En los últimos días nos hemos sorprendido con los resultados de los y las deportistas chilenas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Se ha declarado que esta es una participación histórica y que supera con creces lo proyectado para esta versión. Asimismo, deja latente un potencial éxito para los Panamericanos 2023 que serán organizados en Chile.

En este ambiente de sorpresa, incluso vimos que el presidente Sebastián Piñera viajó a Lima para tomarse fotos con algunos deportistas, viaje al que lo acompañó la Ministra vocera de gobierno Cecilia Perez y la diputada Erika Olivera. Ellos y ellas se sumaron a la presencia de la Ministra Pauline Kantor, que ya se encontraba en terreno. Esta presencia no refleja necesariamente la motivación por apoyar a “nuestros” deportistas, ya que se pueden hacer múltiples lecturas al respecto. Desde los intereses por refrescar la imagen del gobierno, o por generar un aumento en las encuestas, hasta la posibilidad de anunciar por parte del Estado cuáles van a ser los desafíos que Chile asumirá para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.

Frente a este último punto, creo que es éticamente necesario plantear un desafío: de aquí al 2023 todos y todas las deportistas de alto rendimiento de Chile serán reconocidos como trabajadores públicos. Desde la investigación, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a diversos deportistas de Alto Rendimiento Convencional y Adaptado, pero también a deportistas sociales o recreativos (igualmente de ambas modalidades) que declaran que la actividad que realizan los atletas de elite, es un trabajo civil que merece el reconocimiento de parte del Estado y del Comité Olímpico, a través de sus federaciones.

A partir de los resultados de las investigaciones que hemos realizado, son diversos los argumentos que usan los y las deportistas para señalar que la actividad a la que se dedican debe ser reconocida como un trabajo. De estos, y para propender al entendimiento de quien lee, destacaré sólo dos.

El primero, se refiere a la Seguridad económica, social y en salud. Estos aspectos de la vida son primordiales para asegurar la estabilidad emocional y para resguardar la dignidad de las personas, dimensiones que en el caso de los y las deportistas no se encuentran aseguradas. Que no estén afirmadas, desde sus palabras, implica que el dinero que les ingresa mensualmente a través de PRODDAR (por ejemplo), no tiene validez financiara ya que proviene de una beca y no desde un contrato de trabajo. Esto no les permite acceder a un crédito hipotecario, a cotizaciones previsionales, y mucho menos a cotizar un plan de salud que, por ejemplo, les permita a las mujeres planificar su maternidad.

El segundo, se relaciona con la subordinación y la dependencia, criterios que a todos y todas las personas del mundo los convierte en trabajadores. La investigación refleja que los deportistas deben subordinarse a instituciones, a equipos, a entrenadores y además, deben cumplir con sus horarios de entrenamiento. Asimismo, los y las deportistas mantienen una relación dependiente en relación con las federaciones, el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte ya que son estas instituciones las que evalúan sus rendimientos y definen quien recibirá dinero y quién no. Por ejemplo, si no asiste a sus entrenamientos por estar realizando su práctica profesional, cualquier deportista, probablemente, será desvinculado de los beneficios que recibe.

En relación con los dos puntos señalados, también emergen aspectos que tienen que ver con la identidad y con la particularidad de la actividad que realizan. En cuanto al primero, nos hemos podido dar cuenta que dedicarse al deporte profesionalmente, como la mayoría de los y las atletas que hemos celebrado en estos días, implica la construcción de una identidad deportiva que define a quien se dedica a esto. Por ejemplo, si quien se dedica a la política firma un contrato y recibe un sueldo de político; o si quien se dedica a comunicar las noticias firma un contrato como periodista y recibe un sueldo como tal; o si quien hace el pan que comemos todos los días es reconocido como panadero, recibe un sueldo y se identifica como tal, las personas que se dedican al deporte deberían ser reconocidos, firmar un contrato y recibir un sueldo como deportistas. Suena lógico, pero al día de hoy, los y las deportistas no tienen un reconocimiento social como tales, aunque existan quienes se dedican a esta actividad por más de 10, 15, incluso 20 años o más. En nuestros días, dedicarse al deporte no implica ninguna seguridad social, no implica un estatus económico, más bien complica la vida y el círculo cercano de quien toma esta “loca” decisión.

En este punto, la propuesta de la Ministra Kantor sobre contratar a los y las deportistas como suboficiales de las fuerzas armadas, no los reconoce como tales, sino que es un juego administrativo para ofrecerles un contrato y un sueldo como militares y no como deportistas. El desafío ético e incluso práctico, es apostar por lo primero (asumir que un deportista pueda ser reconocido como un trabajador público); el camino fácil (y probablemente posible) es militarizarlos.

La propuesta socializada por un medio escrito, menciona que los y las deportistas comenzarían una carrera militar con el grado de cabo, o sea serían parte de un escalafón no profesional, más bien técnico, lo cual invisibiliza la dedicación y la alta especialización que alcanzan los deportistas de elite. Para ilustrar, ¿Acaso alguien dudaría del carácter profesional de un ingeniero o de un médico? Pues bien, la propuesta sí lo hace.

Lo anterior, nos desafía para entender que todas las medallas que se han ganado en Lima 2019 y que probablemente se obtendrán en Santiago 2023, hasta el momento obedecen al mérito individual y familiar de los deportistas y sus cercanos. Ahora bien, si de verdad queremos que esas medallas de oro representen a “los y las chilenos y chilenas”, debemos ofrecer también, condiciones laborales dignas de un trabajo de oro.