Aunque no necesariamente compartimos la sentencia de Balzac (“detrás de cada gran riqueza se encuentra un delito”), sí estamos totalmente de acuerdo con la columna de opinión de Roberto Pizarro y, tenemos la certeza de que la corrupción en Chile, por asegurar privilegios y, por ende, aumento del patrimonio a los apitutados públicos y privados, se mantendrá por mucho tiempo, ya que erradicarla con políticas que busquen la probidad y la transparencia en la aplicación de la ley sería un pésimo negocio para los anteriores. En pocas palabras, describimos sendos comportamientos algo pícaros, no divulgados por la prensa del establishment, de los personajes cuyos apellidos se aprecian en el título de este sucinto relato.

Pues bien, a raíz de una noticia publicada en el medio digital El Dínamo, supimos que Piñera había obtenido en el año 2011, vale decir, en su primer gobierno, una concesión marítima para su vivienda de veraneo localizada en un sector rural de la comuna de Pucón, IX Región de la Araucanía, autorización entregada por las autoridades de entonces para una franja de 900 m2 de su terreno ribereño que enfrenta el lago Caburgua. Lo anterior nos motivó para formular consultas, en base a la ley Nº 20.285 de Transparencia, a los actuales mandos de la Municipalidad de Pucón, específicamente a la Directora de Obras Municipales (DOM), para saber cómo y cuando se construyó esa casa habitación.

Tal funcionaria nos expresó que el 11 de agosto de 1988, en plena dictadura, se le cursó el permiso de construcción Nº 102 “al señor Sebastián Piñera Echenique” para levantar una vivienda de 698 m2, sin indicarse la superficie del terreno rural, y que el supervisor era el arquitecto Cristián Boza, dejándose en claro que ese permiso se otorgó un día después del mandato respectivo del 10 de agosto de 1988 del Seremi de Vivienda, luego, constatándose que se trató de una operación express.

Ya en democracia, la DOM de Pucón le otorga a Piñera el permiso de edificación Nº 210 del 26 de septiembre de 2003 para ampliar dicha vivienda indicándose ahora que el terreno es urbano, lo cual es una gruesa mentira, y que el mismo tiene una superficie de 200.000 m2.

Pero lo interesante, por no decir impúdico, en este episodio es el hecho irregular, confirmado por la propia DOM de Pucón, de que esa magnífica casa de veraneo que utiliza cada cierto período de tiempo Su Excelencia, inmueble que debería tener un avalúo comercial de unos $1.000.000.000 (mil millones de pesos) es clandestina, pues no tiene la correspondiente recepción final de obras municipales, con lo cual de paso nunca ha pagado las contribuciones de bienes raíces, suma que determina el Servicio de Impuestos Internos (SII) y cobra trimestralmente la Tesorería General de la República.

Para no ser menos, Luksic se las arregló como pudo para que su Banco de Chile le otorgara el crédito que urgentemente necesitaba la pyme Caval para que, con ese dinero, la empresa de Compagnon-Valero pagara la compra del predio de 44,3 hectáreas (90% rural y 10% urbano) ubicado en Machalí de propiedad de un empresario agrícola en insolvencia.

De acuerdo a una tasación comercial seria de ese terreno, su precio en el mercado inmobiliario, tal como lo dijo en su informe técnico la empresa Valuaciones de Chile, era de UF 119.507, equivalente a UF 0,27 el m2, pero después de la entrevista que tuvo con Luksic el matrimonio Dávalos-Compagnon en su oficina del Banco de Chile, esa cifra aumentó a UF 313.257, equivalente a UF 0,70 el m2, guarismos que se inventaron al interior del banco solo para justificar el crédito a la nuera de Bachelet y a su socio Valero.

La tasación “oficial” que validó la operación crediticia fue elaborada por un profesional “experto” de confianza absoluta del mencionado banco comercial, documento que tuvo en su poder el adusto Comité de Riesgos, instancia que le dio el visto bueno a la entrega del dinero a los prestatarios. Como un hecho sintomático que nadie ha querido investigar, dejamos en evidencia que el tasador del banco condicionó el alto valor de su tasación a la posible y futura aprobación de la modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, mediante la cual, como todos los intervinientes esperaban, la totalidad de las 44,3 hectáreas se transformarían en urbanas con la consiguiente y automática plusvalía. El especulativo cambio en las reglas del juego territorial no se produjo, pero igual se utilizó esa tasación sobrevaluada para cursar el crédito.

Como vemos, en ambos casos nuestros compatriotas Piñera y Luksic cometieron conscientemente prácticas insanas en sus decisiones: ahora esperamos que el primero pague con efecto retroactivo, por los 3 últimos años, conforme a las reglas vigentes, las contribuciones de bienes raíces de su acogedora vivienda en el lago Caburgua para lo cual su amigo Boza tendrá que tramitar en Pucón la respectiva recepción final de obras y, por otro lado, estamos seguros que Luksic habrá entendido que aprobar créditos, aunque sea a una familia presidencial, sin las garantías apropiadas no es el camino que debe emplear su banco.