Marlinda Alcayaga Zepeda (54), aún recuerda a los guardias tratando de sacarla en uno de los patios de la Universidad Católica, hasta donde había llegado decidida para dejar una carta contando los sucesos de La Caravana de la Muerte en La Serena, donde su padre fue asesinado.

“¡Pero cómo se le ocurre entrar así a rectoría!”, le increpó Ignacio Sánchez, en medio de los gritos de otras personas que la apoyaban. Finalmente se abrió paso, dejó el documento con su secretaria y se fue, a pesar de la ofuscación del rector.

Era el año 2015 cuando, tras una reunión en Santiago, se enteró que Juan Emilio Cheyre estaba trabajando como académico de la Facultad de Derecho y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (cargo que ostentaba desde el 2006). Unos días después -junto a otros familiares de ejecutados- fue a dejar la carta.

Marlinda es la cuarta de los siete hijos de Carlos Alcayaga, creció en medio de una infancia feliz en Vicuña en una casa con un padre obrero y una madre dueña de casa. Una familia unida y orgullosa de un papá cariñoso que mantenía el hogar a punta de trabajos de gasfitería, pintura y que “maestreaba” en lo que saliera. Además era dirigente y fundador del Sindicato de Construcción y militante del Movimiento Acción Popular Unitaria (MAPU).

Se lo llevaron detenido la mañana del 12 de septiembre de 1973.

Esa noche se les hizo eterna, al día siguiente su madre fue a la Comisaría, allí le dijeron que estaba preso en la cárcel de La Serena. Ella viajó para saber qué pasaba, no lo pudo ver, tenía que esperar el día de visita y se devolvió. El día domingo fueron todos juntos. Solo lo vieron en dos ocasiones más.

-El 16 de octubre, en el colegio una mujer se burló de mí y me contó que en el diario había salido la ejecución de los 15 presos políticos y que entre ellos parecía el nombre de mi padre, ‘mira lo que le pasó a tu papá por comunista’, me dijo-, recuerda hoy.

Ella rompió en llanto y cuando llegó a su casa, su hermano mayor fue a comprar el diario para corroborar todo. Así fue como todos confirmaron el asesinato de su padre. En otros recuerdos está no poder exhumar el cuerpo durante más de dos décadas, las marchas desde la Catedral al cementerio en La Serena, que siempre terminaban con la represión de carabineros. El dolor permanente de una familia destruida.

Cuando al fin se exhumaron sus restos, se supo que tenía ocho impactos de bala en la espalda, las costillas rotas, le faltaba una mano, tenía quebrada una pierna y otra bala en la cabeza. El resto de los cadáveres estaban en peores condiciones.

Veinte días después de entregar la carta, Marlinda recibió por escrito la respuesta del rector.

-Era fría, me pareció una burla-, comenta al otro lado de la línea.

“Respecto de las acusaciones que usted refiere en la mencionada carta, solo podemos decirle que, de acuerdo con la información que disponemos, el profesor Cheyre no participó en los hechos que usted relata. Por el contrario, si ese fuera el caso, creemos que usted debiera recurrir con las pruebas necesarias ante los Tribunales de Justicia…”, contestó Ignacio Sánchez.

En esa fecha, Cheyre ya se encontraba en calidad de ‘inculpado’ por el caso Caravana de la muerte y pronto a ser procesado. Además tenía varias acusaciones y los antecedentes eran de conocimiento público.

Para el abogado querellante, Cristian Cruz, la actitud que tuvo el rector de la Universidad Católica con las víctimas fue una respuesta de defensa, no quiso escucharlos en ningún momento y así se los hicieron saber a él. “Tiene una postura ideológica, pero el punto es que habla como rector de una institución. Hoy la guinda de torta es la defensa a un sentenciado por el crimen de un ex presidente de la república...Tienen un vínculo grotesco con la derecha pinochetista y con el ejército lo que es cuestionable, ya que con recursos públicos se han enriquecido las arcas de esa institución que dirige, que en la práctica es la red de apoyo de Cheyre como de otros tantos”, comentó.

Hoy es esa actitud de Sánchez la que volvió hacer noticia la semana pasada, cuando dio a conocer su apoyo a los académicos condenados en el caso Frei. “Confiamos en la completa inocencia de nuestros médicos y profesores", fue la frase que sepultó toda posibilidad de apoyo o un gesto mínimo a la familia del ex presidente Frei Montalva.

Según la RAE, la palabra “negacionismo” es una actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves que están generalmente aceptados. Por estos días “Negacionista” ha sido uno de los calificativos más usados en redes sociales para referirse a la postura actual del rector.

Ignacio Sánchez Díaz egresó de medicina de la Universidad Católica en 1986. Su madre era cercana al Partido Nacional y su padre a la Democracia Cristiana. Integra el Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Tiene especialización en Pediatría y cursó una beca de especialidad Broncopulmonar Infantil en Winnipeg, Canadá. Ha trabajado como Jefe de la Sección Respiratorio-Pediátrico y del Servicio de Pediatría. En la Escuela de Medicina de la PUC llegó a ser director. En 2008 fue elegido decano y en marzo de 2010, asumió como rector.

En los nueve años que ha dirigido la Universidad Católica, ha sido conocido por su postura anti abortista, su cuestionado manejo en las tomas del movimiento estudiantil del 2011, la férrea defensa de la objeción de conciencia y el gallito que tuvo con el movimiento feminista, donde debió negociar frente a las denuncias de acoso y violación que apuntaban a algunos alumnos de la casa de estudios.

En una entrevista con La Tercera en el 2013, dice que fue formando su propia visión política, bastante crítica del golpe, una época de la que se piensa casi una víctima. Cuenta que en 1982 fue presidente del Centro de Alumnos de Medicina, donde tuvo desacuerdos con la Feuc gremialista. “Cuando me eligieron, sabían que yo no era partidario del régimen militar, porque yo daba opiniones críticas”, comentó al diario en ese tiempo. Incluso agrega que dos años después, junto a compañeros de Medicina, pusieron una unidad de cuidados especiales en la Parroquia Lo Hermida para quienes resultaran heridos en las protestas durante la dictadura. “El 84 fue un año de mucha tensión política y atropello a los derechos humanos. De mucha embestida del gobierno militar contra la gente, eso me dolía mucho (…)”.

Sin embargo, sus detractores acusan todo lo contrario, dada la evidente cercanía del rector con el mundo militar. Además de la influencia que tuvo Cheyre tras su paso por esta universidad, la secretaria de la rectoría hasta el año 2016-un cargo de confianza- fue Marcela Ferreira Assad, hija del coronel Raúl Ferreira Sierralta, amigo personal de Cheyre, quien declaró en su favor en el caso Caravana de la Muerte el 23 de junio del 2015. Según su Linkedin, Ferreira sigue trabajando en la universidad, ahora como secretaria de la vicerrectoría económica.

La negación del magnicidio

El año 2000 Carmen Frei hizo una intervención en el senado, el ambiente era incómodo y tenso. Allí expresó por primera vez las dudas sobre la muerte de su padre. Citó al historiador Cristian Gazmuri y el libro “Eduardo Frei Montalva y su época”, desmintiendo varias aseveraciones que se hacían allí. Además, para la investigación, había colaborado Patricia Arancibia Clavel, hermana del fallecido ex agente de la Dina, Enrique Arancibia Clavel. Pero en el texto había un detalle importante, se nombraba la posibilidad de una autopsia al expresidente.

Ese día empezó su batalla y quizás, mientras hablaba, vinieron a memoria tantas imágenes: el doctor Max Muller Vega entrando a la habitación de la clínica Santa María junto a su hijo para hacer una máscara mortuoria que nadie había encargado, ella intentando ingresar, una puerta que se abre y la cierran de golpe desde adentro. Lo que siguió fue conocer la traición de personas que fueron íntimas a la familia, el oscuro manejo de los servicios secretos de Pinochet y la enmarañada operación de médicos, enfermeras, el químico Eugenio Berríos y el pacto de silencio de los militares. A eso sumó la falta de apoyo de la Democracia Cristiana. Pero una de los momentos que más costó dilucidar fue la actuación de los médicos de la Universidad Católica. No había datos precisos, algo tangible, solo dudas y la tenacidad de Carmen Frei.

Esta situación cambió el pasado 30 de enero con la sentencia dictada por el juez Alejandro Madrid, que condenó a dos profesores de la PUC, los tanatólogos Sergio González Bombardiere (65) y Helmar Rosenberg Gómez (84), por encubrir la muerte del ex presidente ocurrida en 1982. Ambos fueron sentenciados a tres años de presidio menor en su grado medio por practicar una autopsia no autorizada y luego ocultarla.

Un día después de que se conociera el fallo de primera instancia, se reunió la plana mayor de la Universidad Católica. En una sala del segundo piso de la Casa Central se constituyó el Honorable Consejo Superior integrado por el rector, los pro y vicerrectores, los decanos de las dieciocho facultades, cuatro profesores representativos de los académicos y la presidencia de la Federación de Estudiantes (FEUC).

Sánchez rayó la cancha una vez más. Ya lo había hecho en diciembre de 2009 como decano de la Facultad de Medicina, cuando enfrentó el procesamiento de ambos profesores. En esa ocasión optó por enviar un correo electrónico que llegó a las altas autoridades de la PUC, allí entregaba un respaldo férreo a ambos patólogos. Ahora, con la sentencia en mano y en un cargo superior, se le escuchó igual de convencido: “Vamos a esperar a que se determine la inocencia de González para que se reincorpore a sus actividades”, dijo, según recuerda un asistente del Consejo que hoy prefiere mantener su nombre en reserva.

Al conocer la sentencia, Sergio González se desempeñaba como docente titular de la Facultad de Medicina y médico de la Red de Salud UC Christus. Para este año tenía programado dictar tres ramos de su especialidad, sin embargo decidió solicitar un periodo sin goce de sueldo para dedicarse a su defensa jurídica, lo que fue aceptado por Sánchez junto al decano Felipe Heusser.

En una situación distinta se encontraba Helmar Rosenberg, jubilado pero reconocido por su trayectoria profesional y académica en la universidad. Fue jefe del Departamento de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina en la década de los 80 y, en 2015, al cumplirse 70 años de funcionamiento del laboratorio del área, fue condecorado por su labor académica. En la Sala Colorada del Centro de Extensión de la PUC recibió una medalla y posó en varias fotos junto a Sergio González y otros profesores.

Durante la investigación del juez Madrid se descubrió que ambos profesores tuvieron vínculos con el doctor de Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, quien fabricó sustancias químicas para mantener bajo control a los colonos en la región del Maule.

Rosenberg ayudó a Hopp a incorporarse a la Universidad Católica para que finalizara sus estudios y fue ahí donde compartieron sala de clases con el patólogo Sergio González. Mantuvieron una relación fluida en el laboratorio y, de acuerdo a lo que declaró ante Madrid, en ocasiones, incluso hablaban en alemán. Su relación se estrechó aún más después de la dictadura.

Días después de la reunión del Consejo, Ignacio Sánchez escogió como vitrina al diario El Mercurio para publicar una carta en la que expuso su visión de los hechos. En la edición del domingo 10 de febrero, declaró abiertamente su respaldo a los médicos condenados y aseguraba que la investigación del juez Madrid demostraba una “interpretación imprecisa y errónea” sobre el papel que desempeñaron en el caso. Y agregó que una “relación cronológica de las acciones” podría clarificarlo.

Álvaro Varela, el primer abogado que tuvo la familia en esta causa, comenta que esa columna que Sánchez escribió va en la misma línea de argumentativa que mantuvieron los médicos involucrados en el proceso de juez Madrid, argumentos que se desecharon y que finalmente condujeron a las condenas. Zonas grises que se repiten. ¿Quién les pidió esa intervención? ¿Quién los recibió en la Católica? Respuestas con omisiones y verdades incompletas.

Varela agrega que esa actitud del rector Sánchez contrasta con la columna escrita por él también en el mismo diario en agosto pasado, respecto a las denuncias contra los sacerdotes. “Se llamaba “Dolor, Vergüenza y Perdón”, donde en nombre de la Universidad llamaba a entregar  “información y antecedentes a nuestros tribunales de justicia”, además hizo una invitación a todas las universidades católicas del país a asumir la misma postura. Es una actitud diametralmente opuesta a la observada en esta situación. Tengo la esperanza y confío en que la Universidad Católica y el señor rector, reflexionen profundamente respecto de lo ocurrido en este caso", comentó.

Desde que se conoció la sentencia, Ignacio Sánchez no ha tomado comunicación directa con la familia Frei. No hubo un correo electrónico ni una llamada.

-No realizó ningún acercamiento, lo que muestra una defensa corporativa, ciega, y una falta de consideración no con la familia, sino con el primer ex presidente que salió de esa misma casa de estudios-, explicó Eugenio Ortega, nieto de Frei Montalva, al otro lado de la línea.

Los homenajes en la UC

Que en la Universidad Católica exista un núcleo duro de partidarios de la dictadura militar, es un hecho conocido. Sobre todo, en las Facultades de Economía y Derecho. Esta última es la cuna del gremialismo fundado por el abogado e ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán. Fue en esa Facultad, donde en octubre de 2017, se inauguró una sala en homenaje a Sergio Díez Urzúa, quien trabajó con Jaime Guzmán en la Comisión Ortúzar, instancia que estableció la Junta Militar para elaborar la Constitución. Luego, entre 1977 y 1982, fue embajador de Chile ante las Naciones Unidas y también delegado ante la Asamblea de la OEA.

Un cuadro con marco dorado muestra al ex presidente de Renovación Nacional de medio busto con una chaqueta azul y corbata a rayas al interior del salón. Sánchez estuvo rodeado de familiares del ex senador y académicos y posó sonriente en varias fotos junto al decano Carlos Frontanura y el padre Tomás Scher. También dijo unas palabras en su honor.

Este homenaje sacó ronchas entre los estudiantes de la Federación, y decidieron no asistir al evento principalmente por el discurso que Sergio Díez realizó ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975, donde aseguraba que ´la situación de los detenidos desaparecidos y de otros casos de violaciones a los derechos humanos no es tal, pues las personas que se reclaman como desaparecidas están muertas o sin existencia legal´”. Otra vez estaba presente el negacionismo.

Hace unos años, la nieta del ex presidente, María Paz Ortega, declaró que si no hubiese sido por la persona que en secreto entregó información sobre antecedentes en la casa de estudios -y el posterior allanamiento que hizo la PDI, en 2003- nunca nadie habría sacado a la luz el informe de autopsia y la totalidad de diapositivas macroscópicas con muestras de los órganos del ex presidente. En esa fecha Sergio González era el jefe del departamento de Anatomía y supervisaba directamente el manejo de información. Hoy, la falta de un sumario interno que aclare los vínculos entre la muerte de Frei y la casa de estudios hacen tambalear la postura del rector.

Tras una intensa gestión de la directiva de la FEUC, en septiembre del año pasado se inauguró la sala Eduardo Frei Montalva en la Casa Central de la Universidad Católica. En primera fila estuvo una emocionada Carmen Frei junto a otros familiares y algunos militantes de la Democracia Cristiana. A la ceremonia también asistió el sacerdote Mariano Puga.

El Centro de Alumnos de Derecho comentó su desagrado por el nulo apoyo de Sánchez para esta actividad. Finalmente, después de tener la aprobación de la rectoría, se hizo el homenaje donde se instaló una placa lustrosa con el nombre del ex mandatario.

Días antes se habían mandado las invitaciones al evento. Ignacio Sánchez no estuvo presente.

*El rector de la Universidad Católica fue contactado por El Desconcierto para obtener su versión, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.