En 2008, como parlamentaria por la región de O’Higgins aprobé y promoví con plena convicción la Ley de Bosque Nativo, con la finalidad de proteger, conservar y, en su caso, preservar, nuestras especies autóctonas, dada la relevancia ambiental que tienen en el desarrollo de los ecosistemas.

En dicha oportunidad, el espíritu del legislador, y de esta legisladora en particular, quedó definido en los objetivos de la ley en su artículo 1°: “la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”.

No obstante, dicha Ley no contempló la existencia de planes de manejo que permitieran cortar el bosque nativo para plantaciones frutales, tal cual expuso la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo en la Comisión Investigadora que presidí, relativos a los actos de CONAF, SII y otros órganos, en relación con procedimientos de autorización de planes de manejo forestal en regiones en los últimos 10 años, y que surgió, entre otros, por los casos de sequía y desertificación en ciudades como Petorca –el más conocido– o el sector de Quilicura, en la comuna de Las Cabras, perteneciente al distrito que represento, y que fueron junto a Salamanca, las elegidas para el reportaje publicado por El Desconcierto y Mongabay, titulado “Hasta la última gota: La expansión de paltos seca dos comunidades más en Chile”.

Una de las empresas que utilizaron dichos planes de manejo para plantar paltos, fue Agrícola Tralcán SpA, cuyo abogado, Nicolás Muñoz, recientemente respondió a propósito del mencionado reportaje, haciendo alusión directamente a mi persona, sin embargo, omitiendo algunos puntos que me gustaría aclarar.

En primer término, el plan de manejo al que hace alusión fue declarado ilegal por la CONAF por contener graves defectos técnicos que impedían que la autorización para la corta de bosque nativo pudiera continuar vigente, motivo por el cual se instruyó el respectivo procedimiento administrativo de invalidación, considerándose además la opinión de la empresa Tralcán, la cual no fue suficiente para convencer en contrario.

Asimismo, y muy a mi pesar, fui testigo presencial tanto de la corta indiscriminada que se hizo de especies nativas en la ladera del cerro en la localidad de Quilicura, en la comuna de Las Cabras, como de la tragedia que produce la sequía en la comuna de Petorca, producida, entre otros, por plantaciones de frutales en las mismas circunstancias, evidenciando la afectación que éstas producen a los acuíferos, y evidentemente, al bosque nativo talado.

Sin embargo, más allá de la pugna con una u otra empresa, nuestro interés por involucrarnos e intentar relevar estos temas medioambientales o más bien de crisis medioambientales, solo buscan exponer la realidad que estamos viviendo ya en nuestro país, no solo en una zona aislada, sino que en innumerables localidades, con poblaciones asentadas ahí toda una vida y que ven como hoy sus bosques se talan, sus ríos se secan y sus animales se mueren.

La escasez hídrica que golpea a distintas regiones del país debe llamarnos a reflexionar seriamente respecto de nuestro modelo de producción, y sobre los costos que implica el crecimiento económico a costa de nuestros recursos naturales. Quilicura es sólo un ejemplo más de la necesidad de instaurar en nuestro país los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente los referidos a la vida de ecosistemas terrestres, como asimismo, una nueva matriz productiva adaptada al cambio climático que cada vez se siente con mayor urgencia.