Durante la mañana del miércoles 30 de octubre, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos dio a conocer los resultados del último proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE), implementado por primera vez en todas las regiones del país. En ese contexto, llamó a sumarse a una serie de “Cabildos de Apoderados” con el objetivo de acoger inquietudes y opiniones en torno al proceso.

Las cifras entregadas por el Mineduc indican que un 36% de los postulantes quedó en su primera preferencia y un 62% en alguna de las tres primeras. Sin embargo, tal como revelarían académicos de la Universidad de Chile durante el transcurso del día, el gobierno sólo se habría enfocado en aquellos que postularon a escuelas con sobredemanda, excluyendo a todos los demás participantes del proceso para los cuales, de acuerdo a afirmaciones de la Ministra, el algoritmo no operaría.

Si uno considera universo total, las cifras cambian significativamente, ya que en realidad, un 54% de las postulaciones quedaron en su primera preferencia y un 80% en alguna de las tres primeras. Esto es algo positivo, dado que pese a las discusiones impulsadas por el Ministerio de Educación sobre el Sistema, la mayoría de las familias efectivamente quedaron en alguna de sus escuelas preferidas, en porcentajes similares a experiencias internacionales.

Pareciera que la presentación de información que hizo la Ministra es un intento del gobierno de insistir sobre la necesidad de impulsar los cambios contenidos en su proyecto de Admisión “Justa”, muchos de los cuales constituyen un retroceso en materia de justicia educacional, dado que abren la puerta a que las escuelas puedan volver a discriminar estudiantes, priorizando la elección de las escuelas sobre las familias,  ello en nombre del “mérito” y “libertad de elección”.

Hay algo problemático que los datos estarían revelando: un problema de sobredemanda que podría explicarse por una escasa oferta de establecimientos que sean de preferencia para las familias. Sin embargo, este problema no se resuelve por algoritmos, sino que a través de esfuerzos sustantivos por parte del gobierno de avanzar en una agenda que aborde el fortalecimiento de la educación pública de manera global e integral, tema que pareciera no estar dentro de sus prioridades. La educación pública de calidad es un derecho y nadie debiera “competir” por ella.

Si el gobierno realmente pretende atender las inquietudes de las familias respecto a la educación de sus hijas e hijos, debiera redirigir sus energías y recursos al fortalecimiento de la educación pública, en base a un diálogo que necesariamente debe reunir la multiplicidad de voces que conforman la comunidad educativa: estudiantes, familias, apoderados y apoderadas, equipos directivos y docentes, asistentes de la educación, académicos, académicas y organizaciones de la sociedad civil, para, de una vez por todas, construir juntos la educación que como país buscamos garantizar para los y las estudiantes del país.