La Coordinadora de Derechos Humanos de La Araucanía cuestionó las razones de la ampliación del Estado de Excepción por 30 días, anunciado por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick. La medida abarca las regiones del Bío Bío, excepto en Concepción y Talcahuano; La Araucanía, excepto Temuco; y, en Los Ríos, las comunas de Panguipulli y La Mariquina. Según el secretario de Estado, la decisión responde a la proyección climática de los próximos días que, con mayor temperatura, baja humedad y vientos fuertes, podría reactivar nuevos focos de incendios forestales.

Los integrantes de la organización señalaron que, si bien en primera instancia la medida se tomó para evitar la propagación de incendios, a la fecha se encuentran controlados, según informó la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).

La abogada del Centro de Investigación y Defensa del Sur, Karina Riquelme, dijo que la decisión del ministro del Interior se alinea con las peticiones de los gremios forestales que se han manifestado a favor de mantener el resguardo militar en sus propiedades.

“Los gremios de forestales y latifundistas públicamente han expresado la necesidad de mantener a los militares en la región. La Sociedad de Fomento Agrícola y Ganadera de La Araucanía y la Asociación por la Reconciliación y la Paz en la Araucanía siempre han hecho un llamado a aumentar el resguardo a las forestales”, afirmó.

La abogada recordó que el viernes pasado hubo un operativo en la comunidad de Temucuicui que terminó con doce comuneros detenidos.

“Se les apuntó con armas y nuestra preocupación es que siga ocurriendo lo mismo porque están instalado los militares en las comunidades. Tenemos un exceso de personas armadas”, expresó.

Desde el Observatorio Ciudadano, el licenciado en ciencias jurídicas, Hernando Silva, dijo que, al revisar el capítulo de la Constitución referido a los estados de excepción, se da cuenta de que estos decretos no pueden ser cuestionados por los tribunales de justicia.

“Se sustrae la posibilidad de que los ciudadanos puedan controvertir la viabilidad de estos decretos a través de las vías institucionales”, explicó el investigador.

Con esta medida, detalló Silva, se entregan mayores facultades a las Fuerzas Armadas para establecer el control del orden público dentro de las zonas de catástrofe. “Los militares pasan a hacer las funciones de los policías y pueden hacer controles de identidad o vehiculares, lo que es una situación muy compleja porque se corre el riesgo de vulnerar los derechos de las personas como ocurrió en Temucuicui que fueron interceptados por los militares”, indicó.

La Coordinadora declaró que este un mecanismo que puede facilitar la criminalización que lleva adelante el Estado en contra de las comunidades mapuche que llevan procesos reivindicativos de derechos.

A esto se suma que durante la semana entró en vigencia el nuevo protocolo de Carabineros del que no participó en su redacción el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni tampoco contó con la mirada de las organizaciones de la sociedad civil.