Para nosotras, luchadoras socioambientales, el TPP-11 no es sobre libre comercio, es sobre libertad total para las corporaciones transnacionales que depredan nuestros territorios y empobrecen a las mujeres dejándolas sin agua, sin semillas y envenenando a sus familias. Sus verdaderos redactores son los más de 600 lobbyistas de las transnacionales mineras, farmaceúticas, biotecnológicas  y de internet.  Pretenden obtener así lo que no logran a través del Congreso ni en tribunales. El Estado se pone de espaldas a las demandas de ochocientas mil mujeres que a lo largo de Chile salieron este 8 de marzo a decir ¡basta! a la precarización de la vida. El Estado ignora que no es posible ya detener nuestras luchas.

Piñera dice que el TPP-11 es diferente al TPP con Estados Unidos. Eso es falso, porque sus treinta capítulos de más de 600 páginas están plenamente vigentes, y las veinte disposiciones “suspendidas” por la salida de Estados Unidos pueden ser repuestas en un trámite parlamentario de fácil despacho. El gobierno ya ha expresado su voluntad de que Estados Unidos vuelva a ser parte del tratado.

El TPP-11 es un candado a todo posible avance en dirección al buen vivir que buscamos mujeres y comunidades en lucha, defendiendo las economías locales del avance depredador. Las transnacionales que arman esos mega proyectos de inversión son el verdadero poder detrás de Piñera y los gobiernos firmantes. Bachelet lo firmó primero, y ahora la Cámara de Diputados  lo votará el 13 de marzo negándose a discutir sus impactos y operando como buzón de Piñera que le puso urgencia al trámite.

Cómo nos daña a las mujeres y los territorios

El tratado impactará  el acceso a las semillas y alimentos sanos, generando alzas en sus precios y escasez. El TPP-11 sigue exigiendo la ratificación del convenio UPOV 91 de privatización de la semilla del cual Chile aún no es parte. Eso implica reflotar la Ley Monsanto, requisito para implementar esa ratificación y  criminalizar el libre intercambio, reproducción y conservación de las semillas realizado ancestralmente por campesinas e indígenas, para aumentar las ganancias de Bayer Monsanto y otros. Así aumentará la migración rural, se expandirán  las plantaciones forestales y los cultivos transgénicos con su paquete tecnológico de agrotóxicos, afectando gravemente la salud de nuestras familias, y contaminando los alimentos,  agua, y ecosistemas.

Este tratado protege la inversión en minería, que tiene un alto impacto ambiental, y además el gobierno ha dicho en el congreso que el TPP aumentará  la producción industrial de carne para exportación. Sabemos que esa actividad deteriora en forma insoportable la calidad de vida y salud de las comunidades donde están las plantas faenadoras, como ya se vio en Freirina y actualmente en las regiones del Maule y Metropolitana (Melipilla) entre otras. Además aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero acelerando el cambio climático en forma inversa a los compromisos de Chile. Los impactos de la agroindustria y las semilleras de transgénicos serán más graves  por el reciente proyecto de expansión de la planta de Monsanto en Paine, restringiendo o contaminando aún más el agua disponible en esos territorios.

Sobre nosotras mujeres, recae el cuidado de los enfermos, especialmente cuando se trata de enfermedades catastróficas o raras. Entre las medidas provisoriamente suspendidas -pero que pueden ser repuestas en breve- están las que afectan a quienes padecen ese tipo de enfermedades. El gobierno chileno oculta al Congreso y al país que el tratado expande de cinco a ocho años la duración de las patentes de los medicamentos biológicos, usados para las enfermedades catastróficas. El impacto es muy grave dado que el 26% del presupuesto público en remedios se destina a la compra de estos medicamentos, por eso los enfermos de cáncer y personas viviendo con VIH tendrán más dificultades para contar con remedios, y la viabilidad de las farmacias populares estará en riesgo por el alza de precio de los medicamentos. Se permiten además “segundos usos” para revalidar patentes, lo cual hasta ahora no ocurría.

Asimismo el TPP extiende la duración del derecho de autor (propiedad intelectual) a 70 años, impidiendo que las utilicemos en beneficio de nuevas creaciones culturales a partir de esas obras. Y entre las disposiciones que pueden ser repuestas, está criminalizar la descarga libre  de información de internet  o el colgarse de señales satelitales.

Amenaza sobre soberanía

En la práctica el tratado se constituye en un “congelador” de nuevas leyes y derechos a incorporar en la constitución o en nuevas leyes, y un candado para las luchas sociales orientadas a generar cambios de fondo, que podrán ser considerados “obstáculos al comercio” por el TPP. Una nueva constitución que nos permita recuperar los derechos arrebatados en materia de previsión social, y el derecho humano y de la tierra al agua, tendría nuevas trabas al afectar las ganancias de los inversores en esos negocios.

Si nuestras comunidades logran detener un mega proyecto, o tras grandes movilizaciones como las del 8 de marzo, y por nuestra presión social, se dictan leyes que castiguen efectivamente el daño ambiental y la destrucción de  los territorios, la transnacional podrá demandar al Estado chileno por no cumplir sus “expectativas razonables de ganancia”. Serían demandas unilaterales porque el Estado no puede contrademandar y deberá defenderse en paneles internacionales que no respetan las normas del debido proceso y en los cuales las transnacionales tienen mayoría. Así le sucedió a Ecuador donde el fallo apoyó a Chevron liberándolo de pagar por daños en la Amazonía, y en Egipto, donde en 2012 la transnacional francesa Veolia logró con su demanda que el gobierno anulara el alza del salario mínimo durante la construcción de una represa. La soberanía nacional estará muerta y enterrada y de aprobarse el Acuerdo Transnacional TPP,  los verdaderos gobernantes serán las representantes de las transnacionales.

El gobierno tampoco hizo la consulta previa, libre e informada dispuesta en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas, ocultando que este tratado garantiza el nivel máximo de derechos a los inversores en mega proyectos energéticos, mineros y otros que obviamente se realizarán en territorios donde habitan hermanas Mapuche, Aymara y de otros pueblos.

Las garantías del TPP son para los de siempre: las transnacionales de las industrias extractivistas de la minería, energía y agroindustria que han agotado y mercantilizado los bienes comunes y son los responsables de la existencia de comunidades sin agua en territorios depredados. Por eso como Comité SocioAmbiental de la Coordinadora Feminista 8M, como mujeres que nunca más callaremos ni nos someteremos, decimos claramente NO AL TPP y seguiremos con todos y todas en la defensa del territorio. Comunicamos a Diputados y Senadores que su voto a favor será un delito contra las comunidades. Llamamos a todos los territorios a informarse y resistir.  Y comunicamos, como ya hicimos en el Manifiesto del 8 de Marzo que no tenemos miedo. El TPP no podrá detener nuestro despertar, y junto a todos los que luchan, haremos saltar todos los candados y también el del TPP.

*Francisca Fernandez, vocera de la huelga para el Comité SocioAmbiental de la Coordinadora Feminista 8M

*Lucía Sepúlveda, vocera Coordinadora por Justicia para Macarena Valdés y Plataforma Chile Mejor sin TLC