Chile es un país en donde los derechos de las personas son bienes de consumo. Esto impacta en nuestras vidas con fuerza y en nuestra salud en particular. Ejemplo de esto es la venta de los derechos de uso de agua, el lucro en la educación, la expropiación de recursos naturales, sin considerar el impacto ambiental en las comunidades creando zonas de sacrificio como Quinteros y Coronel entre otros.

Las concesiones en Chile son un sistema en donde se entrega un bien público a privados para su uso y goce. En un principio ésta consideraba solo carreteras y/o cárceles, pero en el Gobierno de Ricardo Lagos, la Ley fue modificada con el fin de incorporar la construcción y operación de los Hospitales por la vía de concesiones.

Cabe señalar que en el mundo no existe evidencia alguna que señale que el sistema de concesiones aplicado a la construcción y operación de hospitales es mejor para las/os usuarias/os y para el Estado.

Los primeros establecimientos construidos bajo esta modalidad fueron los hospitales de la Florida y Maipú, que nacieron con la promesa de ser más rápidos en su construcción y con garantía de calidad en su funcionamiento. El resultado, a los pocos días de su inauguración presentaron problemas de inundaciones y de climatización, que persisten hasta el día de hoy. Otro ejemplo de ineficiencia es el caso del Hospital Salvador en donde el descubrimiento de osamentas retrasó la construcción.

Desde el punto de vista económico, en el caso de las obras concesionadas de los hospitales de La Florida y Maipú, se ejecutaron a través de una sola licitación que contempló 142 mil metros cuadrados y 766 camas, con un costo para la Concesionaria de 313 millones de dólares y que el Estado debe pagar en “cuotas” con un recargo del 27% del valor, es decir, US$ 426 millones, valorizando el metro cuadrado a US$3.005, esto sin contar los US$173 millones, que debe pagar el Estado, por concepto de la operación (ítem que no es considerado en ejecuciones públicas).

Para entenderlo aún más, podemos usar de ejemplo, la reposición del Hospital Exequiel González Cortés, realizada a través de licitación pública, que tuvo un costo de US$2.529 por metro cuadrado, una diferencia de US$476 por metro cuadrado construido, éste exceso en el gasto es sólo en la construcción. Si se suman los gastos operacionales, estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos que no necesariamente aseguran la eficiente construcción de la obra, como queda de manifiesto en el caso del Hospital Félix Bulnes.

En las últimas semanas ha estado en la palestra el retraso de la construcción del nuevo recinto del Hospital Félix Bulnes,  que se emplazará en la comuna de Cerro Navia. Hace poco tiempo se conoció la información respecto al término del contrato con la empresa constructora Astaldi por parte de la Sociedad Concesionaria Metropolitana Sur, entidad a cargo de las obras de dicho recinto hospitalario, debido a graves problemas financieros de la empresa italiana que impiden el cumplimiento del contrato.

Lo anterior, ha afectado significativamente los tiempos de ejecución de los trabajos, siendo  sin duda los usuarios de la salud pública que se atienden en este hospital los mayores perjudicados. Cabe recordar que el compromiso inicial era entregar la obra en septiembre del 2018 y hoy enfrenta esta nueva dificultad de ejecución.

Recientemente el Gobierno, a través del Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, confirmó que se están aplicando las multas correspondientes a la empresa concesionaria a cargo de las obras del Félix Bulnes,  anunciando que la construcción del recinto hospitalario quedaría lista a mediados de 2019. Este  plazo no coincide con lo estipulado por los trabajadores de la obra, quienes indican que es imposible, pues no se han reintegrado a sus labores desde hace cuatro meses por las deudas pendientes de Astaldi. La grave situación que afecta al hospital ha llevado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a conformar en marzo una Comisión Investigadora por las irregularidades que presentó la constructora.

Es importante recordar que el año 2017 se votó la admisibilidad en la Cámara de Diputados de la Ley Salvador, que saca a los hospitales de la Ley de Concesiones, pero esta duerme en el Parlamento, como tantos otros proyectos que beneficiarían a la población, pero no son prioridad de los gobiernos.

Como Federación de Profesionales Universitarios de Salud de la Región Metropolitana, seguimos insistiendo en señalar, categóricamente, que las Concesiones son un grave error que los Gobiernos de turno han implementado y que redundan en ineficiencias en la gestión, impedimento para una atención oportuna de los pacientes y un evidente gasto excesivo de recursos públicos en desmedro de otras necesidades más sentidas y relevantes para la salud pública. Negativa que también comparten organizaciones de usuarios.

Después de las experiencias de Maipú, La Florida, El Salvador y Félix Bulnes en donde se ha demostrado la ineficiencia del sistema de concesiones no se entiende, con una mirada de salud pública, que el Gobierno quiera mantener el modelo de concesiones entregando a privados la construcción de 17 nuevos Hospitales en el país.

Nuestra Federación siempre defenderá la salud pública de calidad como derecho para todas/os en donde el principio básico es el beneficio de las personas y no de un grupo pequeño de empresarios que cuidan solo sus intereses individuales.