En septiembre de 2013, al cumplirse 40 años del Golpe, el presidente Sebastián Piñera anunció el cierre del penal Cordillera. Después de nueve años de funcionamiento y en medio de las críticas de la derecha más conservadora, cerraba sus puertas la cárcel que albergó a diez ex militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos al ex jefe operativo de la DINA Manuel Contreras. Todos fueron trasladados al penal Punta Peuco, la otra cárcel exclusiva.

A pesar de que este recinto penitenciario no se encuentra operativo, al día de hoy tiene dos investigaciones internas que siguen en “etapa indagatoria”. La primera de ellas se inició por la denuncia de un funcionario, en diciembre de 2008 y, la segunda, por un caso de ausencia laboral de enero de 2009. La “falta de actualización del sistema” fue la razón por la cual estos sumarios quedaron guardados en los cajones de Gendarmería y nunca se resolvieron mientras la cárcel se mantuvo activa.

Estos son dos de los 93 sumarios a nivel nacional que están pendientes desde hace una década en la institución penitenciaria, según la base de datos a la que accedió El Desconcierto por Ley de Transparencia. Todos quedaron sin concluir ya sea en la etapa de investigación, de reapertura o en su sanción final, convirtiéndose en los sumarios sin resolución de mayor antigüedad que maneja Gendarmería. De ellos, 40 se iniciaron en la Región Metropolitana.

Según el estatuto administrativo, la investigación de un caso es de 20 días hábiles, pero ampliable por otros 40. Las investigaciones prescriben al cumplirse cuatro años desde que se inicia su tramitación, exceptuando aquellos que podrían implicar delitos. Solo ahí su cierre es paralelo a las acciones penales que se siguen en el Ministerio Público, lo que puede extenderse hasta por diez años.

En marzo del año pasado, cuando Piñera asumió su segundo periodo presidencial, el entonces director de Gendarmería, Jaime Rojas, dio un paso al costado. Era militante del PPD. Después de unos meses de subrogancia del coronel Maurice Grimalt, asumió el puesto la ingeniera comercial Claudia Bendeck, convirtiéndose en la primera mujer a la cabeza de Gendarmería. Durante su paso de cinco meses por la institución, se conocieron las cifras de los sumarios pendientes que se arrastraban de las gestiones anteriores: cinco mil investigaciones sin resolver. A varios de ellos se les dio curso el 2014 y hoy están prescritos.

Del listado de 93 sumarios que llevan una década pendientes, 36 se cursaron por irregularidades administrativas y reglamentarias. Aunque no se entregan más detalles, esta categoría es amplia y podría abarcar desde la pérdida de información hasta denuncias por abusos sexuales al interior de Gendarmería. A eso, se suman 13 sumarios iniciados por accidentes del personal en función del servicio y, en tercer lugar, 12 por ausencias laborales. Del total, 43 se encuentran en su etapa indagatoria.

“Es una cifra excesiva para ser tan antiguos y se convierte en una dilación procesal innecesaria. Si los plazos legales están excedidos y tienen la prescripción encima, resulta inoficioso mantenerlos abiertos, además, demuestra que, al ser archivados, las responsabilidades quedaron en nada (…) Llama la atención lo delicado de las materias, porque las irregularidades administrativas deberían tener preferencia al estar involucrada la probidad.”, dijo la abogada Francisca Noll quien trabajó en la Unidad de Fiscalía de la institución.

Y a eso agregó que había casos de investigaciones por pérdida de armamentos en los que estaban implicados varios funcionarios, falta de documentación por compras, denuncias por acoso que se dilataron y que acabaron en la prescripción.

Cinco de los casos que se iniciaron entre 2008 y 2010 dan cuenta de irregularidades administrativas que involucraron a los altos cargos de Gendarmería, el círculo de la Dirección Nacional con sede en Santiago. Para esa fecha, el abogado Alejandro Jiménez oficiaba como la máxima autoridad y fue quien propuso crear la subdirección operativa que se inició en 2010.

Cuando Jiménez ya estaba fuera de su cargo, se conoció una polémica que tuvo con el siguiente director de Gendarmería y hoy jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Masferrer, por un sumario instruyó. La investigación interna buscaba aclarar los dineros que se entregaron para el mejoramiento de tres cárceles que no habían tenido ningún avance y se inició poco antes de que Masferrer asistiera a la comisión de la Cámara de Diputados que investigaba las responsabilidades del incendio en la cárcel de San Miguel. Jiménez cuestionó el momento escogido por el entonces director para esclarecer las supuestas irregularidades.

Contactado por El Desconcierto, el abogado dijo que la instrucción era agilizar el cierre de estas investigaciones, pero, aun así, los procesos variaban por la toma de declaraciones de los fiscales, las suspensiones, las reaperturas y otros casos que llegaban a la Contraloría. Después de diez años, comentó, posiblemente los funcionarios implicados estén hasta jubilados.

“Es necesario ver cuál es el movimiento que están teniendo los sumarios porque con esto uno podría concluir que se archivaron tratando de eludir responsabilidades. Un sumario busca establecer certeza sobre determinados hechos y, al demorarse tanto tiempo, dejan de ser oportunos. Cuando comienzan a pasar seis, siete años es porque no se quiere llegar al fondo del asunto”, afirmó.

Existen herramientas para apurar las investigaciones, dijo, que dependen de los fiscales, como advertir al director nacional que no está toda la información disponible porque un funcionario se niega a declarar. “Al final de cuentas, es cosa de querer ponerle ‘el cascabel al gato´, pero dentro de Gendarmería operan muchos poderes fácticos y las negociaciones casi se hacen con la metralleta encima”, comentó otra ex autoridad que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Los funcionarios de la institución consultados para este artículo coincidieron en que las asociaciones gremiales tienen mucha influencia en las decisiones que se toman en estos procesos investigativos.

Hace cinco meses atrás, el actual director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, estuvo en la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara. El coronel fue citado para explicar el retraso que tenía la investigación por la denuncia de acoso laboral y almacenamiento de pornografía infantil en la cárcel de Copiapó, hecha por la teniente Linda Cerpa, en 2014. Por los plazos, corría el riesgo de prescribir.

En una de sus intervenciones, Alveal le pidió disculpas por no atender las denuncias a tiempo y se comprometió a agilizar los trámites para que a más tardar se conocieran las conclusiones en diciembre del año pasado. A la salida cruzaron algunas palabras con la teniente. Hasta ahora, ese sumario sigue sin resolver.

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El Desconcierto se contactó con la encargada de prensa de Gendarmería para conocer con más detalles las razones de los plazos excedidos en estas investigaciones y si se repetía el caso de sumarios pendientes en otra cárcel cerrada al igual que en el penal Cordillera, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta