En la sexta semana de movilización de los docentes, la discusión parece estar siendo cerrada en un empate técnico, donde la resolución del conflicto pasa por evitar el agotamiento por parte de los movilizados y, por otro lado, desde el gobierno se observa un esfuerzo por evitar la caída en las encuestas. El rechazo a la propuesta ministerial resulta una respuesta clara sobre una visión neoliberal que tienen las autoridades sobre los maestros; profesionales funcionales, jornales con títulos, ejecutores técnicos en la máquina de educar.

Ese rechazo general pareciera castigar la forma y el fondo de cómo el gobierno ha encarado este conflicto. Sin embargo, esta actitud no sorprende a muchos, ya que en materia de educación sólo se han llevado adelante proyectos que no representan el sentir de los docentes y estudiantes, muy por el contrario, se han propuesto proyectos populistas y excluyentes como son los ya emblemáticos Aula Segura y Admisión Justa. Más en el fondo, en las postrimerías de este conflicto, la sexta semana nos permite observar el confronte ideológico sobre la forma de entender la profesión docente, y por otra parte, aunque de manera incipiente, una creciente preocupación social por la Educación Pública.

A mi entender, el conflicto ideológico es posible observarlo en los puntos que han sido más difíciles de abordar en el conflicto, por una parte se refiere al reconocimiento profesional de Educadoras de Párvulo y Diferenciales, junto con la aplicación de la  reforma curricular que deja a Historia, Educación Física y Artes como asignaturas optativas, excluyéndolas de ser parte de una base de saberes mínimos para construir ciudadanos democráticos, íntegros, con cuerpos, memoria  e historia colectiva, con el fin de “alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico” (Ley general de Educación, 20.370, 2009).

En respuesta al primer punto se argumenta un asunto presupuestario, pretendiendo relegar la tensión en un orden político/gremial para conseguir mejoras salariales. De manera arbitraria se pretende separar la disputa entre los asuntos laborales y los argumentos pedagógicos profesionales. Sin embargo, cuando pensamos en una profesión docente que busca entregar una educación integral para niñas, niños y jóvenes de nuestro país, no es posible sostenerlo. Una educación integral requiere de un dialogo profesional fluido entre distintos profesionales, avanzar hacia la multidisciplinariedad en la formación de los estudiantes, evitando generar profesionales de la educación de distinta clase. Entonces la demanda por reconocimiento salarial y de condiciones de trabajo que sostienen las movilizaciones de los docentes son partes integradas de una definición política de la profesión docente, ya que las condiciones profesionales son también pedagógicas y resulta autoritario intentar separarlas.

En el segundo punto pone en visibilidad una postura de sentido común. ¿Cómo podemos entender que en una reforma tan sustantiva como la propuesta por el Mineduc y avalada por el Consejo Nacional de Educación, los docentes estén fuera de ella como actores deliberativos? Recordando la misma Ley 20.370, es necesario para que los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes del nivel de Educación Media, que los objetivos de aprendizaje se organicen en dos ámbitos fundamentales; el ámbito personal y social, junto con el ámbito del conocimiento y la cultura.

Hay que estar bien confundido, o al menos ser muy poco consistente, para proponer que las asignaturas aludidas no sean parte de una base común de saberes que posibiliten una formación integral, y es muy claro que los docentes no pueden estar excluidos de este tipo de decisiones, habrá entonces que seguir peleando para que se modifiquen los procedimientos y no se deje en manos de círculos restringido de los “expertos” tales decisiones. En mi opinión, la exclusión deliberante de los docentes, posee la misma visión antes planteada sobre la profesión docente, ya que los somete a ser ejecutores de un currículum y no actores deliberantes en la construcción de ciudadanos en un sistema de Educación Pública que es de todas y todos.

Los profesores y profesoras movilizados, seguirán reclamando el derecho a ser considerados como profesionales con sentido ético y político, como profesionales, que se someten a una carrera docente, que están dispuestos a evaluarse y comprometerse con sus estudiantes en condiciones difíciles y complejas, pero que se resisten a ser funcionarios apatronados dirigidos por gerentes que no tienen ningún compromiso con nuestra educación pública. Por cierto, a la espera de la resolución democráticas de los movilizados, al menos nos queda la versión más honesta del conflicto, sobre el valor de lo público en la formación de los estudiantes y el rol social que tienen los docentes en este proceso, por tanto, una discusión en donde todas y todos debemos participar.