Las masivas y más grandes movilizaciones populares para enfrentar la crisis política y social que vive el país, muestran fuerzas centrípetas en el seno del movimiento social que dan paso de demandas complementarias a demandas homogéneas cuyo núcleo central es la exigencia y necesidad de una Nueva Constitución.

Los sentimientos y racionalidad que se enfrentan al neoliberalismo imperante no decrecen y por el contrario se mantienen en alza en los territorios, alimentándose de ideas y propuestas emancipadoras contra la dominación y hegemonía de la mercantilización extrema de las relaciones sociales.

De lo anterior, la movilización social en curso no es catarsis como intentan interesadamente argumentar los y las voceras de la elite. No es un flujo de energía que luego de ser evacuado se da paso a la restauración del Estado o condición previa. Una visión de esas características además de simplista es psicologizar y no comprender un proceso de transformaciones sociales que se funda en demandas altamente racionales y de profundo convencimiento, fundadas en décadas de postergación y exclusión, que en lo medular apuntan a la construcción de un nuevo orden político, económico y cultural.

El movimiento social y el pueblo de Chile han llegado al entendimiento de que se debe hacer frente a lo esencial, a aquello que determina el carácter del Estado y que regula nuestras relaciones de poder y de convivencia. Emerge la profunda convicción de que no es posible sostener transformaciones sociales sustantivas en el tiempo si la carta fundamental de nuestro país se mantiene inalterada y contraria a la soberanía nacional y los intereses de las grandes mayorías.

Por lo mismo, un rasgo central de esta masividad, confianza y perseverancia en la movilización social es la creciente politización de la narrativa y en consecuencia de la demanda política y social; expresada en una conexión entre la exigencia vivencial, esto es la expresión concreta de los derechos sociales, con la demanda política, a saber, un nuevo orden constitucional que dé paso a una refundación de la democracia y a un modelo que se oriente y asegure bienestar compartido.

Lo inestable e irresponsable es insistir en mantener un orden político y con ello un orden económico que sucumbe en legitimidad y capacidad, con evidencias concretas de su insuficiencia estructural para abordar las exigencias y necesidades del pueblo de Chile, expresado en bajos salarias, aumento de desempleo, especialmente en las regiones, escuálidas pensiones, entre otros.

Lo irresponsable sería promover y edificar un pacto transicional de espaldas al pueblo de Chile. El error histórico sería reeditar una transición que aletargue a las comunidades movilizadas, que desmovilice y restrinja el anhelo y la posibilidad más cierta de un cambio social con énfasis en la soberanía del pueblo. Reeditar una transición que desmovilice al pueblo de Chile solo prolonga o cronifica el conflicto.

Es un dato de realidad que el Presidente de Chile no cuenta con apoyo popular y su proceder se ha convertido en el problema más severo para la salida política; progresivamente y cada vez más carece de apoyo político, incluyendo sectores de derecha que por temor a la pérdida de ascendente sobre el mundo social se abren a la posibilidad de cambiar la Constitución y a otras reformas sustantivas.

Dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, se abren a la exigencia popular de dotar a Chile de una nueva Constitución, concluyendo que la única respuesta y salida política con asidero en el pueblo es replantearse las bases fundamentales de Chile. Sin embargo, quien sostiene el orden constitucional reconocido como ilegítimo es el poder ejecutivo, tratando de mantener en pie una estantería que ya no cuenta con patas.

Las movilizaciones, las protestas generalizadas y el estado de alerta social extendido a todo Chile, evidencian el fracaso del programa de gobierno del presidente Piñera, el más agudo en acumulación y exclusión desde la Dictadura de Pinochet; pero también refleja el fracaso del neoliberalismo y su incapacidad sistémica para proporcionar respuestas a la demanda ciudadana. La disputa Neoliberalismo versus Democracia hoy es más patente que nunca; el pueblo de Chile adquirió conciencia de que este modelo económico no garantiza sus derechos y es incompatible con un Estado democrático y soberano.  

Por ello, es un imperativo de convivencia democrática impulsar un proceso, vía plebiscito, de Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución, en el entendido que la forma y el fondo van de la mano cuando se busca profundizar la democracia. La Constitución de la dictadura, pese a todas sus modificaciones, sigue siendo un instrumento que consagra un Estado subsidiario y limita la capacidad de deliberación popular. Esta Constitución al igual que las que la precedieron, no son fruto de la deliberación del pueblo y en consecuencia interpreta a las elites y no al mundo popular que vive las consecuencias de la normativa constitucional.

Pero, lo peligros para concretar las expectativas sociales son muchos y vienen del gobierno, la derecha y sectores neoliberales. La masiva y plural convocatoria de este prolongado levantamiento social ha logrado construir una transversal agenda de transformaciones, pero aún no ha logrado consolidar un ciclo de reformas orientados al cambio constitucional o reformas como fin a las AFP.

Es evidente que el gobierno despliega una doble estrategia. Por un lado, el no reconocimiento a la demanda política que genere un desgaste en la masividad y tensión social y un consecuente aburrimiento que lleve a una nueva decepción histórica, con repercusiones incluso en la próxima elección con mayor abstención electoral; de la mano de un esfuerzo de impulsar masivos cabildos estructurados desde los municipios de derecha, que forzosamente instalen un sentido común en que las demandas sociales están disociadas de las demandas de estructura y funcionalidad política.

De lo anterior, no se debe subestimar a la derecha y su capacidad de construir relatos en el mundo social. Lo hizo durante el gobierno de la Nueva Mayoría para contrarrestar la reforma en educación, lo hizo para obstruir la reforma tributaria y mantener la desigualdad tributaria y también lo hizo para restringir políticas con enfoque de derechos en niñez. Y lo intenta hacer hoy por ejemplo con la creación de los “chalecos amarillos” y tratando de resignificar el concepto de solidaridad: Pilar Sordo y su noción de solidaridad asociado a lo que le sobra y su caridad feudal es ilustrativo de ello. 

La derecha muestra una constante capacidad de adaptabilidad social, cohabitando en su sector diversas identidades que expresan matices, pero que responden y tributan al mismo patrón de exclusión social. Hoy deja de ser útil la derecha del discurso del emprendimiento y la liberalización extrema de la economía, la del presidente Piñera, y pareciera ser más útil revitalizar la idea de una derecha popular que empatiza con las demandas, en la medida que se mantiene inalterable lo esencial del modelo.

Con seguridad sus cabildos tienen el propósito de resignificar y constreñir la demanda de justicia social, pero su legitimidad debe ser objetada dado que dichas instancias junto con no ser vinculantes, son organizados de manera excluyente por el gobierno, el único poder del Estado que se niega a un cambio constitucional y no reconocen la participación del movimiento social organizado.

Finalmente, se viven momentos decisivos que reconfiguran al país; se viven prolegómenos de un nuevo contrato social que perfila un orden político, económico y social que no responde a la misma clave de gobernabilidad en la que se sostuvo el fin de la dictadura y la transición pactada.

El pueblo de Chile, en base a una justa desobediencia civil, pero con un alto costo en violaciones de derechos humanos, deja sentir su hastío a la desigualdad existente y demanda un tiempo que incluya de manera sustantiva la deliberación ciudadana.