Mario Farren Risopatrón estuvo casi un año al mando de la ahora extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), pero su designación tuvo el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR) recién en enero de este año, casi nueve meses después de su nombramiento. El de Farren fue un caso extraño, único en su tipo, pues la CGR suele tomar razón de los cargos que nombra el gobierno en un plazo mucho menor.

Pero el retraso no fue casual ni tuvo que ver con falta de personal de la CGR; fue más bien producto de una larga investigación que terminó con una advertencia para Farren: “Debido a que es de público conocimiento que el señor Farren Risopatrón se desempeñó anteriormente en instituciones bancarias -Citibank y Banco de Chile-, es pertinente indicar que la citada autoridad deberá evitar eventuales conflictos de interés en el cumplimiento de sus labores, dando aplicación al deber de abstención cuando sea necesario”, dictaminó la CGR cuando tomó razón de su cargo (revisa acá ese documento).

En su advertencia, la CGR sólo habló de la relación laboral entre Farren y la banca. Pero la trastienda de esa toma de razón es mucho más compleja y ha estado sepultada, hasta ahora, en la papelería del Poder Judicial y la misma CGR. El Desconcierto accedió a un recurso judicial de una ex alta funcionaria de la Sbif que da las primeras señales sobre los posibles conflictos de interés de Farren (revisa acá el recurso judicial). Esa hebra condujo de vuelta a la CGR, donde este medio descubrió una carta reservada y confidencial que Farren le hizo llegar a Jorge Bermúdez, el titular de la CGR, en la que le revela que su relación con Citibank era mucho más estrecha que la de un ejecutivo con su empleador (revisa acá íntegramente la carta de Farren al contralor).

Farren, de acuerdo a esa carta, era parte de ese selecto grupo de gerentes que acceden a planes de compensación que incluyen acciones del banco, denominados stock options, lo que lo situaba frente a un potencial conflicto de interés al fiscalizar, mediante su cargo en la Sbif, al Banco de Chile, una entidad que es controlada por el joint venture entre el Grupo Quiñenco, de propiedad de la familia Luksic, y el mismo Citibank.

La que sigue, es la secreta historia del complejo paso de Farren por la Sbif y de cómo sus omisiones en su primera declaración de intereses y patrimonio puede afectarlo en su actual cargo: zar de la ciberseguridad, una responsabilidad que le implicará seguir vinculado a la fiscalización de la banca.     

Banco de Chile, uno de sus primeros fiscalizados

Farren Risopatrón casi no tuvo luna de miel cuando llegó a la Sbif, el 14 de mayo de 2018. A menos de un mes, el ex Citibank debió acudir al Congreso cuando se conocieron los ciberataques al Banco de Chile. Ahí debió dar cuenta de cómo la Sbif actuó tras conocerse el ataque cibernético.

Pero Farren, al igual que sus antecesores, no fue solo al Congreso. Junto a él iban asesores, quienes acostumbran intervenir en este tipo de procedimientos, dada la experiencia y el conocimiento técnico que tienen en el área. Sin embargo, ese día solo habló Farren, pese al corto tiempo que llevaba en la entidad.

La entonces subdirectora de la División Jurídica de la Sbif, Deborah Jusid, estuvo ese día en el Congreso y, de acuerdo a un recurso judicial que presentó más tarde, lo vio nervioso al exponer, por lo que le pidió reiteradamente que le permitiera intervenir, como lo había hecho antes con otros superintendentes. Pero Farren se mantuvo firme y no le dio la palabra.

Farren, según dice Jusid en un recurso judicial, habló en detalle sobre “las acciones supervisoras efectuadas directamente por él respecto del Banco (de Chile) y su controlador, Citibank. Cabe señalar que no es usual que el superintendente revele las acciones de fiscalización que se están llevando acabo. No permitió la intervención de los funcionarios de la Sbif que lo acompañaron, ni siquiera ante el requerimiento expreso de la presidenta a la Comisión (de Economía, del Senado), lo que me llamó profundamente la atención”.

Desde entonces, la relación entre ambos se quebró. De hecho, el 31 de octubre de 2018, Jusid presentó una Acción de Protección de Garantías Constitucionales contra Farren, luego que este la removiera del cargo e, incluso, lo eliminara, acusando falta de confianza. Así, de un día para otro, acabó con dos décadas de Jusid en la Sbif. Y ese no sería el único caso.

En su escrito, Jusid dice que el superintendente no quiso escucharla cuando le pidió intervenir ante los parlamentarios, lo que le hizo dudar de si le afectaba algún tipo de conflicto de interés por ser el banco copropiedad del grupo Luksic y su ex empleador, Citibank. Jusid quiso resolver esa duda y, mediante otro funcionario, le preguntó a Farren si tenía stock options del Citibank y si aquello lo había informado en su declaración de patrimonio e intereses.

“Mi preocupación derivaba de la incompatibilidad contemplada en el artículo 14° de la Ley Orgánica del Banco Central, que es aplicable al superintendente por remisión del artículo 3° de la Ley General de Bancos. Precisamente, evitar que se produjesen este tipo de conflictos en la Sbif, en especial, atendiendo el rol fiscalizador del sector bancario”, dice Jusid, en el libelo que presentó.

En medio de discusiones al interior de la Sbif sobre los antecedentes de Farren, Jusid fue citada a su oficina y se le ofreció, de acuerdo al recurso judicial, renunciar voluntariamente o bien aplicarle el artículo 5° de la Ley de Bancos, referido a la pérdida de confianza. Jusid se negó a los dos escenarios y le preguntó directamente a Farren “si tenía stock options del Citibank y si las mantenía al momento de ser nombrado superintendente (el 7 de mayo de 2018). Frente a este último punto, el superintendente reaccionó de muy mala manera, se levantó de su silla acusándome de intentar chantajearlo y no me permitió terminar la conversación”.

Tras ese encuentro, Jusid fue despedida. Pero junto a ella también salieron otros altos cargos, como Andrés Prieto, ex jefe Jurídico de la Sbif. Prieto renunció al cargo y habría sido él quien le preguntó por primera vez a Farren si tenía stock options del Citibank.

Reservada y confidencial

La carta que Farren le envió a Bermúdez el 24 de octubre de 2018, un mes después de la tensa reunión con Jusid, llegó a la Contraloría de forma  física, es decir, no fue enviada mediante un correo electrónico u otro formato fácil de derivar o filtrar. En su sobre aparecían las palabras “reservada” y “confidencial”, situación que llamó la atención a los funcionarios de la CGR que tuvieron acceso a ella.

En la misiva, Farren dice que debido a su paso por el Citibank Perú, formaba parte de un programa denominado Discretionary Incentive and Retention Award Plan. “El programa –dice Farren en su carta- consideraba un plan relacionado con el otorgamiento de acciones de Citigroup Inc., una saciedad constituida en Delaware ("Capital Accumulation Program"), y otro plan que contemplaba el otorgamiento de pagos en dinero (“Deferred Cash Award Plan")”.

De acuerdo a Farren, “la entrega de estos beneficios se realiza por etapas anuales y está sujeta al cumplimiento de condiciones, que pueden reducir e incluso cancelar el otorgamiento de los beneficios incluidos en los planes. Es decir, se trata de pagos de naturaleza incierta y por un monto indeterminado, ya que su procedencia y monto dependen de una serie de condiciones, que pueden cumplirse o no, incluyendo el valor de mercado al cual las acciones deben liquidarse”.

El ex superintendente de Bancos describió una serie de condiciones de ese plan que, según estimaba, subsanaban un potencial conflicto de interés. Aunque luego plantea que “se me ha comunicado que mi ex empleador (Citibank, el banco que junto al Grupo Quiñenco controla el Banco de Chile), estaría en condiciones de liquidar el pago pendiente de los planes del programa descrito más arriba, el que por ende podría ser efectuado dentro de las próximas semanas”.

Farren no había informado aquello en su declaración de patrimonio e intereses y la carta que enviaba a Bermúdez, poco después de ser presionado por Jusid, buscaba aclarar si debía o no hacerlo. De haberlo informado cinco meses antes, cuando ingresó a la Sbif, no podría, por ejemplo, haber asistido al Congreso a hablar sobre el ciberataque al Banco de Chile. Pero más allá de aquello, Farren estaba ahora informando que recibiría un pago devengado de su ex empleador. Es decir, se trataba de un fiscalizador en ejercicio recibiendo pagos de uno de sus fiscalizados.

A comienzos de marzo se conocieron las declaraciones de intereses y patrimonio de los superintendentes del área financiera, entre ellos, Farren. Este último aparece reduciendo de 3,2 millones de dólares a 700 mil dólares la tenencia de depósitos a plazo de Citibank, pero no figuran los stock option, pues Farren, al parecer, los habría liquidado días después del envío de la carta a Contraloría, cuando ya pasaban cinco meses desde su nombramiento y Jorge Bermúdez aun no tomaba razón de su cargo.

El artículo 3° de la Ley General de Bancos vigente hasta enero de 2019, cuando entró a regir la nueva normativa que elimina dicho artículo, establecía que las inhabilidades que afectan a los consejeros del Banco Central son también aplicables a los titulares de la Sbif. A su vez, el artículo 14°, inciso 3, de la Ley Orgánica del Banco Central, indica sobre sus consejeros (aplicable también al titular de la Sbif) que "dicho cargo será incompatible con la participación en la propiedad de empresas bancarias y sociedades financieras".

Así, la normativa le hacía prohibitivo mantener stock option ya que dichos instrumentos se liquidarían en función del precio de la acción de Citibank, controlador del Banco de Chile, siendo parte del activo subyacente (el negocio real) del banco estadounidense. Sin embargo, Bermúdez en la resolución no hace alusión a ningún detalle y sólo le recomienda no intervenir en casos que lo relacionen con su ex empleador.

Farren se justifica de no haber informado su situación, pues "la Ley 20.880 sobre declaraciones de intereses y patrimonio no es clara acerca de si procede o no informar este tipo de pagos a través de la DIP, ni acerca de cómo debieran informarse en caso de ser procedente hacerlo", añadiendo que "en efecto, la ley no se refiere expresamente a pagos remuneracionales inciertos, pendientes, devengados en virtud de un contrato de trabajo previo ya terminado".

Más aún, Farren enfrenta en su propia carta al contralor las dudas sobre el conflicto de interés que podría suscitar su propiedad de stock option. Asegura que el único acápite del formulario para declarar patrimonio e intereses es el número 9, llamado "Otras Fuentes de Conflictos de Intereses", pero que en su caso no corresponde, pues "no existen posibles conflictos de interés".

Da dos razones para ello: señala que la institución que le paga no es fiscalizada por la Sbif, Citibank de Perú, que solo opera allá y fue constituido con las leyes de dicho país. Además, dice que solo hay un "vínculo indirecto" con instituciones en Chile, pues la misma sociedad que Citibank usa para controlar Perú (Citibank Overseas Investment Corporation), participa en LQIF, la sociedad del Grupo Quiñenco donde es socia con Citibank para controlar el Banco de Chile.

En segundo lugar, señala que los pagos, cuando se hicieran, serán "beneficios provenientes de mi relación contractual previa y ya terminada con el Citibank del Perú", añadiendo que entonces "el título" por el que recibe los pagos es su contrato y el Discresionary Incentive and Retention Award Plan, "ambos terminados en forma previa a mi inicio de funciones como superintendente".

Se solicitó una entrevista presencial con Mario Farren, mientras desempeñaba sus últimas días en la Sbif, para tratar este tema y otro relacionado con una multa que aplicó a Corpbanca por sus créditos relacionados con las sociedades cascada, cinco veces menor a la que había impuesto, fallidamente, su antecesor, Erik Parrado. Pero su departamento de prensa señaló: "En relación a su solicitud, el Superintendente no dará entrevistas sobre los temas que consulta".

Nota del Editor: Todos los documentos a los que accedió El Desconcierto son de carácter públicos, emitidos por autoridades e instituciones públicas. Para acceder a parte de ellos se utilizó la Ley de Transparencia ante Contraloría, organismo que preguntó a Mario Farren, implicado en el tema, si podían ser entregados. Farren estuvo de acuerdo.