«¿Desaparecidos del Araguaia? Quien busca hueso es perro» sentencia una común y corriente hoja de papel mercurial pegada en las ventanas de las oficinas del diputado Jair Mesías Bolsonaro. Era el año 2009 y la coyuntura política estaba atravesada por dos discusiones que remitían a una misma fuente: el deber de la memoria en Brasil. De un lado, un consenso cada vez más férreo a nivel parlamentario entre la izquierda y la derecha liberal que pugnaba por cambiar el statu quo en materia de crímenes de la dictadura: cumplidos 30 años de vigencia absoluta de la ley de amnistía —paradigmática en su técnica jurídica de impunidad al extenderse a crímenes conexos de un bando y otro—, era necesario avanzar hacia una justicia transicional mínima. El debate sobre la creación por ley de una comisión de verdad y reconciliación tenía, por primera vez, amplio apoyo ciudadano. Los ejemplos cercanos eran Argentina y Chile, y las presiones de la ONU y la OEA apuntaban a saldar una deuda de reconocimiento, verdad, justicia y reparación de las atrocidades del régimen militar. De otro, el anuncio de las víctimas de las que se burlaba el actual Presidente de Brasil de llevar el caso ante la Corte Interamericana de DD.HH, denunciando la connivencia por décadas del Poder Judicial con las tramas de protección, pactos de silencio y corruptelas militares.

Sin aspavientos, esa fotografía de Bolsonaro, indicando el precario diseño y su mensaje abyecto, se transformó en su bandera de lucha. Hasta hoy, incluso. Herramienta de una estética política elemental y sin belleza alguna que usa siempre el lenguaje desdeñoso y de los vencedores. Nunca antes había tenido mayor protagonismo en su gris carrera, salvo cuando pronunciara en 1993 su primer discurso en el Parlamento y lo ofrendara a la grandeza de la dictadura. Casi dos décadas después es la máxima autoridad política de su país y lo tenemos invitado en el Palacio de la Moneda, expresándonos ese fascismo eterno y el nacional populismo que sostienen su irrupción. Allí, mientras parte de la derecha liberal y sus pares golpistas se regocijan con sus chistes, sus asesores toman nota de aquello que ha sido lo único que ha llamado su atención: la tesis del Elogio del olvido, último libro de David Rieff. Crónica vivencial, y no relato de teoría política o jurídica, que ha servido para justificar la falacia de que los supuestos contextos históricos de lucha civil armada pueden eximir de responsabilidad penal a los militares. Ya en Bosnia o en Sudáfrica, ya en Chile o Colombia. La memoria caduca y prescribe.

Entonces, al tiempo que las manifestaciones se suceden en las principales ciudades chilenas en su contra, no hay repercusión alguna en la prensa local sobre la expectación mundial entre los expertos: la Conferencia de Prosur —iniciativa liderada por el Presidente Piñera a propósito de la búsqueda de legitimación del intervencionismo en Venezuela— puede abrir la puerta al mismo vendaval del destrucción que significó en 1975 el Plan Cóndor. La diferencia es que ya no es solo la colaboración secreta de las agencias de seguridad de las dictaduras militares con Henry Kissinger y la Casa Blanca, sino que son los estados herederos de esos regímenes que, bajo sus democracias neoliberales, dan vuelta la espalda al derecho internacional y secundan las órdenes de Washington. En esa puesta en escena, de todos, el favorito de Trump es Bolsonaro; y su nuevo aliado global BB Netanyahu. A los tres, los une una pesada cadena de oro fascista con la inscripción de Steve Bannon como firma de autor y el santo alero de las congregaciones evangélicas más ambiciosas. Realpolitik a la orden del reino bíblico de Sión. El Vaticano ha sido desplazado, advierte el lobbysta. Y, los demás presidentes latinoamericanos interesados esperan en la fila a caer en gracia a Mr. President.

Araguaia, el vuelo rapaz del Cóndor y su aprendiz

La verdad judicial sobre las atrocidades contra la Guerrilla de Areguaia, entre 1972 y 1975, y la indefensión permanente de las víctimas (familiares) de los desaparecidos, torturados y ejecutados en la que el Estado de Brasil tenía responsabilidad, marcó un punto de inflexión sobre la escasa relevancia dada al derecho y al deber de la memoria. La Corte Interamericana de DD.HH. en el año 2014 dicta una resolución a estos efectos que es trascendental en el continente por varios motivos. Primero, porque fue la insurgencia de Araguaia la respuesta original, desde 1966, del Partido Comunista contra la dictadura en plena selva: Cuba y Viet Nam eran el espejo de esta lucha armada por el campesinado indígena, no por los activistas de las metrópolis. Segundo, porque se transforma en el laboratorio de ensayo de los inicios del Plan Cóndor y en fuente de doctrina para la formación militar de este proyecto de ‘descabezamiento’ selectivo y profundo de las cúpulas partidarias de izquierda en un espacio donde el montaje y la crueldad no dejaban huellas. Tercero, porque los Archivos del Horror y los roles de facilitamiento de la acción criminal de parte de Paraguay y Chile dejaban claro el nivel de cercanía de nuestro gobierno, representado en Manuel Contreras, con Washington y el traspaso de los modus operandi de la DINA a otros regímenes; en tanto, las simulaciones y falsificaciones documentales de las puestas en escena remitían siempre a Asunción. Los años de plomo de Brasil, de Chile e Italia estaban también conectados por la identidad de sus ejecutores e instigadores. Y, finalmente, porque define el criterio para el Tribunal Federal de Brasil: la validación, en toda instancia, de la ley de amnistía no solo entraña una infracción al deber de control de convencionalidad de los jueces, sino que implica una denegación flagrante de justicia, que para los familiares de los desaparecidos entraña un daño equiparable al de la tortura sicológica.

A 45 años de esa operación y a 5 del fallo citado, resulta del todo reprochable en foros y entidades internacionales que Jair Bolsonaro haya pasado las últimas dos semanas alabando a Pinochet y a Stroessner, como gestores de una magna obra latinoamericanista que quedó inconclusa por no lograr ‘matar a unos cuantos miles más que todavía entorpecen con temas nuevos’ de ideología de género y defensa homosexual; justicia migratoria; lucha contra el ficticio cambio climático; y, lo más nefasto: la sociedad de derechos garantizados. Discurso recurrente y casi normalizado ante una izquierda perpleja que se vio reforzado en tierras chilenas, cuando llamó a las Fuerzas Armadas de Brasil a rememorar y celebrar el golpe militar del 31 de marzo de 1964. Gesta heroica que la misma justicia ordinaria norteamericana ha venido a develar fue parte de una operación de la doctrina de seguridad nacional, inaugurando la construcción de un modelo de derechas golpista continental.

Por otra parte, en este camino de incipiente defensa de la memoria, Bolsonaro ha sido descubierto hace pocos días ante la prensa como un aprendiz de vuelos rapaces. Aquel ordinario afiche ya era un antecedente de su estrecha conexión con el mayor que comandó toda la acción criminal de Araguaia, pues a este último pertenecen las odiosas e indignas palabras de comparación de las víctimas con un animal. Se trata de Sebastián Rodriguez De Moura que durante largo tiempo, entre otras, usó la identidad italiana de Mario Luchinni, o el apodo paraguayo de Curió. Tortura, exterminio, desapariciones forzadas, inhumaciones y exhumaciones integran el catálogo de su prontuario penal. Mas, la prueba documental de esa cercanía está en las cartas de promoción de los años 80 y recomendaciones que firmaba para un joven Jair, tan leal y diestro con las armas que merecía liderar cualquier guerra.

La frágil construcción del derecho y deber de la memoria

Por eso, el discurso de Bolsonaro no es solo una excentricidad de un militar retirado, sino propaganda de una ideología alimentada por décadas de desdén hacia la memoria como derecho humano. El mandatario cada vez que habla de las dictaduras y sus crímenes más notorios traspasa de un modo intolerable los límites de la ética humanista cristiana a la que dice adscribir —que paradójicamente, para él, es la fuente del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación—y comete un acto de agresión que provoca daño moral en contra de las víctimas de tales procesos judiciales. Aunque ello no esté tipificado como crimen de negacionismo ni apologismo, su libertad de expresión no es tan absoluta como para resultar eximido de la responsabilidad de su ataque en contra de un colectivo plenamente identificado y sobre hechos cuyo acaecimiento los gobiernos militares y sus agentes ya han sido sancionados.

La historia de reconocimiento del derecho a la memoria en Brasil es muy reciente y ha sido desbordada por otras luchas sociales y la crisis de los partidos políticos. Apenas en el año 2014 se conoció el informe final de la Primera Comisión de Verdad y Reconciliación creada un trienio antes, y que estaba dedicada a la recopilación de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1946 a 1988. Así, el que fuera uno de los mayores triunfos del gobierno de Dilma Rousseff, como primer ejercicio de justicia transicional, ha sido opacado por la crítica de su insuficiencia, el pesado velo del silencio y las conspiraciones para obstruir la justicia. En efecto, la entidad terminó contabilizando 434 víctimas mortales o detenidos desaparecidos y se identificaron a 377 partícipes de tales crímenes (autores, cómplices y encubridores), de los cuales poco más de 180 siguen vivos. No más que una decena de ellos han cumplido prisión preventiva y condena con beneficios carcelarios. La razón: apenas se abren procesos judiciales se invoca la ley de amnistía y se sobreseen de manera definitiva. Recién a mediados del año pasado un tribunal de segunda instancia confirmó, por primera vez, que no cabía aplicar aquella infame normativa, respondiendo el todavía candidato Bolsonaro con un llamado al acuartelamiento de las fuerzas militares y la promesa de que se terminaría, bajo su gobierno, con la basura comunista de los crímenes de lesa humanidad.

Y este día domingo 31, cuando las Fuerzas Armadas celebren los 55 años del golpe militar, bajo la autorización del Ejecutivo, el Presidente Bolsonaro estará convenientemente de gira oficial en Israel, su nuevo aliado del reino de los 4.000 años. Desde Tel Aviv grabará mensajes de saludo a las iglesias evangélicas de EE.UU., a Mr. Trump y a sus excelsos y valientes soldados. La memoria, la estética política del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de los actos más deleznables cometidos por agentes del Estado o en la guerra, alude a una dignidad universal que nos pertenece a todos. Si se permite que el discurso de la nimiedad y el desdén afecten a este bien jurídico se destruye el lenguaje y su belleza, se pulveriza la libertad y la humanidad. No importa el paso del tiempo sino la tolerancia a la falsedad de lo impune. El revisionismo de la extrema derecha deberá, entonces, responderse con las ideas del excelso Stefan Zweig, autor austríaco que amó a Brasil en los años 40, como el paraíso de aquella Europa en la que creció antes del nazismo. Las democracias, finalmente, no son resilientes a ese averno del elogio del olvido y la memoria de Araguaia es tan sublime como la de los judíos o la de los chilenos, por eso no podemos seguir inmóviles y perplejos.

Las democracias no son resilientes. No hay tal entidad de encapsulamiento.