Según las conclusiones de una comisión investigadora de la ONU publicadas este jueves sobre los crímenes de guerra en la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes cometieron graves abusos de violencia durante la ola de represión en la "Gran marcha del retorno" realizada el 30 de marzo de 2018 y en diciembre del mismo año.

Para esta investigación, la comisión realizó 325 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes, además de analizar cerca de 8.000 documentos. En su informe final, denunciaron que las autoridades de Israel no respondieron a sus reiteradas peticiones para recabar información ni con investigación en el terreno.

La investigación fue rechazada por Israel tras considerarlo "hostil, falso y parcial".

En estas acciones, 189 palestinos fueron asesinados, de los cuales 183 murieron a causa de heridas de munición de guerra. Dentro de esta cifra, 35 eran niños, 2 eran efectivos de emergencia y 2 eran periodistas.

Por otro lado, 6.106 manifestantes desarmados fueron heridos de bala y otros 3.098 recibieron el impacto de fragmentos de bala, pelotas de goma o gas lacrimógeno. Estas cifras fueron conseguidas por la comisión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La abogada bangladesí Sara Hossain, miembro de la comisión investigadora afirmó que “sostenemos que dispararon intencionalmente contra niños, dispararon intencionalmente contra personas discapacitadas, dispararon intencionalmente contra periodistas”. Además, la comisión insistió en que Israel debía tomar medidas para que los heridos tengan acceso a la debida atención médica y solicitó al gobierno autorizar una investigación "significativa" de los sucesos.

Del lado israelí, en el período analizado por los investigadores, resultaron heridos cuatro militares, mientras que un efectivo falleció en un día de protestas aunque en un lugar ajeno a donde estas estaban ocurriendo. El Gobierno israelí basa sus argumentos para justificar la represión en que entre los manifestantes pacíficos había personas implicadas en "actividades terroristas", una tesis puesta en duda por los investigadores.

La comisión reconoció la enorme violencia de las manifestaciones pero no la comparó en magnitud con campañas de combate, rechazando el reclamo israelí de que eran actividades terroristas.