La influencia de Raúl Guzmán en el mundo político y judicial podría acrecentarse aún más luego de su llegada al cargo de secretario del Senado, si se concretan nombramientos clave de su entorno.

Guzmán, quien renunciará como fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, asumirá el codiciado puesto en el Senado en mayo. Y la carrera por sucederlo en el cargo que deja tiene a dos de sus cercanos, hasta el momento, bien encaminados. Pero nuevos antecedentes dan cuenta que un antiguo y complejo caso podría complicar a uno de ellos, mientras que el otro podría enfrentar un creciente rechazo de funcionarios internos.

Se trata de Marcos Pastén y Héctor Barros. Ambos son miembros de una terna que también está compuesta por Tufit Bufadel y, entre los tres, se decidirá quién reemplazará a Guzmán en la fiscalía sur.

Bufadel, actualmente fiscal jefe de Maipú y Cerrillos, ha sido parte de media docena de ternas para ser fiscal regional. Pero no ha logrado llegar al cargo. Incluso, estuvo en la terna que definió a Emiliano Arias como fiscal regional de Rancagua, decisión que tomó el fiscal nacional, Jorge Abbott, el mismo que ahora debe definir el nombre del nuevo fiscal sur.

Sobre Abbott podría pesar ahora la decisión de haber nombrado a Arias, su adversario más acérrimo en la institución, en vez de a Bufadel. Aquello, su experiencia y haber contado con la mayoría de los votos de las cortes, inclinarían la balanza a favor de Bufadel. Pero varias fuentes consultadas por El Desconcierto coinciden en que los candidatos de Guzmán: Pastén, jefe de la Unidad de Corte de la Fiscalía Metropolitana Sur; y Barros, fiscal jefe de Puente Alto, corrían con cierta ventaja hasta ahora.

De concretarse uno de esos dos nombramientos, Guzmán dejaría a uno de sus cercanos a cargo de una fiscalía de amplios contactos con el gobierno, dado los temas que prioritariamente investiga: seguridad y drogas. De hecho, el mismo Guzmán ha sido mencionado como un persecutor con contactos fluidos con Andrés Chadwick, el ministro del Interior.

Pero sus redes podrían ampliarse aún más si el demócrata cristiano Aldo Cornejo es nombrado prosecretario y tesorero del Senado. Cornejo, un antiguo político que en su última campaña apenas logró un 2%, corre como favorito para quedarse con el cargo, mientras que su cercanía con Jorge Abbott ha comenzado a ser comentada en círculos judiciales y políticos.

Y es que la posible llegada de Cornejo al Senado y el eventual nombramiento de Pastén o Barros en la Fiscalía Metropolitana Sur, dejarían a Guzmán con amplios contactos en diversos niveles del Ministerio Público. Y aquello, además de sus polémicas palabras que mencionó ante los comités parlamentarios en la previa de su elección como secretario, cuando dijo que se transformaría en un “escudo protector del Senado” si era electo, se han transformado, de acuerdo a varias fuentes con las que conversó este medio, en un tema recurrente entre quienes siguen los nombramientos que deben hacer senadores y el propio Abbott.

La demanda ante la OIT

Héctor Barros, el fiscal jefe de Puente Alto, ha sido apuntado por algunos funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, y también de la Oriente, como un fiscal complejo en la resolución de conflictos internos, precisamente, los que más han afectado a Puente Alto. De Barros se dice que ha tenido que enfrentar críticas por cómo se relaciona con los funcionarios, y por su participación en sumarios administrativos internos.

Las críticas no han escalado públicamente, pero en el interior del Ministerio Público son conocidas. Pero mientras Barros debe lidiar con aquello, Pastén enfrenta una situación aún más compleja.

El 5 de abril pasado, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte (Affremcen) elevó un reclamo ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) por irregularidades en la tramitación de un sumario administrativo y en una causa penal iniciada a raíz de una denuncia por acoso sexual que sacudió a la Fiscalía de Puente Alto, durante 2016.

Los antecedentes llegaron hasta Raúl Guzmán, en enero de 2017, a través de un correo electrónico, de la fiscal adjunta de Puente Alto, Lorena Herrera.

En el mensaje la persecutora daba cuenta de los abusos de los que habría sido víctima su amiga y también funcionaria de esa misma fiscalía Ángela Villalobos por parte del abogado asistente de la Fiscalía Local de San Miguel, José Luis Muñoz Miguel. También extendía las responsabilidades a Edith Espinoza, administradora de la Fiscalía Local de Puente Alto, quien habría estado al tanto de los hechos, pero, de acuerdo a la versión de Villalobos, los habría minimizado cuando ella quiso reportarlos de manera formal.

La denuncia se realizó once meses después del episodio que relató Villalobos, en marzo de 2016, luego de una despedida que se hizo en el edificio de Edith Espinoza y del que asistieron varios colegas de la Metropolitana Sur.

Ese correo fue la base para que el fiscal Guzmán instruyera iniciar un sumario administrativo, a cargo de Marcos Pastén y, al poco tiempo, abriera una causa penal a cargo del fiscal Guillermo Adasme, jefe de la Unidad de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Guzmán dio el visto bueno a las conclusiones a las que arribó el sumario que llevó adelante Pastén y ambos trabajadores fueron removidos de sus cargos, en junio de 2017. Mientras que la arista penal del caso se resolvió en diciembre del año pasado. El cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a José Luis Muñoz, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones, en un fallo 3-0.

Que la justicia resolviera absolver de los cargos a Muñoz gatilló que el gremio de trabajadores llevara el caso al plano internacional invocando el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo. Según el escrito –al que tuvo acceso El Desconcierto– el proceso careció de una serie de formalidades legales, faltando así a la normativa interna del Ministerio Público.

Se precisa que a Edith Espinoza se le imputó falta a la probidad porque no denunció el hecho, aunque advierten que en el sumario eso no logró comprobarse. Este fue el motivo de su remoción, aunque el criterio no fue el mismo que se aplicó con sus pares hombres que sí conocían del caso.

Además, señala que en no se les entregaron las copias de la carpeta de investigación a los imputados y que se generó una orden de detención verbal omitiendo información al juez de garantía sobre la colaboración de José Luis Muñoz con la indagación. De ahí que se apunte a que Raúl Guzmán desconociera la reglamentación en su condición de superior jerárquico.

La dupla Guzmán-Pastén

Marcos Pastén Campos integra el equipo jurídico del fiscal Raúl Guzmán como abogado asesor de la unidad de Corte. En este caso fue Guzmán quien firmó la resolución de remoción de los funcionarios, avalando los criterios de su asesor y hombre de confianza.

Los respaldos eran necesarios para allanarle el camino a uno de los funcionarios “aventajados”, según se comenta en la fiscalía sobre las consideraciones que Guzmán habría transmitido a los ministros de las cortes.

“Raúl Guzmán asumió la jefatura de la Fiscalía Regional Sur con estándares de probidad, pero eso es totalmente cuestionable en su postulación al Senado, éticamente ha dejado mucho que desear”, manifestó a Macarena Pino, presidenta del gremio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En la denuncia ante la OIT, se apunta a que Pastén actuó de manera sesgada al demostrar la culpabilidad de los investigados. En la presentación adjuntan varias declaraciones que se entregaron en el tribunal en la que, según el gremio, Ángela Villalobos manifestó que la denuncia fue para defenderse de supuestos malos tratos y de una eventual evaluación negativa de su desempeño. Además, en el escrito señalan que esta no fue una denuncia espontánea, sino que planificada.

En tanto, la denuncia recalca que a pesar de que estos hechos no se conocieron por parte de Villalobos, en el sumario Pasten acredito que sí fueron revelados por ella.

“Como funcionarios estamos pidiendo que se nos mida con la misma vara, no con un procedimiento especial, pero en este caso no se consideró eso. Se pasaron a llevar normativas fundamentales del proceso”, indicó Pino a este medio.