En diciembre próximo Chile será el anfitrión de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Los temas, problemas y actores que involucra esta reunión son de largo alcance y gran importancia no sólo para el país sino que a nivel planetario pues su objetivo es lograr acuerdos sustantivos sobre el cambio climático.

La COP es el órgano supremo de la Convención y la asociación de todos los países que forman parte de ella. Es la instancia donde se toman decisiones y se adquieren compromisos para la toma de acciones y medidas concretas. La conferencia de este año tiene como propósito fundamental -y final- “amarrar” los compromisos y criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París. Este acuerdo, suscrito el 15 de diciembre de 2015, asumió compromisos históricos para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.

Se calcula que a la COP25 asistirán representantes de 197 países, con la asistencia de unas 30 mil personas, entre staf de gobiernos, organismos internacionales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una reunión inédita en nuestro país que lo pondrá en el centro del interés mediático a nivel mundial.

Si bien no se puede esperar que una reunión de este tipo resuelva los problemas fundamentales que afectan al planeta, hay que reconocer que la COP25 puede ser un espacio relevante para que los actores de la sociedad civil expresen y canalicen sus legítimas demandas y preocupaciones respecto de cómo les está afectando el cambio climático ¿Cómo está considerando la COP25 a estos actores? ¿Están siendo escuchadas las voces de las comunidades locales en torno a sus problemas, necesidades, conocimientos e intereses?

El cambio climático ya está aquí, pese a las diversas advertencias, llamados y evidencias científicas que desde hace décadas vienen apareciendo e inundando los medios y las redes sociales. Uno de estos cambios, lo estamos experimentando directamente por el ascenso global de las temperaturas en el planeta, a través de la ocurrencia de veranos cada vez más cálidos, del deshielo acelerado en las regiones polares, de tifones y huracanes cada vez más destructivos, de escases hídrica y una acentuada aceleración de la desertificación. En el centro de esta crisis está la acción antrópica, todo aquello que hemos hecho los seres humanos en relación a la naturaleza y al medio ambiente, lo que se ha profundizado con la sobrepoblación del planeta y la presión que ésta ejerce sobre los recursos naturales. A ello se suma la persistencia de un sistema económico basado en la idea irracional de que los recursos son ilimitados y que el crecimiento constante es la base para el desarrollo.

Dentro del sistema económico hegemónico, es clave la transformación de la naturaleza en commodities, es decir en un tipo de “bienes” con escaso valor agregado, la venta de recursos naturales “a granel”, como si la naturaleza misma aparte de ser reducida en todas sus versiones y dimensiones a la categoría de bien de consumo además sufre dentro del sistema económico de una asignación de valor menor o devaluada, como si se tratara de recursos infinitos. Este es el tratamiento que se ha dado al agua, al suelo y a los bosques por ejemplo y a aquella producción industrial basada en recursos naturales, vinculados a la alimentación y la producción de materias primas.

Siendo las comunidades y espacios locales los más afectados por el cambio climático, los más vulnerables y sensibles a sus efectos, son al mismo tiempo una base fundamental para la implementación de las estrategias que se requieren para frenar el cambio climático, estas no debieran quedar sólo en manos de quienes buscan monetarizar la soluciones ambientales a partir del “capitalismo verde”. Los conocimientos y experiencias directas -y sus tragedias- que están viviendo las personas son razones suficientes para que los grupos locales, rurales y urbanos sean la primera línea de acción a abordar para frenar el cambio climático.

El cambio climático está teniendo efectos directos sobre las personas, comunidades, regiones y países completos. Uno tras otro se suceden incendios de gran extensión con enormes costos en vidas humanas, biodiversidad y recursos productivos. Lo mismo las largas sequías que asolan otrora productivas regiones agrícolas del planeta. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha demostrado recientemente la estrecha relación que existe entre el cambio climático, la destrucción de suelos productivos y las masivas migraciones que se extienden por el planeta. Sin embargo, las respuestas de los gobiernos están siendo lenta, incluso se han instalado posturas negacionistas que cuestionan la evidencia científica sobre el cambio climático.

Por esto, aunque se requiere de una amplia rede actores (gobiernos, organismos internacionales, agencias de cooperación, empresas, universidades, organizaciones sociales, etc.), parece fundamental poner el acento en quienes están sufriendo directamente esta crisis, lo que significa no sólo visualizar su vulnerabilidad sino también sus capacidades y conocimientos, su capital cultural y social, para enfrentar este nuevo escenario. Supone también información, capacitación, financiamiento y participación en la toma de decisiones, y la garantía del ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales en todos aquellos aspectos que se conectan con el cambio climático.

El cronograma de la COP25 incluye la realización de talles y consultas previas a la reunión, que por el tiempo y la magnitud del problema parecen insuficientes. Pese a ello la respuesta de la organizaciones chilenas no se ha hecho esperar y se han creado diversas alianzas y grupos que buscan dinamizar y asegurar las voz de las organizaciones sociales en la Conferencia, tal como la coordinadora Sociedad Civil por la Acción Climática que reúne a más de 50 organizaciones. Es de esperar que esto pueda crecer y que se incorporen otros actores como las universidades por ejemplo. La academia tiene un papel y una responsabilidad fundamental en el establecimiento de puentes entre la ciencia, la educación y las necesidades de las comunidades y la sociedad en general.

Por otra parte el Estado debiera transversalizar las medidas sobre el cambio climático en la política pública pues la crisis ambiental traspasa casi todos los ámbitos de la actividad humana, por lo mismo es urgente una Ley de Cambio Climático y una política pública de mediano y largo plazo que enfrente los problemas de la desertificación, el acceso al agua, el cuidado de los bosques, y la recuperación de los bordes costeros, el manejo de cuencas y las producción de energías limpias y renovables, así como los efectos sobre la salud y la soberanía alimentaria. En esta tarea puede ser fundamental el papel de la comunidades locales y territoriales, de los barrios, los estudiantes, las mujeres y los pueblos indígenas que como ya dijimos deben ser reconocidos en sus derechos colectivos e individuales.

También es preciso aprender de los errores y las tragedias pasadas que involucran tanto al Estado como a los privados y a la sociedad ¿Qué aprendimos de la estrecha relación entre las plantaciones forestales y los grandes incendios que asolaron nuestro país hace poco tiempo? ¿Cuál es la evaluación sobre la explotación insustentable y destructiva de nuestros recursos marinos?

Por último, poner el foco en lo local no significa romantizar o idealizar a los sujetos, sino más bien reconocer sus capacidades y escuchar cómo están viviendo esta transformación y qué es lo que ellos proponen para el futuro, cuál es el protagonismo que desean. Lo específico, lo local y la diversidad no deben implicar perder la conexión con lo global. Las visiones relativistas y fragmentadas de la comunidad, como espacio idílico, deben dar paso a nociones que comprendan que éstas son parte de un todo, pensando de una manera más bien sistémica e interdependiente, porque en definitiva el cambio climático es algo que afecta al conjunto de la humanidad.

Por esto, si la COP25 no considera como prioridad la incorporación de las comunidades locales como cuidadores y como los principales afectados por el cambio climático, se tratará de una oportunidad perdida.