“Ayer me escribió mi familia: ‘llevamos 12 horas sin electricidad’” -dice Enairo, mientras ataca una a una las empanaditas que tiene al lado de una caja de bombones europeos. Poco importan los más de 30 grados de temperatura que parecen derretir las calles de Santiago ese viernes de marzo; tampoco el reflejo de los rayos de sol que le golpean la nuca por el ventanal que tiene detrás. Allí, en el segundo piso del Club 50 -un exclusivo punto de encuentro en pleno Sanhattan, cuyo directorio lo compone Herman Chadwick Piñera, director de Enel y primo del Presidente; y el ex candidato presidencial, Laurence Golborne, entre otros-, el aire acondicionado funciona bien y la cerveza se toma un poco más que fría.

Sentado al lado de Enairo Urdaneta está José Gregorio Cumaré. Hablan de Venezuela, su país de origen, y de cómo se gestó el envío de ayuda humanitaria que el 23 de febrero salió de Santiago con destino a Cúcuta, Colombia.

Enairo es coordinador de Venezolanos en el Mundo (Venmundo), una organización que busca “intercambiar informaciones, promover su participación política y el voto y mantener las conexiones con el país a través de actividades”, exige libertad a los presos políticos y trabaja junto a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, rostro de la resistencia caribeña. José Gregorio es coordinador local de Voluntad Popular (el partido del presidente encargado, Juan Guaidó), de la subcomisión de ayuda humanitaria, ex candidato a alcalde, perseguido político, exiliado y asilado.

Antes de hablar del último envío de ayuda, Enairo aclara rápido:

“Esto parte mucho antes, en 2016, cuando con María Laura Lizcano nos juntamos debido a la profunda crisis que estaba viviendo Venezuela por la falta de medicamentos. Nos acercamos a la Cruz Roja para pedir apoyo e iniciar una campaña de recolección”.

Esa fue la primera derrota.

[caption id="attachment_279769" align="alignnone" width="1504"] Cajas de ayuda humanitaria almacenadas en la Cruz Roja chilena. Foto: El Desconcierto.[/caption]

La pérdida furtiva en La Guaira

Había principios que sostenían la confianza de los venezolanos en la Cruz Roja. “Era un organismo internacional, humanitario, apolítico y neutral”, recuerda Patricio Acosta, director de la Cruz Roja chilena. “A principios de 2016 se acercan estas personas, yo no las conocía, y me plantean que la Cruz Roja, al ser un organismo reconocido, podría ayudarles a levantar una campaña de acopio y a su vez, podríamos enviarlo”.

Así empezó el primer movimiento.

La intención era hacer una donación que generara impacto, “no una maleta con medicamentos; queríamos ir un poquito más grande”, precisa Enairo.

La gestión tuvo tal alcance, que hubo apoyo de empresas privadas “que nos hicieron una donación bastante importante, de casi dos toneladas”, cuenta Enairo, guardando bajo reserva el nombre de las empresas. “Fondos de la comunidad y fondos privados. Todo, a fin de costear el envío marítimo de un container con más o menos 70 mil medicamentos”.

Según cuenta Urdaneta, los medicamentos cumplían con lo que el Instituto de Salud Pública (ISP) exige para esta clase de transporte. Finalmente, salió el contenedor desde San Antonio, V región, y llegó en algún momento de agosto a La Guaira, uno de los puertos importante del país caribeño. La directora de Caritas Venezuela hizo de receptora. Pero detrás de esta misma gestión, hubo momentos grises.

“Días antes (que llegara el container a Venezuela), yo le había pedido una prueba de vida a la naviera. Sabía que algo estaba pasando, porque no me daban información concreta. Entonces, pregunté qué había pasado. Me dijeron que se lo había llevado Caritas. Hablando con la directora, me dice que todavía no ha logrado entrar el contenedor”, cuenta Enairo.

La respuesta vino por Twitter. Mediante la red social, el presidente Nicolás Maduro escribió: “Estamos decomisando en La Guaira un contenedor que quería entrar de manera ilegal”. Así se enteró que el contenido del contenedor había sido confiscado y con él también la que iba a ser la primera señal de ayuda al país con una crisis entonces en ciernes.

“Nuestro objetivo era que ojalá el contenedor entrara para que detrás de ese entraran cientos de contenedores a lo largo del mundo”, explica Urdaneta. “Imagínate desde cuándo estamos peleando la apertura de un canal humanitario”.

La teoría que comparten es que la aduana venezolana retrasó el papeleo de recepción para que sobrepasara las fechas de recepción y retención. Finalmente, el container, el que iba a ser el primero, volvió a Chile vacío.

Tres años tuvieron que pasar para que volvieran a intentarlo. Pero esta vez, la estrategia era global.

[caption id="attachment_275029" align="alignnone" width="660"] Juan Guaidó y Sebastián Piñera.[/caption]

El llamado de Guaidó

 “Sabíamos que lo íbamos a retomar”, dice Enairo, en el segundo piso del Club 50, ya sin empanadas. “Era una cuestión de tiempo”.

Si bien Juan Guaidó asumió el 23 de enero como presidente encargado, la diputada venezolana Gaby Arellano aclara desde Bogotá, Colombia, que las líneas globales del proceso de ayuda humanitaria se trazaron antes: al menos, públicamente, desde el 5 de enero.

“Ese día el compañero Juan Guaidó asume la presidencia de la asamblea nacional; el 10 de enero se vence el periodo constitucional; el 11 de enero nosotros, por todos los mecanismos de persuasión diplomática, evitamos que Nicolás Maduro usurpara el poder, él asume la decisión”, explica la diputada. “Nosotros le decimos ‘la raya roja’, que venía desde el 20 de mayo del 2018, cuando él se roba la elección y comete fraude electoral. El 10 cruza la raya roja y a partir del 11 de enero comienza todo el proceso de articulación diplomática, que tiene como fecha cumbre el 23 de febrero”.

Arellano milita también en Voluntad Popular. Está refugiada en Colombia desde mayo de 2018, cuando el gobierno venezolano emitió una orden de captura en su contra por “las relaciones que llevaba con el país vecino”, explica.

Sus abogados le alertaron de la situación. Para su suerte, en ese momento estaba en el aeropuerto venezolano, volviendo de Colombia. Las opciones eran regresar al país vecino o ir a la cárcel. Eligió lo primero.

Ella representa al estado de Táchira, región que colinda con el país cafetero. Los temas en los que se enfoca tienen que ver con las relaciones limítrofes.

“El 26 de enero me llama el presidente (encargado, Juan Guaidó), por mis relaciones con el gobierno colombiano y su congreso, y me dice que me ponga en frente de este proceso, porque además conozco cómo se debe implementar un corredor humanitario”, cuenta la parlamentaria. “En lo que hemos estado desde el 5 de enero hasta la fecha, es una ruta muy clara: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Pero en lo que estamos trabajando a tiempo completo, es en la atención social a nuestro pueblo, que muere de hambre. Ese es todo el proceso de ayuda humanitaria. Llevamos todo este proceso desde el pasado 8 de febrero de manera pública, desde que se abrió el primer centro de acopio en Cúcuta, pero exactamente desde el 2 de febrero, cuando el presidente Juan Guaidó anunció que iba a haber apertura de centro de acopio en la frontera”.

En 2018 el concepto de “corredor humanitario en la frontera” comenzó a tomar forma en las conversaciones de los venezolanos. El rol de los parlamentarios en el exilio fue aprender de protocolos internacionales para evitar que la cifra oficial de 3 millones y medio de desplazados (que, según la oposición, puede ser de 5 millones de venezolanos fuera su país), siguiera creciendo.

El lunes 4 de febrero llegaron los parlamentarios venezolanos en el exilio a Cúcuta, que es, según Arellano, “la frontera más viva, más importante y más cercana a nuestro país”. Luego se coordinó el apoyo humanitario de Estados Unidos, “quien era el donante principal”, dice la parlamentaria, “con 100 millones de dólares comprometidos para Venezuela”; y Colombia, que iba a ser el país receptor. Cuatro días después, el 8 de febrero, se hace pública la apertura del centro de acopio. Luego vino el de Brasil. Y desde entonces hay reuniones estratégicas al menos cada 48 horas.

De acuerdo a lo que cuenta la parlamentaria, el plan siempre fue que llegara la ayuda el 22 de febrero, junto con los presidentes de Chile y Paraguay, además del anfitrión, Iván Duque. Al día siguiente, ellos se sumarían al “Venezuela Aid”.

Para José Gregorio Cumaré, de Voluntad Popular en Chile, las fechas son otras.

“El presidente Juan Guaidó plantea una línea a Lester Toledo (dirigente opositor a Maduro) de comenzar una gira internacional de ayuda humanitaria. A su vez, nos hace un pedido directo de asumir la responsabilidad de la recolección y preparar todas las condiciones para el 23 de febrero. Ese pedido llega en diciembre del año pasado, porque ya la crisis se estaba agudizando”, cuenta Cumaré.

El primer acercamiento de la comunidad venezolana con el actual gobierno fue el 25 de enero, después de que los siete partidos de la diáspora venezolana eligieran por votación a sus representantes en Chile. José Gregorio Cumaré fue uno de ellos. Así nació el segundo envío.

Piñera, Chadwick, Ubilla y la ayuda

El primer representante del gobierno con el que la comunidad se sentó a conversar fue con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Fue una reunión bastante armónica. Nos expresaron que tenían la voluntad de ayudarnos y que se sentían complacidos en tener venezolanos en Chile. Para ellos, era un gran aporte y tenían todas las disposiciones para darnos las condiciones de inserción dentro de la sociedad chilena, pero de forma legal. Nosotros también sentíamos que la cosa debía ser ordenada”, cuenta José Gregorio.

Ese fue la génesis de la comisión presidencial de la diáspora venezolana. De allí nacieron también cuatro subcomisiones, que sirven de ejes de trabajo:

“Primero, el refugio, porque se ha demostrado que los venezolanos somos los más perseguidos a nivel político y hemos tenido mayor solicitud de refugio, llegando casi a las 8 mil solicitudes; en segundo lugar, el tema de la ayuda humanitaria; la tercera subcomisión es la de migración, que tiene que trabajar directamente el tema de la nueva ley de migración y extranjería; y el cuarto punto es lo social, que vela por aquellos venezolanos que, por ejemplo, han entrado al país sin tener papeles, lo que los imposibilita para trabajar y de allí a no tener estabilidad económica y vivir en la calle o en refugios”, enumera Cumaré.

La designación de Guarequena Gutiérrez como representante venezolana de Guaidó en Chile aceleró las conversaciones con el gobierno. Finalmente, el 15 de febrero el subsecretario Rodrigo Ubilla (que estaba como ministro subrogante de Interior), hizo el anuncio: se comprometió a enviar 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. Se trataba de 100 millones de pesos en productos.

“Lo primero que pensé fue, ¿cómo hago para montarme en ese avión?”, recuerda José Gregorio. “Había más de uno con esa euforia”, agrega Enairo.

El 16 de febrero, apareció en el Diario Oficial el decreto que daba cuenta del detalle de la ayuda humanitaria: 700 kits de higiene infantil; 700 kits de alimentación en cajas, 100 cajas de furosemida (para personas con problemas cardíacos, al hígado o al riñón); 4.400 inhaladores de salmeterol (para el asma y otros problemas respiratorios); 10 mil inhaladores de budesonida (también para problemas respiratorios); 3.125 frascos de clorfenamina (antihistamínico); 1.650 frascos de nospasmin (para dolores gastrointestinales); 1.800 frascos de alcohol gel; 14.000 apósitos absorbentes (para heridas de gran secreción); y 576 cajas de ciprofloxacino (antibacteriano preventivo). Todo corrió por cuenta de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). La reposición iba a depender de Interior.

El mismo decreto dio cuenta que la donación de privados iba a ser canalizada a través de la Onemi; mientras que el transporte y traslado sería a cargo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach). Todo pagado por el Ministerio del Interior.

En paralelo, la comunidad venezolana también organizó una jornada de recolección de ayuda el 19 de febrero, pocos días antes del gran evento.

“Era una manera de canalizar el ímpetu y la voluntad venezolana acá. Lo más fácil era buscar a dos o tres donantes grandes y enviarlo, pero era la misma comunidad la que nos pedía que hiciéramos algo”, relata Urdaneta. “Así que aprovechamos fuerzas y fechas, porque ese día, el de la entrada de ayuda humanitaria, marcaba simbólicamente lo que estaba pasando”.

Según el mismo Enairo, quien trabajó en la coordinación de la recolección, hubo 1.200 voluntarios durante todo el día en la Parroquia Latinoamericana, en Providencia, frente al Parque Bustamante.

El total de lo recolectado fue almacenado en las bodegas de la Cruz Roja, en calle Seminario, Ñuñoa. Allí se guardaron las más de 900 cajas con comida no perecible, insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene y más, que donaron los venezolanos en Chile. Nunca nadie más preguntó por eso.

Caótica Cúcuta

 Fiel a su estilo, en cuanto el Presidente Sebastián Piñera aterrizó en suelo colombiano el viernes 22 de febrero, comenzó a posicionarse como líder del proceso de ayuda humanitaria. O, al menos, eso buscó hacer.

“No estuve en la sala de crisis al momento en que comienza la coordinación”, recuerda Gaby Arellano, “pero me cuentan quienes estuvieron ahí que quien dirigía el timón era el Presidente Piñera, porque ha vivido tiempos de crisis que no han vivido ni el presidente de Paraguay, ni el presidente Guaidó, ni el presidente Duque. Le tocó sacar unos mineros de la ultratumba. Él tiene experiencia en momentos extremos. Además, él es mayor en comparación a los otros presidentes”.

Juan Guaidó no pudo recibir a Piñera en Colombia por la demora tras los problemas que tuvo al momento de salir de Venezuela. Habían 40 grados de temperatura en el ambiente, pero en el aeropuerto se sentían más.

“Vamos al avión donde se veía la bandera de Chile en cajas y cajas de ayuda que creo que es algo que nunca nos va a alcanzar la vida para agradecerle al país, a los gobiernos que han hecho todos estos procesos”, rememora Arellano. “Después se llevó toda la carga a las bodegas”.

El kit de alimentos que envió Chile, cuenta la diputada, “tiene arroz, atún, azúcar, café, chocolate, frijol, harina de trigo, harina de arepa, leche en polvo, lentejas, pasta y sal. Los kit de emergencia infantil contienen pañales desechables para niños, jabón de baño, shampoo y crema para las quemaduras de los bebés. Los insumos médicos tienen sillas de rueda, vendas, guantes y jeringas”.

Además de lo de Chile, también llegó en simultáneo la donación de Paraguay y la estadounidense, dirigida por Elliott Abrams, consejero de relaciones exteriores del país norteamericano.

El 23 de febrero se dispuso de cuatro camiones para cruzar la frontera, cada uno con 20 toneladas de ayuda humanitaria. Al momento de intentar entrar a Venezuela, el enfrentamiento entre los partidarios de Guaidó y los de Maduro terminó con la quema de dos de los cuatro camiones, y la carga de uno de estos. Los otros dos volvieron a Colombia, y la carga del segundo camión quemado fue sacada por una cadena humana. Hubo además cuatro muertos y 285 heridos. De acuerdo a las cifras de Arellano, de los heridos hubo 32 venezolanos que perdieron la vista con perdigones.

Toda la ayuda humanitaria fue devuelta a las bodegas del centro de acopio “Tienditas”, el moderno puente aduanero que une Colombia con Venezuela. Son siete bodegas con una capacidad de almacenaje de 500 containers en simultáneo.

“Es una aduana de carga pesada. Por eso se nos ha hecho tan fácil (la contención de la ayuda humanitaria). De las siete bodegas, solo tenemos dos bodegas con el 50% de ocupación”, explica Gaby Arellano, desde Bogotá.

Entre todo eso, aún faltan 900 cajas: las que están en Santiago.

[caption id="attachment_268942" align="alignnone" width="750"] Nicolás Maduro. Foto: Getty Images[/caption]

Los olvidados

El mensaje decía: “Patricio, urgente: necesitamos juntarnos contigo”. Fue en enero pasado. Lo escribió un representante de la comunidad venezolana en Chile al director de la Cruz Roja nacional, Patricio Acosta.

“Les dije: ‘listo, vamos a hacer una campaña nuevamente, pero no podemos darle seguridad a la gente que esto va a entrar’, pues no podemos engañar a la opinión pública diciéndole que vamos a mandar medicamentos y artículos de aseo y que después no entre. Yo quedo mal, la Cruz Roja queda mal, porque pueden pensar que dejamos las cosas guardadas o perdidas”, cuenta Acosta. “Las probabilidades eran 50/50”.

Esa semana, la del 23 de febrero, y después de la exitosa jornada de recolección de ayuda humanitaria, el director recibió un llamado del gobierno, aunque prefiere mantener el anonimato del origen. Le dijeron algo así como: “el Gobierno va a poner un stock de medicamentos sellados que va a salir de Cenabast con sus respectivas guías, facturas, timbres, resoluciones, para que no tenga ningún problema y no tengan excusas para no poder entrar, más lo de ustedes”.

La comunidad venezolana se había comprometido a conseguir el transporte aéreo con la Fach para que llegara todo el “23F”, o antes. Pero el transporte nunca llegó.

“No sé qué pasó, no tengo idea, pero desde La Moneda nos dijeron: ‘nosotros llevamos lo del gobierno’. No nos pidieron lo que teníamos acá. Nos quedamos con todo y lo guardé en nuestras bodegas. No me sentí ni dije nada, y lo entendí perfectamente: el gobierno quiere enviar la ayuda del Gobierno de Chile. Ahí hay un tema político”, concluye Acosta.

Hasta la publicación de este reportaje, la ayuda humanitaria seguía en las bodegas de la Cruz Roja. Al ser consultada la Onemi por la gestión de selección, transporte y distribución de sus donaciones, señalaron que era un tema que veía el Ministerio del Interior. Por su parte, desde Interior precisaron que se trataba de un tema que supervisa y coordina Cancillería. A su vez, desde Cancillería explicaron que es Presidencia y la comisión diáspora venezolana quienes llevan lo de ayuda humanitaria. Y desde Presidencia no hubo respuestas sobre el tema.

“Viene una segunda acción para el ingreso de ayuda humanitaria, no se tiene contemplada la fecha, por un tema de estrategia, pero se va a plantear un segundo frente de ingreso. Hay facciones del gobierno usurpador, gobernadores de la frontera, que están dispuestos a hacer la entrada”, adelanta José Gregorio Cumaré.

“Hay 2.219 kilómetros que compartimos de frontera con Colombia. Estamos pensando y trabajando cualquier estrategia en estos kilómetros que nos permitan ingresar ayuda”, precisa Gaby Arellano. “Nuestros familiares en los hospitales se mueren por no tener inyectadora, termómetro, insumos, lo básico. O, por no tener comida: el 70% de la población del país come una vez al día y come mal, porque no hay carbohidratos. Esto se agudizó en las últimas horas, con el apagón (energético), donde la comida que se tenía, se pudrió. Hay 36 muertes por falta de energía”.

Mientras eso ocurre, el polvo sigue cubriendo las cajas de ayuda en las bodegas de la Cruz Roja, y las 700 toneladas de ayuda humanitaria en Cúcuta siguen inmóviles.