A dos meses de elecciones: El primer ministro israelí será imputado por tres casos de corrupción
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, será imputado por la Fiscalía por tres casos de corrupción en los que habría cometido los delitos de fraude, cohecho y ruptura de la confianza en un caso de corrupción. Así lo anunció la Fiscalía este jueves en una polémica decisión del fiscal general, Avijai Mandelblit, que llega dos meses antes de la celebración de elecciones generales en el país, previstas para el próximo 9 de abril.
La imputación final no tendrá lugar hasta que se celebre una vista, en la que el acusado puede argumentar contra el análisis legal o las pruebas y presentar argumentos en su defensa, que podría retrasarse durante meses o incluso un año.
Netanyahu rechazó reiteradamente todas las acusaciones y alegó ser víctima de una caza de brujas encabezada por la izquierda, los medios y la Policía, ayudada por una Fiscalía "débil",
El mandatario israelí acumula más de dos años de investigaciones y sobre él también pesa la recomendación policial de imputarle casos como el denominado "caso 4000" o "caso Bezeq", en el que trata de esclarecer si Netanyahu hizo favores al gigante de telefonía Bezeq a cambio de cobertura favorable de él y su mujer Sara en el popular digital de noticias Walla, controlado por el mismo empresario, Shaul Elovitch.
Los cargos de fraude y ruptura de la confianza se derivan de los casos conocidos como 1000 y 2000. El primero estudia si Netanyahu y su familia recibieron caros regalos de los empresarios millonarios Arnon Milchan y James Packer a cambio de favores políticos, y por este el primer ministro será imputado por fraude y abuso de confianza israelí.
El 2000 investiga si el jefe del gobierno intentó llegar a un acuerdo con el dueño del diario Yediot Aharonot para lograr una cobertura positiva a cambio de restringir la circulación del diario rival, el gratuito Israel Hayom.
La proximidad con la convocatoria electoral provocó que tanto el propio Netanyahu como su partido, el Likud, recurrieran al Tribunal Supremo para pedirle que retrasase el anuncio al considerar que afectará "de forma injusta" las perspectivas de reelección.