La reciente situación ocurrida en Puerto Montt, donde un adolescente le disparó a otro al interior de un establecimiento educacional, es un hecho muy grave. Aunque este tipo de ataque es infrecuente en nuestro país –un hecho similar y con consecuencias fatales ocurrió hace 15 años–, su gravedad no solo debiese generar alarma, sino también una respuesta.

¿Qué se puede hacer para prevenir que hechos como este se repitan?

Una de las posibilidades involucra aumentar el control hacia niños, niñas y adolescentes. Se ha propuesto, por ejemplo, la revisión de sus pertenencias previo al ingreso a sus establecimientos o salas de clases. Este tipo de medidas –altamente efectistas y de implementación a corto plazo–implican algo que no se puede perder de vista: no requieren que el Estado se preocupe por la situación de la salud mental de los adolescentes y sus condiciones de vida, ni requieren que el Estado se preocupe activamente por cómo abordar la violencia que viven niños, niñas y adolescentes, y que pueden reproducir en sus espacios escolares o comunitarios.

Otra respuesta involucra una intervención preventiva y de fondo. Bajo dicha propuesta, el Estado podría optar activamente por invertir en salud mental para adolescentes, por enseñar un conjunto de respuestas alternativas ante los conflictos, de modo que la violencia extrema, como en este caso, no sea una opción. Esta propuesta de intervención para abordar los hechos ocurridos involucra considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como sujetos a formar en el ejercicio de ciudadanía, de modo que valoren y ejerzan su propia opinión y que ante todo respeten también opiniones de sus pares; y que, de existir diferencias, las puedan resolver desde una noción de derechos.

El tema de fondo, a partir de los hechos ocurridos en Puerto Montt, es la educación en derechos humanos, la educación para el ejercicio de ciudadanía (temas de claro interés para Corporación Opción). En un momento en que se han discutido recientemente las modificaciones a la formación curricular de nuestros adolescentes de enseñanza media, con la educación cívica como protagonista, cabe remarcar que la ciudadanía y su ejercicio solo se promueve con los pares, con los compañeros de curso, con aquellos con quienes se comparte la opinión y por sobre todo con aquellos que piensan diferente.

Una respuesta de Estado que se oriente a revisar mochilas y a realizar controles de identidad a adolescentes se muestra alejada de formar ciudadanos respetuosos de los derechos, tanto de los propios como los de otros.