es un gobierno sordo respecto de la demanda social y que aplaca la demanda social con violaciones a los derechos humanos. Los rectores hicieron llegar una carta en la que exigían que se dejaran de usar balines, porque es una conducta asesina y que genera miedo, provoca un daño irreparable en las víctimas. Si eso no es terrorismo de Estado, díganme qué es".

—¿Hay vuelta atrás?

"No creo que haya vuelta atrás: se inicia un ciclo de reformas políticas, económicas, culturas de tiempo prolongado".

—¿Cómo lo llamaría?

"El Chile de la refundación democrática del que nadie quiere ser testigo: todos quieren ser protagonistas".