A un presunto engaño habría sido sometido un grupo de ciudadanos de distintas nacionalidades que fueron citados a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI bajo el pretexto de regularizar su situación migratoria y que finalmente terminaron siendo expulsados del país.

La citación se habría hecho vía correo electrónico y mensajes de WhatsApp donde se les invitaba a acercarse al edificio ubicado en la calle Eleuterio Ramírez 852 con su documentación para ver su proceso de regulación migratoria. Esta misma invitación se habría replicado en la ciudad de Antofagasta.

Ante estos llamados de la PDI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y Santiago para frenar la expulsión de 30 migrantes que se encontraban en el proceso de regularización.

En Santiago, los tribunales aún no se pronuncian por esta situación. Sin embargo, en Antofagasta la Corte de Apelaciones dictó una orden de no innovar que fue comunicada vía correo electrónico a la Jefatura Nacional de Extranjería y Migración de la PDI y al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto debería haber frenado la expulsión de 6 personas, lo cual finalmente no ocurrió debido a que hoy el gobierno concretó la expulsión masiva de 177 personas en la ciudad del norte.

Esta situación generó criticas desde el Movimiento de Acción Migrante, que mediante un comunicado condenó "las expulsiones Express realizadas mediante engaños, que recuerdan las peores prácticas ocurridas durante la dictadura de Pinochet, que infringen el debido proceso y no respetan las decisiones del poder judicial frente a órdenes de innovar de los recursos de amparo interpuestos por el INDH y otros organismos, que han sido acogidos en ocasiones anteriores y los cuales el gobierno ha decidido no acatar".

"Consideramos altamente preocupante que no se respete la división e independencia de los poderes del Estado, y que el gobierno no respete las decisiones de los tribunales de Chile y no reconozca los derechos fundamentales de las personas migrantes y sus familias", agregaron.

Desde El Desconcierto nos comunicamos con la PDI con el fin de obtener más antecedentes de esta situación. Desde la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional señalaron que "hasta ahora no existen denuncias formales al respecto".