El 14 de agosto de 1985 quedará grabado en la historia de Perú debido a que aquel día se registró una de las matanzas más sangrientas que vivió el país sudamericano.

Se trata de la matanza de Accomarca, en el departamento de Ayacucho, donde murieron 61 campesinos a manos de una patrulla del Ejército de Perú. El hecho, que ocurrió durante el primer gobierno de Alan García, es recordado por la brutalidad con la que actuaron los uniformados, quienes arrasaron con el lugar bajo la premisa de que allí había una base de la organización terrorista Sendero Luminoso.

A los pobladores los sacaron uno por uno de sus viviendas, y separaron a los hombres y ancianos para encerrarlos en tres casas, a las que les dispararon, les lanzaron granadas y prendieron fuego para carbonizar los restos.

Según indican las cifras oficiales, la matanza tuvo un saldo de 61 muertos, 23 de ellos eran niños. Sin embargo, los familiares afirman que son 71, cuestión que es difícil de comprobar debido a que no se pudieron verificar las muestras de ADN en los restos carbonizados.

La Comisión de Verdad y la Reconciliación, que fue creada en 2001 para hacer un informe sobre la violencia armada interna en Perú entre 1980 y 2000, determinó que "no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso", según indica BBC.

El 30 de abril de 2014, Alan García fue hasta un tribunal para declarar por la responsabilidad política de su gobierno en la matanza. En la audiencia del juicio el presidente negó que este hecho haya formado parte de su política de gobierno y lo calificó como un hecho "aislado", según consigna Última Hora.

"Procedí a cambiar la estrategia (antiterrorista), la forma de ver esta acción, destituí al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a otros oficiales, (fue) un remezón que nos obligó a actuar con pulcritud y cumpliendo las reglas democráticas para evitar cometer excesos como Accomarca", sostuvo el fallecido mandatario en aquella ocasión.

En 2016 fueron condenados 10 miembros del Ejército quienes recibieron entre 10 y 25 años de prisión por su participación en la masacre. Este fue un fallo histórico debido a que fue la primera vez que un tribunal civil se pronunció sobre los crímenes que cometió el Ejercito peruano durante los años 80.