Milton Friedman, gurú de la dictadura de Pinochet, es el más purista de los intelectuales que promueven el sistema económico del libre mercado y siempre se le ha criticado porque era un promotor acérrimo de los intereses de las empresas privadas, con un desprecio por los bienes públicos, y en tal sentido se repite que, según él, tales empresas solo debían tener como objetivo sus propias ganancias, pero lo que no se dice es que para ello él mismo decía que es imperativo respetar las leyes y la ética en los negocios. O sea, el neoliberal Friedman no era tan malo como lo han pintado.

Pues bien, recientemente la asociación gremial empresarial que tiene el primer lugar en las acciones de lobby, la Cámara de la Construcción, tuvo un evento que reunió a la flor y nata de los principales actores del mercado, con la presencia, ¡era qué no!, del propio Sebastián Piñera, quien prefiere desconocer el pago de los tributos territoriales, y allí su avispado presidente, Patricio Donoso, aprovechó la instancia para pedir políticas públicas a favor de su sector.

El dirigente también dijo, aprovechando el desconocimiento sectorial generalizado de la audiencia, que algunos de sus socios “son sancionados por incumplir leyes o normas que no existían cuando aprobaron sus anteproyectos” (sic), sin dar ninguna explicación que sustentara su acusación lanzada al boleo. Posiblemente se refería a dictámenes de la Contraloría pero sin nombrarla, de tal forma que esa denuncia truncaprodujo el impacto buscado y quedó como un hecho grave en quienes lo escucharon.

Asimismo el aludido hizo un urgente llamado a elevar la probidad y a erradicar la corrupción, pues en sus palabras, ella es el mayor enemigo de la democracia y de la libre competencia. Todos sabemos que en Chile la corrupción está desatada y que la probidad es un linda palabra que adorna los discursos de aquellos que ejercen el poder. 

Fue de una impudicia mayor que este dirigente empresarial se alineara, como una santa y blanca paloma, con aquellos que promueven políticas sanas en los mercados, pues los que son efectivamente cicateros para obtener ventajas indebidas en el mercado son las empresas constructoras más poderosas, las mismas que controlan, con el voto censitario, la asociación gremial que preside el expositor en ese club privado de amigotes. En rigor, cuando expuso su invectiva a la corrupción debió dirigirla con nombre y apellido de las sociedades privadas que tienen permisos de edificación objetados por la Contraloría y los tribunales de justicia, lo que, como buen incitador a la incertidumbre, no hizo.

¿Por qué el título de esta columna de opinión?

Porque el martes 7 de mayo pasado asistimos al Seminario “Nuevos Desafíos y Perspectivas del Derecho Urbanístico en Chile”, realizado con gran afluencia de público en la sede de Santiago de la Universidad Católica de Valparaíso, acto que tuvo como expositores a 4 académicos serios y supremamente competentes en sus especialidades. Se abordaron materias relacionadas con los Instrumentos Normativos de Planificación, con los permisos de edificación y con los presuntos derechos adquiridos que alegan ciertos actores del mercado inmobiliario.

Escuchamos en primer lugar con sumo interés al catedrático español Luciano Parejo, una lumbrera en el derecho administrativo y sus palabras versaron sobre la función pública del urbanismo desde el Derecho comparado. Explicó que en el País Vasco todo proyecto de construcción debe contemplar un 50% para viviendas sociales. Enseguida habló con singular acierto el abogado Eduardo Cordero, doctor en Derecho y profesor titular de derecho administrativo de la aludida universidad, quien ejerció al mismo tiempo como  moderador, refiriéndose a los permisos de edificación y los problemas actuales que tienen algunos de ellos.

Más adelante expuso el abogado Enrique Rajevic, también doctor en derecho, profesional muy conocedor de la historia de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en esa calidad nos hizo un recuento cronológico y pormenorizado de ese estatuto legal. En cuarto lugar le tocó al arquitecto Manuel Pedreros, profesor de la mencionada universidad, quien habló sobre la certeza jurídica de los actos administrativos y acerca de los conflictos que se producen con la aplicación de los instrumentos de planificación territorial.

No cabe ninguna duda que estos 4 académicos, dos de ellos formados al alero del insigne maestro Luciano Parejo, tuvieron un excelente desempeño que incentivó a los asistentes a formularles consultas en el espacio asignado para tal propósito. Se trataron con bastante conocimiento, entre otros tantos, los casos del mall Barón en el terreno de propiedad de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), localizado en la patrimonial ciudad puerto, negocio de Falabella que no prosperó porque la administración pasada de la Municipalidad de Valparaíso cometió ilegalidades insalvables en el otorgamiento del permiso. También se aludió al hotel Piqueros en Concón, estructura que ha tenido una larga tramitación por errores cometidos por la institucionalidad ambiental de la 5ª región.

Asimismo se explicaron las razones de fondo por las cuales el proyectado mall de Horst Paulmann en la comuna de Vitacura, con un permiso de edificación de hace 19 años atrás, con normas urbanísticas de la Municipalidad de Las Condes, por lo tanto caducado, tampoco se podrá desarrollar aprovechando, como deseaba su titular, esas muy permisivas normas de una comuna adyacente. Entendemos que ahora Cencosud, empresa que en sus alegaciones ante la Contraloría reconoció expresamente que su permiso ya había caducado, ingresará en la Dirección de Obras Municipales una solicitud de permiso, acogiéndose sin chistar a las actuales y más restrictivas normas contenidas en el Plan Regulador Comunal de Vitacura.

En resumen, la Universidad Católica de Valparaíso, a través de estos 4 letrados, cumplió a cabalidad su impronta académica y por ello, tal como rebatimos fundadamentelas pretensiones de la mezquina industria inmobiliaria, celebramos el importante rol desempeñado por la aludida casa de estudios superiores porteña.