El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dejó en evidencia que el proyecto político de Israel no es una democracia representativa, como suelen argumentar sus adeptos por el mundo, tras declarar abiertamente que “Israel solo pertenece a los judíos. No a todos sus ciudadanos”.

Esta declaración, que de suyo es excluyente y totalitaria, es gravemente preocupante si consideramos que en Israel más del 20% de su población es árabe (no judía) y aproximadamente un 2% se reconoce como Druso. Ello sin contar a los aproximadamente cinco millones de palestinos que se encuentran en Cisjordania y Franja de Gaza, territorios ocupados y administrados por Israel.

Netanyahu, quien busca la reelección en abril próximo, está muy lejos de ser el líder de un sistema democrático, por el contrario, su ideario y actuación han sido motivados en la construcción de un hogar nacional judío sin importar que en esas tierras han vivido, viven y vivirán personas de otras confesiones o creencias. Esta realidad siempre ha sido desmentida o matizada en el proceso formal electoral, que algunos presentan como contraargumento a quienes denuncian la limpieza étnica que se realiza en territorio ocupado y el “apartheid” que se vive al interior de Israel, existiendo unas sesenta leyes discriminatorias para los no judíos.

Tras décadas de una política de hechos consumados en los cuales se insertan colonos (ilegales) en territorios ocupados y se desplaza sistemáticamente a la población aborigen, las palabras del Primer Ministro sólo han venido a sincerar la verdadera política de Estado de Israel, la cual ha sido inmutable a pesar de las decenas de resoluciones de Naciones Unidas que la condenan.

Las democracias modernas que se muestran perplejas por la falta de credibilidad entre sus ciudadanos, o por la crítica ante su falta de consistencia en la defensa de los derechos humanos y derecho internacional, debieran comprender que su doble rasero es razón suficiente para dicho descrédito.

De hecho, en los tiempos post modernos las democracias representativas han tendido a sincerar que en la escena internacional priman los intereses y la política de alianzas, ya que les es prácticamente imposible “esconder” o justificar las explícitas declaraciones del Ministro Netanyahu que no sólo van contra el corazón de la democracia, sino que atenta en contra de los principios del régimen internacional de los derechos humanos. Sin embargo, ya sabemos que no habrán sanciones de ningún tipo, como tampoco las habrá contra Arabia Saudita por su acción sistemática de violación a los derechos humanos en contra de los yemeníes.

Desde otra perspectiva, un tanto más optimista, la nueva manera de hacer política exterior por parte de actores como Trump y Netanyahu evitan la manipulación de la opinión pública, ya que de primera fuente conocemos los objetivos políticos detrás de sus acciones.

Lo lamentable de ello, es que ha quedado lejos la declaración de los derechos del hombre y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En los hechos las potencias occidentales demuestran fatiga y/o desinterés en la defensa y promoción de los derechos humanos. La pregunta que cabe es, ¿será que a la sociedad civil también le es indiferente, y están más bien interesadas en reivindicar solo sus propios intereses?, ¿o podremos esperar que alcen la voz en defensa de las personas y valoren la democracia como el régimen que mejor protege sus derechos fundamentales?