El proyecto por las 40 horas de trabajo semanales está fuera del control gubernamental; tiene apoyo transversal en la Cámara baja, mientras que parte del oficialismo en el Senado ha dado señales de abrazarlo; y a todo el escenario político se suma la popularidad que tiene en las calles. El Presidente Sebastián Piñera y todos sus ministros están en ese punto en que solo queda advertir sobre posibles consecuencias: primero, que Chile arderá porque los brigadistas de Conaf dejarán sus labores a fin de apegarse a la modificación laboral; segundo, que a 10 minutos de terminar el partido La Roja saldrá de la cancha por los mismos motivos; y tercero, lo que dijo la máxima autoridad del país: “recurriré a todos los instrumentos para cumplir la Constitución”. Es decir, que el Tribunal Constitucional (TC)–organismo señalado por algunos como “La Tercera Cámara”- no se descarta como un espacio para el último aliento, tal como pasó con el aborto en tres causales.

Al ser un tema de materia laboral, las proyecciones que hasta ahora han hecho los personeros de Chile Vamos apuntan a las remuneraciones, y particularmente a las de los funcionarios del servicio público. Sobre esto mismo hacen aquí sus análisis y apuestas los exministros del TC, Francisco Fernández y Enrique Navarro.

Fernández: “Es el pataleo que tiene la derecha”

Antes que todo, explica el abogado Francisco Fernández (ministro entre 2006 y 2015), hay que aclarar que esta discusión, o, al menos, el escenario en el que la quiere poner el oficialismo, apunta a las facultades que tienen los parlamentarios: “Los cuestionamientos que se hacen es que esto irrogaría en el presupuesto público y por consiguiente, solo podría proponerlo el Presidente”, aclara de entrada.

La separación está entonces en hacia quienes apunta la medida: “Está concebida no solo para trabajadores de las administraciones públicas, sea la estatal o municipal, sino que en general para todos los trabajadores del país. Entonces, pensar que afectaría el erario nacional es un poco tirado de las mechas, como se dice, y desde ahí decir que sería inconstitucional, porque ese no es su propósito fundamental”, explica el exministro.

“El propósito de establecer una jornada de trabajo menor de la que existe a fin de liberar esas horas, cinco horas, es para que el trabajador pueda disfrutar de la vida familiar o dedicarse a adquirir mayores niveles educativos, cursando estudios o practicando algún deporte, o al arte o a lo que sea”, agrega Fernández.

Los efectos en los salarios serían “indirectos, secundarios o de rebote; entonces, no se puede considerar que se esté invadiendo la prerrogativa presidencial para proponer solo el proyecto que signifique gasto para el erario público. Aquí el gasto no se va a aumentar, va a ser el mismo, solo que reflejado en horas de días laborables menor que el actual, pero el gasto debería ser el mismo. No es un aumento de sueldo”, sentencia.

Por lo mismo, para él, esta amenaza de Chile Vamos es parte “del derecho a pataleo que tiene la derecha o el empresariado para oponerse a cualquier conquista que signifique mejoría para los trabajadores”.

Navarro: “Lo del gasto público no me parece que esté en discusión”

Para el abogado Enrique Navarro (ministro entre 2006 y 2012) es importante, antes que todo, ver la historia de las discusiones laborales. Pone, como ejemplo, el año 2007: “hubo un tema de iniciativa exclusiva porque se refería a un tema previsional. Era respecto a empresas. La iniciativa exclusiva del Presidente en materia laboral se refiere a las circunstancias en las que se dicta una norma, en la que el punto más complejo es la que incide en las remuneraciones del sector público”. Pero a esto, agrega que “lo del gasto público (para este caso) no me parece que esté en discusión”.

Como Fernández, también ve un posible efecto indirecto en la medida, pero no es una incidencia en sí misma. “Las remuneraciones (de trabajadores públicos) están fijadas por ley. La norma iría en eso”.

Ahora bien, Navarro reconoce que en estos casos “tradicionalmente hay un estudio en la Comisión de Hacienda para definir cuánto puede esto significar en materia de gasto, y que según entiendo, no se ha analizado. Entonces, en ese caso, si ha de afectar las remuneraciones, sería indirecto, por lo que no me parece tan simple de dilucidar”. Pero también pone un escenario donde la interpretación constitucional se llevaría al máximo: “Si se interpreta en un sentido muy amplio, todo aquello que afecte las remuneraciones, lo que en el fondo sería prácticamente todo, llevaría a pensar que cualquier norma laboral por sí misma es de iniciativa exclusiva (del Presidente y no por moción parlamentaria), y eso no es así”.

Por último, agrega que esa lectura “sería forzar excesivamente demasiado el texto constitucional”.

Las huellas políticas de los ministros

Pese a que, por definición, el Tribunal Constitucional debe controlar los preceptos legales de forma preventiva y posterior en función de la carta magna, las discusiones y decisiones que han tomado los miembros que lo componen han generado debates relativos a las influencias partidistas que pueden incidir en los resultados finales. Por lo mismo es que en los temas contingentes es habitual que se vuelvan a revisar las historias laborales de cada uno de los 10 miembros.

El Tribunal está integrado hoy por María Luisa Brahm, Iván Aróstica, Gonzalo García, Domingo Hernández, Juan José Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández.

La presidencia la tiene Brahm, exjefa de asesores del Presidente Sebastián Piñera y exdirectora ejecutiva del Instituto Libertad (vinculado a Renovación Nacional). No obstante dicho pasado, al momento de definir el aborto en tres causales en 2017, la abogada votó a favor.

Otro miembro con trayectoria de haber caminado por ese lado de la vereda es Aróstica, presidente anterior del organismo y jefe de la división jurídica del ministerio de Interior en 2010.

El exdiputado Cristian Letelier fue militante de la Unión Demócrata Independiente.

Quienes tienen experiencias laborales comprobables con la centro izquierda son dos: Gonzalo García y María Pia Silva.

Por una parte, García fue subsecretario de Marina y de Guerra (2005 al 2010, antes del primer gobierno de Piñera). Además, integró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación posterior al regreso de la democracia.

Silva, por otro lado, fue miembro del consejo directivo de abogados constitucionalistas de la Fundación Democracia y Desarrollo, presidida por Ricardo Lagos Escobar.

Otro dato que podría ser relevante tiene que ver con la mencionada votación sobre el aborto en tres causales.

De los 10 que hoy conforman el Tribunal, cuatro se pronunciaron a favor del derecho de las mujeres ese agosto de 2017 (dos de los seis votos que lograron el cambio ya no están): los abogados José Ignacio Vásquez, Nelson Pozo, Domingo Hernández y la presidenta Brahm. Mientras que quienes rechazaron el proyecto y siguen allí son tres hombres: Juan José Romero, Cristian Letelier e Iván Aróstica.