Con firma mensual y prohibición de acercarse al edificio de la Fiscalía de Quillota, quedaron cinco mujeres que el sábado pasado participaron de una toma del mencionado espacio. La manifestación tenía un sólo gran objetivo: exigir justicia por el asesinato de la joven lesbiana Nicole Saavedra (24), ocurrido en junio de 2016.

Las mujeres fueron acusadas de dañar el mobiliario del recinto. Sin embargo, ellas dicen que fue el actuar de Carabineros lo que generó los destrozos al interior de la fiscalía. Asimismo, alegan que fueron agredidas por las fuerzas policiales, aún cuando su movilización era pacífica. Una de las afectadas por estos actos represivos fue María Bahamondes, prima de Nicole e incansable luchadora por el caso de la joven lesbiana.

"Nosotras sabíamos que nos íbamos a ir detenidas. Sólo queríamos llegar a conversar con el fiscal y preguntarle por qué no ha avanzado la investigación. Verle la cara, porque yo no lo conozco y mi tía tampoco. Queríamos saber en qué postura estaba él, pero se negó a todo diálogo. Es lamentable que Carabineros haya entrado de esa manera; es lamentable que después de todo lo que hemos vivido, suframos aún más violencia", reclama.

La autoridad interpelada era el fiscal de Quillota, Ulises Meneses, quien asumió la investigación por el asesinato de Nicole en marzo de este año, en reemplazo de la fiscal Ymay Ortíz, quien por primera vez había generado confianza en la familia de la joven.

A pesar del cuestionamiento directo a Meneses, quien respondió a las manifestantes fue el fiscal jefe de Quillota, César Astudillo. "Hay lineas de investigación actuales, que son de ahora y se están haciendo. Entonces, no se entiende esta sobrereacción. Además, las vías de comunicación siempre han estado abiertas", señaló el persecutor.

Pero las palabras del fiscal no cayeron bien en la familia de la víctima, ni tampoco en las organizaciones feministas y lesbofeministas que han liderado las manifestaciones en torno al caso.

En esa línea, el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, llamó "al Estado de Chile a realizar todos los esfuerzos para una investigación rigurosa, que le permita brindar a Nicole y a su familia las garantías de una debida diligencia que dé acceso a la justicia".

En tanto, la familia y las organizaciones lésbicas han sido más específicas, dado que exigen la destitución del primer fiscal asignado al caso: Juan Emilio Gatica, debido a "sus continuas negligencias y reiteradas violencias, quien consideró este caso como homicidio simple, omitiendo evidencias e invisibilizando los múltiples delitos cometidos contra Nicole". Igualmente, piden la salida de "aquellos miembros del Ministerio Público que no hayan realizado sus labores a tiempo" en el caso de la joven.

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Negligencias y falta de voluntad

A pesar de las declaraciones del fiscal Astudillo, en el Ministerio Público parece haber cierto consenso respecto de que el caso no ha sido tratado de forma oportuna. Así lo indicó el pasado 17 de mayo el fiscal nacional, Jorge Abbot, quien señaló que "probablemente, si hubiéramos partido la investigación con una mirada de género, con una mirada de vulneración de derechos fundamentales, a lo mejor podríamos haber tenido una investigación diferente".

Uno de las primeras negligencias tiene que ver con la urgencia que las policías dieron a la desaparición de la joven. Si bien la denuncia por presunta desgracia fue interpuesta el 19 de junio, la búsqueda por parte de las instituciones comenzó recién el 22 de junio. Tampoco se consideraron anteriores amenazas recibidas por Nicole, a propósito de su expresión de género masculina y su estética camiona.

"¿Eso no era suficiente para temer por su vida? ¿Qué hacían las policías mientras estaba en manos de sus secuestradores? Sólo su familia y amigues la buscaron por plazas de Quillota, con afiches, recorriendo los lugares frecuentados por ella", cuestionó el círculo cercano de la joven en una reciente declaración.

Según la abogada y asesora legislativa, Constanza Valdés, estos vicios en la indagación tienen que ver con un sesgo relativo a "la expresión de género y orientación sexual de Nicole, que ha influido en la importancia que se le da a la investigación. La justicia no es ciega y la fiscalía tampoco lo es, y es real que existen sesgos de clase y género bien fuertes. Y este caso lo demuestra".

Para la activista, un detalle bastante gráfico de este abandono es la negativa del Ministerio Público a designar un fiscal exclusivo, lo que tiene que ver con que la fiscalía nunca determinó la alta connotación pública para el caso. Esto, a pesar de existir indicios que apuntan a un presunto delito motivado por el odio.

"Creo que efectivamente falta la voluntad política de resolver un caso que es muy importante en Quillota, porque además es sabido que es un sector súper lesbofóbico", indica Valdés, haciendo alusión a los asesinatos de María Pía Castro (2008) y Susana Sanhueza (2017) en la misma región.

Por su parte, Bahamondes ya no sabe qué creer. "A veces pienso que es simplemente flojera o negligencia de la fiscalía. No les importa. Todos sabemos se puede avanzar en la investigación y no lo han hecho. Y mientras más tiempo pasa, es más difícil que haya justicia".

La prima de Nicole cuenta que lo extenso y poco fructífero de caso incluso ha agotado a Olga Bahamondes, la madre de la joven quillotana. "Ella le firmó un documento a la abogada para que vea todo, porque mi tía está enferma, está cansada. Es lamentable que el sábado, en la manifestación, haya resultado afectada por las lacrimógenas. Sigue sufriendo y sólo está exigiendo justicia por su hija", explica María.

Por todo esto, Valdés no prevé un panorama alentador. "Hay probabilidades de que el caso quede en nada. Y lo peor de eso es que va a ser una señal muy lamentable de parte del Ministerio Público sobre cómo se hace justicia por la comunidad LGBTI. Ha habido justicia en el caso de Daniel Zamudio o de Marcelo Lepe, pero ¿qué pasa con las lesbianas? ¿Cuántos femicidios lesbofóbicos van a tener que ocurrir para que realmente se les tome el peso?", se pregunta la asesora legislativa.

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La respuesta institucional

Tras la ola de ataques discriminatorios a personas de la población LGBTI vividos a inicios de año, en marzo el Gobierno anunció una reforma a Ley Zamudio, una normativa que ha sido altamente cuestionada por su ineficacia preventiva y sancionatoria.

Quien estaría a cargo de esta modificación legal sería la ministra Cecilia Pérez, desde la Secretaría General de Gobierno (Segegob). Sin embargo, el proceso de consulta ciudadana que fue prometido, no tuvo mayores resultados, dado que -según acusan varias organizaciones- el proceso consistió en el envió de preguntas mediante un formulario web.

"Que sea una consulta online y que además esté radicada en la Segegob, significa que no les interesa. Históricamente, ese ministerio, además de hacer de vocería, lleva los proyecto de ley que son menos importantes para el Gobierno. Antes llevaba la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario, y al final se cambió al Ministerio de Justicia, porque había profesionales más capacitados. Lo mismo se debería hacer en este caso. Tal vez, este será un proyecto de ley que se va a presentar en el último periodo, simplemente para cumplir, pero no tendrá avance", señala Valdés.

Pero ese no ha sido el único anuncio de la institucionalidad en materia de derechos de la disidencia sexual y de género: el pasado 17 de mayo, la Fiscalía Nacional presentó el Observatorio contra la violencia LGBTI. Pero este incipiente organismo tampoco ha logrado convencer a las organizaciones. Desde la Agrupación Lésbica Visibles, critican que el trabajo de dicho espacio se realice "a puertas cerradas para la familias de las victimas de crímenes de lesbo-odio".

"Mientras no haya avance en acciones concretas en conjunto con la sociedad civil, entenderemos que no existe voluntad política en reconocer y proteger nuestra dignidad y vidas", cuestiona la organización.

Por su parte, Constanza Valdés señala que es pesimista respecto de la real utilidad de este observatorio. "Solamente se va a limitar a recoger estadísticas o visibilizar casos (...) No se habla de charlas a los fiscales, policías y todos los actores que se involucran en la investigación de un delito, porque efectivamente necesitan capacitación, pero el observatorio no contempla eso. Se orienta más a la evaluación de casos, pero eso no va ayudar mucho si no se cambia la forma en que se investiga, si no cambian los prejuicios que muchas veces tienen los fiscales".

Según la activista, esto mismo ocurre con la mesa que levantó la Subsecretaría de Prevención del Delito en torno a la evaluación de los casos de violencia LGBTI, donde invitan a organizaciones a discutir sobre esos temas. "Es vergonzoso saber que las instituciones públicas, con los recursos que tienen, con el personal que tienen, con la capacidad que tienen para mandarlos a diplomados u otra formación, tengan que rogar ayuda a la sociedad civil", critica la abogada.

Sobre el apoyo del Gobierno de Sebastián Piñera, específicamente en el caso de Nicole Saavedra, su prima cuenta que únicamente se les ha acercado la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. "Ella dijo que nos iba a ayudar, pero no pasó nada. Eso fue cuando estuvo el caso en la palestra, pero después desapareció", acusa.

Quienes sí se han hecho carne viva del grito de justicia por la joven han sido las organizaciones feministas y lesbofeministas. "Esta lucha no es solo de la familia Bahamondes-Vásquez. Esta lucha es de todas. Estamos muy agradecidas de la unión que se formó. Si llega a pasar algo más, estamos todas para ayudarnos y defendernos", dice María.