Han pasado más de tres meses desde la masiva marcha del 8M, donde cientos de miles de mujeres salieron a lo largo de todo el país para manifestarse ante la precarización que este sistema sostiene sobre las mujeres. Las organizaciones de mujeres en distintos ámbitos de la vida hicieron explícita una serie de demandas y se desarrolló un programa a partir de el encuentro plurinacional organizado por la Coordinadora 8M. Frente a la masividad y movilización feminista, las organizaciones tradicionales políticas así como la institucionalidad haN sufrido diversos remezones.

En este sentido es que el mundo feminista -en general- ha ido construyendo fuerza propia dentro y fuera de organizaciones políticas y sociales mixtas. Se ha intensificado la reflexión y un quehacer que cuestiona las bases de nuestra democracia, nuestra economía y concepciones hegemónicas que pauteaban nuestras relaciones sociales. Es por ello que se ha revertido la antigua lógica peticionista en relación con el Estado y se han concentrado los esfuerzos en la construcción de organización, la divulgación y problematización de las reflexiones y críticas que se han planteado.

En vez de esperar que la cuenta pública de Sebastián Piñera respondiera a las exigencias del movimiento, la Coordinadora 8M realizó su propia cuenta pública feminista difundiéndola a lo largo de Chile. Una cuenta pública que expresa la necesidad de poner en el centro la vida y que, por lo tanto, cuestiona las llamadas “reformas que no transforman” y que más bien tienen una lógica reactiva a ciertas demandas, centrándose en la incorporación de mujeres a un sistema de trabajo precario y a puestos de poder que no buscan cambiar ni las relaciones de desigualdad, y menos apuntan a una mejor relación y desarrollo de las comunidades y su diversidad.

Si bien algunas de las propuestas del gobierno decían supuestamente incluir una “perspectiva de género”, y afirmaban hacerse cargo de las problemáticas que afectan a las mujeres trabajadoras, remuneradas o no, la realidad es que las medidas están lejanas a subvertir este sistema. Un ejemplo de ello fue el proyecto de “Sala Cuna universal”, que de universal no tiene nada.

Este proyecto, que avanza en que el Estado genere una red de cuidados (labor que históricamente recae en las mujeres), tiene falencias importantes. Por un lado, sigue excluyendo a una gran proporción de mujeres que no cotizan, a pesar de gran porcentaje que representan en la fuerza laboral. Además, posiciona a la madre como la principal receptora del beneficio, contradiciendo de manera sustancial la búsqueda de coparentalidad, quedando en un segundo plano el discurso de “los niños primero”. Lo anterior, pone en evidencia que el foco de la política no es proveer centros de calidad que aseguren a toda niña y niño el derecho de ser cuidado, sino aumentar la participación laboral femenina sin redistribuir, entre hombres y mujeres, la labor de cuidar.

En la misma línea, la única medida en salud que aborda esta problemática es el anuncio de que las mujeres paguen lo mismo que los hombres en isapres como única medida. Esto revela dos cosas: en primer lugar, según la Encuesta Casen 2017, los usuarios del sistema de salud que se encuentran en Isapre corresponde a un 14%, versus un 78% registrado en Fonasa. Por lo que el anuncio emitido en la Cuenta Pública va enfocado, nuevamente, a una élite económica, dejando de lado a gran parte de la población y dejando a las mujeres usuarias del sistema público en el desamparo de un sistema altamente violento desde el presupuesto, hasta su atención.

En segundo lugar, la “igualdad” de los precios de los planes de Isapre no significa una disminución del pago por salud necesariamente: esperamos que esta implementación no incluya en su letra chica un aumento en los planes de los hombres, por parte de un gobierno que, ya sabemos, está interesado en beneficiar más a las isapres que a las personas. El igualismo planteado no nos satisface, no se hace cargo de las necesidades diversas de las mujeres en el cuidado de su salud, no considera un acceso que garantice los derechos sexuales y reproductivos y no considera las implicancias físicas y psicológicas que tiene para las mujeres ser cuidadoras, así como tampoco se hace cargo de una salud que considere a las disidencias sexuales y a las realidades de las y los migrantes que es parte también de nuestras exigencias y propuestas.

Por otro lado nada se dijo de la implementación del aborto en tres causales y la problemática con la objeción de conciencia de los médicos. La criminalización de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y la presión de un Estado policial que tortura y encierra nuestros cuerpos por decidir no ser madres, es un tema que ha movilizado a millones de mujeres en el mundo. El hacer vista gorda a esta demanda fundamental es mostrativo de la línea ideológica que posee el actual gobierno.

Desde el movimiento feminista hemos denunciado insistentemente que la realidad de las y los migrantes en nuestro país bordea las condiciones de esclavitud. Muchas mujeres migrantes que vienen en búsqueda de una mejora de sus vidas, sólo pueden desarrollar labores reproductivas o tareas feminizadas en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo. No podemos dejar de mencionar los casos de Joan Florvil y Monise Joseph que murieron en manos de un Estado que discrimina y excluye y que termina siendo el asesino de estas mujeres.

Piñera aborda la migración manteniendo la misma lógica que su gobierno ha impulsado: habla de “limpiar la casa” echando a los migrantes “delincuentes” y continúa estigmatizando a quienes han migrado de sus países, dando cero garantías a sus derechos humanos y vinculando automáticamente las medidas tomadas con el tema seguridad, con la misma lógica que la extrema derecha en Latinoamérica como los son los gobiernos de Trino y Bolsonaro. Nada menciona sobre no firmar el Pacto Mundial para la Migración que implica un endurecimiento antimigrante por parte del gobierno.

En materia laboral, la propuesta de flexibilidad tiene efectos nocivos para las mujeres. Aún cuando la demanda por mejores condiciones laborales tenga por un lado la necesidad de cierta flexibilidad horaria, que es particularmente relevante en la decisión de trabajar de las mujeres, al no considerarse los trabajos reproductivos y de cuidados en general como una responsabilidad social, la flexibilización vendrá acompañada de una mayor carga global de las mujeres, con triples jornadas de trabajo. Mientras los cuidados y labores reproductivas no sean compartidas, medidas como éstas distan de ser un beneficio y sólo continúan en la línea de la precarización.

Finalmente, como feministas estamos por la sostenibilidad de la vida y nos es imprescindible una nueva relación con la naturaleza y los territorios. Miles de mujeres organizadas a lo largo de Chile por la defensa de la vida han puesto en el centro el cambio del modelo extractivista que caracteriza a nuestro país. Por el contrario, el gobierno ha insistido en reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para poder agilizar la inversión y desconsiderar la posición y participación de las comunidades en las definiciones que afectan sus territorios, que es la concretización de la definición de no firmar el tratado de Escazú.

Las zonas de sacrificio, que aumentan en número en Chile, afectan principalmente a niñas, niños y mujeres. Es necesario reparar el daño ambiental y frenar con la profundización de éste. Mientras sigan evacuando de sus escuelas por intoxicación a niñas y niños en Puchuncaví y Quintero, seguiremos apuntando al Estado y al empresariado como los principales responsables e impulsando la organización en nuestros territorios.