El verano de 2017 la zona rural de la región de O’Higgins se tiñó de fuego y humo. Fue una de las temporadas más complejas para el país en lo que a incendios forestales respecta. Hubo víctimas fatales por causas directas e indirectas, además de Santa Olga, ese poblado arrasado por las llamas en su totalidad. El número mismo abruma: más de 500 mil hectáreas quemadas en todo Chile.

Lo que vino después fue una reinvención de los afectados, buscar la forma de recuperar la fertilidad de las tierras que perdieron, del ganado que murió, o los recuerdos que se hicieron cenizas. De algo estaban seguros: como tantas veces habían escuchado, más del 90% de los siniestros que entran en esta categoría eran producto de la intervención humana. Correspondía, entonces, buscar a los responsables.

La investigación en el Ministerio Público, que empezó ese mismo año y continúa hasta hoy, tiene a tres altos ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) como los posibles responsables por los incendio y sus daños: Patricio Yáñez Mardones, que en esa fecha trabajaba como subgerente técnico zonal de la empresa en la región de O’Higgins; José Reyes López, jefe de Mantenimiento y Construcción para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro; y Esteban Vuchetich, subgerente de Operaciones y Mantenimiento. Arriesgan, de ser considerados culpables, penas que parte en los cinco años de cárcel.

La presión de la situación ha afectado a tal forma a CGE, que han buscado medidas alternativas que supriman los procedimientos. Más todavía con el antecedente de los $1.609.377.678 de indemnización que el 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz ordenó a la empresa pagar -en primera instancia- a la familia Izquierdo Menéndez, afectados también por el fuego.

En concreto, son dos los hechos que muestran preocupaciones evidentes: primero, el procedimiento compensatorio que propuso la Compañía General de Electricidad a los afectados, con condiciones al menos cuestionables; y segundo, la transacción de acuerdo y finiquito que la misma empresa intentó pactar con las municipalidades de Marchigüe y Paredones, en la línea de reparación por los efectos causados en la flora y fauna del lugar, producto de los incendios forestales y que significaban $370 millones de pesos en honorarios para el abogado Arturo Correa Cuevas, representante legal de ambas comunas. Gasto que corría por cuenta de la misma CGE. Ambos hechos con documentos a los que accedió El Desconcierto y que mostramos a continuación.

Tres clases de personas

El 15 de mayo pasado, Lorenzo Cáceres y Alejandra Baeza fueron contactados por el fiscal Nicolás Núñez, quien les informó de las condiciones para que todo el procedimiento en el que estaban inmersos quedara suspendido. Lo extraño es que el fiscal Núñez, según los mismos afectados, les explicó de la situación a nombre del fiscal regional subrogante, Javier Von Bischoffhausen, y directamente a ellos como afectados, no a través de sus abogados.

Además de esta solución alternativa a todo el procedimiento, Núñez les pidió a Cáceres y Baeza que le hicieran llegar los documentos que acreditaran sus condiciones de víctimas (documentos de propiedad, posesiones efectivas, testamentos, además de todas las pruebas que demostraran lo que se perdió en el incendio), otro papel que acreditaba que, de aceptar la compensación, renunciaban al ejercicio de acciones civiles, alineándose a todos los términos; y un tercero en que renunciaban al patrocinio del poder conferido a los abogados que los representan.

El acuerdo que la empresa propuso a modo de compensación parte sobre la base de tres tipo de afectados, cada uno por los montos de las pérdidas.

El primer tramo de víctimas corresponde a quienes perdieron no más de $5 millones de pesos en los incendios. Para que se les compense, la empresa debe reconocer  que hay veracidad en el monto solicitado; en la misma línea, CGE puede pagar menos en la indemnización solicitada por ver que existen antecedentes que los respaldan (es decir, que lo perdido fue menos de lo que señalaron las víctimas), o incluso porque los antecedentes no guardan relación con los valores de mercado.

El segundo grupo de personas a indemnizar considera daños de entre $5 millones y $30 millones. Además de los antecedentes que demuestren esos alcances monetarios, en este segundo tramo CGE designará un liquidador que visitará a en terreno a algunas víctimas (no a todas y de forma aleatoria, pese a que el documento menciona que sería selectivo). Cruzando la información que entregó la víctima y la que el liquidador recolectó, la Compañía define el monto final a indemnizar.

La tercera clase es una compensación a quienes perdieron más de $30 millones. Aquí se reúnen la entrega de antecedentes más la condición del liquidador. Es decir, mismas condiciones que en el tramo anterior. En el documento, no obstante, se señala que en determinados focos de incendio de la región (Nilahue y Perdigadero, específicamente, pues en el documento apunta a que en estas zonas ellos no tendrían toda la responsabilidad por los siniestros), CGE podrá indemnizar a la víctima en un 25% de lo que vio el liquidador que la misma compañía envió.

El paso siguiente es el porcentaje de víctimas que acepten la propuesta para hacerla efectiva.

En el primer tramo, para que la Compañía indemnice, el 70% de las víctimas deben aceptar el acuerdo. En el segundo grupo, el 50% debe estar de acuerdo. En el último, el 30% debe mostrarse conforme.

Los montos de indemnización, según se lee en el mismo acuerdo, los fija CGE sin posibilidad de negociación. Las víctimas solo pueden aceptar o rechazar las ofertas. Además, esta indemnización considera solo pérdidas económicas “directas y previsibles”, como, por ejemplo, el valor comercial de un bosque en particular, dejando de lado las ganancias que podría haber tenido determinado predio, como tampoco considera el daño moral (el sufrimiento que los hechos pudieron haber provocado). Una vez que se cumplan estas condiciones, los ejecutivos de la empresa quedan librados de cualquier acción penal.

Este mismo tipo de acuerdo se impuso en la  VI región, donde llevaron un procedimiento judicial de igual categoría y que fue aceptado a principios de este año. En lo que no detallaron fue en los métodos usados para que aceptaran esta propuesta.

El 10 de junio pasado, más de 30 personas involucradas en la demanda coincidieron en aquel método de presión usado por el Ministerio Público para que aceptaran la compensación y dejaran el trato con sus abogados.

Todas las acciones fueron presentadas a la Fiscalía Nacional como una denuncia por presuntas irregularidades en la investigación del delito de incendio. Con todo, la actitud de apuntar al medio y no al fondo de la situación parece ser una acción recurrente de CGE.

El abogado de los trescientos millones

Aparte del problema con las víctimas afectadas por los incendios, CGE también tuvo que resolver una demanda por los daños que causó a la biodiversidad de dos comunas: Marchigüe y Paredones. Ambos gobiernos locales iniciaron un proceso judicial que en marzo pasado mostró cuestionables caminos.

La empresa Gysling & cia. elaboró, a pedido de la Compañía -tras una negociación entre los municipios y la eléctrica- una “propuesta Plan de Reparación de los efectos causados por los incendios forestales que afectaron a las comunas de Marchigüe y Paredones al ‘componente biodiversidad: flora, vegetación nativa y fauna’”. El objetivo del documento era definir las zonas afectadas, plantear una reparación en cuanto a suelo y vegetación nativa, además de la fauna, incorporar el “plan de restauración una propuesta metodológica”, y “establecer un compromiso de medidas y acciones a ejecutar para la reparación”.

Junto con delimitar las zonas, las especias que se iban a plantar, un plan de participación local, de difusión y más, en el “Anexo B” del documento se especificaba que “CGE S.A. se compromete al pago de los honorarios del abogado don Arturo Correa Cuevas, abogado de las demandantes, los que ascienden a la suma de ciento ochenta y cinco millones de pesos por la tramitación del juicio en que representó a la Ilustre Municipalidad de Marchigüe y ciento ochenta y cinco millones de pesos por la tramitación del juicio en que representó a la ilustre municipalidad de Paredones”. Es decir, $370 millones por terminar el litigio contra la responsable de los incendios.

Todas las condiciones se aceptaron en abril, un mes después de la propuesta, y contó con la aprobación de ambos concejos municipales.

Sin embargo, el 2° Tribunal Ambiental, que se encargaba de llevar el proceso, truncó los planes de los implicados.

Según la resolución del ente, señalaron que en el acuerdo “no se indica con precisión el lugar en que ellas se ejecutarán […], no se contemplan acciones de otros componentes ambientales que pudieron verse afectados; no se relevan suficientemente zonas, figuras o ámbitos que pudieron haber sufrido afectación, tales como cauces de ríos y/o quebradas, sitios prioritarios y especies de flora y fauna en categorías de conservación; ni se justifica su exclusión, como podría ser el caso habiendo fundamento para ello”. Por ende, la Compañía debe mostrar datos que “complementen y mejoren sustantivamente el plan de reparación propuesto, que incluya un respaldo metodológico robusto y reconocido”.

En otras palabras, lo que propuso CGE no estaba ni cerca de abarcar todo lo destruido por los incendios. Pero era un suculento acuerdo para Arturo Correa.

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El proceso judicial hoy en día para los más de 100 afectados por los incendios sigue su curso. Las denuncias por irregularidades ya están hechas. Para CGE esto es parte de los procedimientos que se hacen, como se hizo con la gente de la  VII región, pero desconocieron las provocaciones del Ministerio Público hacia las víctimas. Tampoco respondieron sobre el acuerdo con Marchigüe y Paredones. El abogado de la empresa desistió de referirse al tema. Tampoco quisieron hablar desde la fiscalía de O’Higgins.