La visión del Ejecutivo en materia hídrica sigue estancada en un paradigma desarrollista, en el que, al contrario de la tendencia y compromisos asumidos por el país en el ámbito internacional, el consumo humano del agua no es un bien jurídico que cuente con amparo efectivo. 

La mejor muestra de lo anterior la constituyen las declaraciones del Presidente Piñera en la Cuenta Pública trasmitidas el sábado 1 de Junio de 2019, para todo el país. Bajo el Título V de la Cuenta Pública: “Grandes Urgencias y Modernizaciones del Mundo Productivo”  Número 6to. “Chile Potencia Agroalimentaria”, Piñera sostuvo que en materia de aguas su gobierno ha priorizado la construcción de 26 nuevos embalses, y anunció la ampliación de programas para recargar acuíferos, permitiendo así duplicar de 1,2 a 2,4 millones las hectáreas regadas en el país y con ello continuar creciendo en producción y exportaciones de la agroindustria nacional.

Queda confirmado con estas declaraciones que el Ejecutivo no ha efectuado un trabajo que permita migrar de un sistema de gestión pensado en la demanda de derechos de aprovechamiento, a uno basado en la oferta de agua, y el respeto, protección y garantía del derecho de acceso al agua y saneamiento. 

Lo anterior es particularmente grave, si se considera que el sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento y la consiguiente sobreexplotación de acuíferos, han sido la causa eficiente e inmediata del actual contexto de escasez hídrica que pasa por encima de los derechos humanos de miles de habitantes pertenecientes a los grupos más vulnerables de comunidades rurales, agudizando con ello la brecha de equidad social y socavando un sistema de gestión comunitaria del agua que es parte de la identidad de cientos de localidades rurales a lo largo del país.

Tan arraigada se encuentra la visión economicista con la que el gobierno se refiere a las aguas, que los anuncios de la Cuenta Pública adolecen de contrapesos o matices, pues en ninguna parte del mensaje presidencial consta la importancia del agua para eliminar la pobreza, proteger los derechos humanos o para equiparar en condiciones de vida a los grupos más vulnerables, por mencionar sólo tres de los objetivos a los que recurrentemente alude el presidente en otros ámbitos como la lucha contra la delincuencia o el narcotráfico.

En definitiva, los anuncios de Piñera en relación al agua son más bien un espaldarazo a la agroindustria, y en un momento más que oportuno, pues comenzará la discusión a la indicación sustitutiva del Ejecutivo en la Comisión de Agricultura del Senado al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.