El pasado viernes 4 de octubre, distintas organizaciones feministas, como Fundación Comprometidos, Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Corporación Humanas y Ni Una Menos Chile; del área de la Salud Pública, como el Colegio de Matronas-Regional Metropolitano; y junto con las parlamentarias Camila Vallejos (PC), Karol Cariola (PC) y Camila Rojas (IA) y el diputado Víctor Torres (DC) -entre otras personas y agrupaciones firmantes-, acudimos a la Contraloría General de la República, para pedirle a ese importante organismo autónomo que, en atención a sus facultades, ejecute auditorías en todo el país destinadas a evaluar la implementación de la ley Nº 21.030, que reconoció el derecho de todas las mujeres a abortar bajo tres causales específicas y que el mes pasado cumplió dos años desde su entrada en vigencia.

Esta petición se fundamenta principalmente en los diversos obstáculos que esta implementación ha evidenciado, según ha sido constatado por diversas organizaciones -como la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Corporación Humanas- además de lo publicado en diversos medios de comunicación, que dan cuenta de graves vulneraciones a mujeres que, estando en algunas de las causales legales, no han recibido la atención de salud que la ley exige.

Según estos estudios y reportajes periodísticos, las principales dificultades que enfrentan las mujeres están asociadas a la falta de difusión acerca de cómo hacer valer el derecho a abortar, y a la capacitación del personal médico y técnico, que dificulta el aseguramiento de un espacio de respeto, intimidad y empatía. A su vez, la figura de la objeción de conciencia -cuya vertiente institucional fue creada ilegítimamente por el Tribunal Constitucional, constituido como un poder fáctico que impudorosamente juega a la política ante la mirada complaciente de “expertos” y columnistas mercuriales- ha generado importantes dificultades prácticas que, sin embargo, no pueden constituir una excusa para desatender los derechos que las entidades estatales tienen el deber de respetar y cumplir.

Desde luego, el desafío de asegurar la correcta implementación de esta ley sigue siendo tremendamente grande. No sería fácil -se sabía- considerando principalmente que el sector político y religioso que representa a las actuales autoridades de gobierno hace tan solo unos cuantos años atrás insistían en argumentos infantiles y vacíos para oponerse con uñas y dientes a esta ley.

Algo muy similar ha sucedido en el sector educación, en el que una Ministra de Estado ha entorpecido flagrantemente la implementación de las reformas aprobadas en el gobierno anterior. Y algo parecido puede visualizarse en el sector justicia, en donde el gobierno efectuó modificaciones al Plan Nacional de Derechos Humanos, para desligarse de la responsabilidad de impulsar el matrimonio igualitario, según fue exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esperemos entonces que la petición efectuada en la Contraloría General de la República sea acogida, porque es necesario que sea ahora la institucionalidad pública la que fiscalice cómo el actual gobierno ha ejecutado en el sector público –que es donde se atienden las mujeres más vulnerables del país– una norma aprobada por el Poder Legislativo y que representa un derecho adquirido de manera legítima luego de una larga lucha feminista que no tiene pie atrás.

Y es que un derecho ganado en la calle, se respeta o se respeta.